Inconformidad social, rueda el balón
Luis Hernández Navarro
El termómetro de la inconformidad social en el país marca temperaturas cada vez más elevadas. La lista de conflictos populares es enorme. No hay estado en el que no exista alguna expresión de malestar. En calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, decenas de trabajadoras sexuales marcharon en el corazón de la urbe. Corearon consignas acuñadas por los trabajadores de la educación como “Si no hay solución, no rodará el balón” y otras que decían “Queremos vivienda, el Mundial nos vale mierda”.
Exigieron reparación por las afectaciones a sus ingresos provocadas por las obras relacionadas con el museo mundialista. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional toman instalaciones y calles, al tiempo que batean al secretario de Educación, Mario Delgado, que ha manejado el conflicto, para variar y no perder la costumbre, con impericia y desconocimiento. Están agobiados por la corrupción y el austericidio, que han llevado a un desmantelamiento, desgaste y deterioro de la infraestructura institucional sin precedentes, sobrecargas de los servicios educativos, presión laboral docente incesante y a las escandalosas corruptelas de la Fundación Politécnica y del Patronato Corazón Guinda y Blanco.
En Topolobampo y Los Mochis, Sinaloa, miles de ciudadanos, en su mayoría mayosyoremes, marcharon en rechazo a la instalación de la planta de amoniaco de la Bahía de Ohuira, de capital suizo y alemán. Su construcción –como lo ha documentado Julio Hernández López en las páginas de este diario– en terrenos públicos ha contado con el apoyo, a pesar de los innegables daños ambientales que provocará, de la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, que litiga contra las comunidades.
En Huehuetlán, San Luis Potosí, multitud de comunidades, ejidos y ciudadanos, protestaron al grito de “¡La Huasteca no está en venta!”, “¡el agua no se negocia!” y “¡el territorio se defiende!”, y efectuaron el quinto Foro Regional en Contra del Fracking. Convencidos de que no hay hidrofracturación amigable con el medio ambiente, denunciaron los riesgos que representa la fractura hidráulica –para extracción de gas natural – para los ríos, manantiales, cuevas, tierras agrícolas y ecosistemas de su región.
El avance del narcoparamilitarismo en Chilapa, Guerrero, y la costa michoacana, especialmente en Ostula, no cesa. Los Ardillos en un caso, y el CJNG en el otro, atacan a las comunidades en resistencia con armas de alto poder y drones, con el contubernio de autoridades gubernamentales y fuerzas del orden.
Los pueblos y sus guardias comunitarias resisten como pueden, mientras que, sin prueba alguna, funcionarios públicos los presentan falsamente como aliados de facciones del crimen organizado. Los agricultores en el norte y centro del país suben intermitentemente sus tractores y maquinaria agrícola a carreteras, bloquean el tránsito y dejan el paso libre en las casetas de pago, demandando precios justos para los básicos, dejar fuera a cereales del T-MEC y políticas agrícolas de fomento.
Están aliados a los transportistas, que son simultáneamente víctimas de la extorsión policial por conducir sus tráileres con licencias electrónicas, y por la delincuencia, que les exige derecho de piso y les roba su mercancía. La crisis de los desaparecidos es un gran pendiente en nuestro país.
Una camada de familiares-activistas, dotada de compromiso, amor y empatía a los suyos, ha logrado visibilizar este gravísimo problema, minimizado desde el Estado, expandirlo a nivel nacional e incidir coyunturalmente en la forma de abordarlo. Los últimos meses hemos visto cómo estos colectivos han incrementado su protagonismo e invisibilidad, precipitando grandes debates públicos. Un lugar muy especial en esta lucha lo ocupan los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los muchachos que estudian en esa normal rural.
Maestros democráticos que exigen la derogación de la ley del Issste de 2007 y la abrogación de la reforma educativa Peña Nieto-AMLO, que condena al gremio a un régimen de excepción laboral dentro del artículo 3, en lugar del apartado B del 123 constitucional, han efectuado durante las últimas dos semanas protestas en 28 estados del país, instalado un plantón en la Ciudad de México y movilizaciones. Las respuestas que han recibido del gobierno son claramente insatisfactorias. Y las acusaciones de que sus jornadas de lucha coinciden con la ultraderecha (cuando siempre han estado en primera línea de lucha contra el neoliberalismo, el imperialismo y el conservadurismo) no hacen sino prender aún más su justa rabia.
Literalmente, en todo el país, hay una lucha permanente de comunidades indígenas, movimientos urbano-populares y ciudadanos en defensa del agua. “Aguas ¡sí!, megaproyectos ¡no!” es una de las consignas más extendidas entre los defensores del líquido vital. Lo mismo exigen el abasto del oro azul, que se oponen a su privatización y contaminación.
El boicot gráfico al Mundial ha efectuado más de 14 intervenciones bajo el puente del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, desde noviembre del 2025 hasta cuatro días antes de la inauguración del Mundial. En el marco de estas acciones, nació la Asamblea del Común, que convocó a la reta-protestaconferencia anti-FIFA el pasado 7 de junio. La movilización expresa las denuncias de vecinas de Santa Úrsula y colonias vecinas contra la construcción de megaproyectos inmobiliarios.
Ninguno de estos movimientos (ni de los muchos más que no se pueden mencionar por falta de espacio) le hacen el juego al imperialismo estadunidense o a las fuerzas de la reacción. Tampoco son correas de transmisión de los partidos de oposición para golpear al gobierno.
Por supuesto que buscan aprovechar la vitrina del Mundial para buscar que sus demandas se solucionen. Las protestas que enarbolan son legítimas. Responden a necesidades sentidas. Y ellos, simple y sencillamente, reivindican un principio básico: “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. Pretender criminalizarlos, en lugar de solucionar sus demandas, es un camino equivocado.
