La pax mafiosa como política de Estado: el desastroso costo del Modelo Coahuila
Colectivos de Búsqueda y familias de desaparecidos del estado de Coahuila excavando, tratando de hallar restos humanos
Alvaro Aragón Ayala
Cada vez que la retórica política evoca el “Modelo Coahuila” como ejemplo de seguridad y gobernabilidad, se omite el costo de su implantación. La narrativa del gobierno del PRI proyecta un estado de paz y continuidad institucional; sin embargo, los registros documentales demuestran que la entidad fue territorio de expansión del cártel de Los Zetas, escenario de desapariciones masivas e infiltración del narcotrafico en las corporaciones de seguridad. La viabilidad del modelo no radica en la erradicación del crimen organizado, sino en un mecanismo de contención y coexistencia donde el Estado preserva el dominio político a cambio de regular los niveles de confrontación abierta de los grupos delictivos.
Esta lógica de administración-control del conflicto y regulación informal territorial -dividir y ceder las plazas al narco- posee antecedentes directos en el régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Bajo este esquema, la estabilidad del sistema requería -y se sigue usando en Coahuila- encapsular las crisis en lugar de desmantelar sus causas. Así, la dinámica estatal se revela como un reciclaje de los métodos tradicionales priistas de gobernabilidad, guardando paralelismos estrictos con la historia política de Sinaloa.
Durante las administraciones sinaloenses de Juan Millán, Jesús Aguilar, Mario López y Quirino Ordaz, la estabilidad institucional coexistió con la mayor expansión global de las organizaciones criminales de la región hacia mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Este fenómeno demuestra que la reducción de la violencia visible y la ausencia de crisis políticas no equivalen al fortalecimiento del Estado de derecho, sino a una sofisticación de las estructuras de lavado de dinero y tráfico internacional bajo el amparo del gobierno estatal en turno.
A la par del maridaje con el crimen, el modelo se sostiene sobre una limitada calidad democrática. Coahuila permanece como un bastión de excepcional continuidad del PRI en el gobierno, donde el control estatal se preserva mediante redes corporativas, estructuras territoriales y maquinarias de movilización electoral herederas del viejo sistema político. Los resultados electorales recientes confirman la vigencia de este aparato fraudulento, diseñado para la supervivencia institucional y la resistencia a la alternancia.
La viabilidad financiera de este entramado exige la domesticación del aparato Fiscal y judicial del Estado. La contratación de deuda pública extraordinaria y la opacidad en la fiscalización de los recursos públicos operan como los mecanismos económicos que garantizan el financiamiento de la estructura política y la contención de los sectores críticos. Al blindar judicialmente a los operadores claves del recurso público mediante “fiscalías autónomas” de origen faccioso, se neutraliza la rendición de cuentas, transformando la deuda soberana en el costo financiero indispensable para subsidiar la pax mafiosa.
El denominado “Modelo Coahuila” opera, en consecuencia, como un esquema de estabilidad administrada basado en el control vertical y la contención del conflicto. La naturaleza del sistema prioriza la preservación del equilibrio político formal mediante la regulación, y no la destrucción, de las estructuras del narcotráfico. El precio real de este paradigma no se mide en la reducción estadística de homicidios, sino en la abdicación definitiva de la soberanía legal frente al control delictivo institucionalizado.
