La consulta y la trampa de López Obrador
Álvaro Aragón Ayala
Dentro de las estrategias de Andrés Manuel López Obrador rumbo al ejercicio de la revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022 y la elección presidencial del 2024, la Consulta Popular para enjuiciar a “actores políticos del pasado”, resultó todo un éxito porque generó coyunturas para “invalidar” por anticipado la consulta que viene, armar un juicio político contra funcionarios del INE, promover una Comisión de la Verdad y para incentivar una profunda reforma electoral en el país.
Quienes conocen a López Obrador consideran que “tendió una trampa” al Instituto Nacional Electoral y a los operadores de los expresidentes neoliberales al dejarlos operar a sus anchas la Consulta Popular a sabiendas de que la votación que arrojaría sería “mínima”, pero serviría de acicate para exhibir de traidores y antidemocráticos a funcionarios del Instituto y para armar su nueva ruta de navegación con la radiografía completa de los grupos de la derecha y la ultra derecha que en amasiato con el PRI, PAN y PRD pujaron contra la consulta con efectos de bumerang contra sus planes conspirativos.
El plan estratégico de López Obrador es llegar a marzo a la Consulta de Revocación de Mandato con un nuevo INE o un INE desacreditado y con una iniciativa de reforma electoral en el horno de la Cámara de Diputados, en cuyo contenido acote los espacios de participación de la oposición. Al final de la jornada, los resultados de la próxima consulta no tendrían porqué ser distintos a la realizada el pasado domingo.
No hay reversa. Si por ley y por interés particular o grupal sólo el Instituto Nacional Electoral podía promover la consulta lo hizo de manera “restringida” abriendo la coyuntura para que el PRI, PAN y PRD y las facciones pro-empresariales de la derecha y la ultra derecha la desacreditaran, entonces la carga de la revisión o de la prueba de la ausencia de difusión de la consulta del pasado 1 de agosto acredita la responsabilidad política del INE.
Quienes hacen un comparativo entre las elecciones del 6 de junio y la Consulta Popular para basar el supuesto fracaso de la Consulta Popular en el número de ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo pasado, no toman en consideración el “mar de diferencias” que existe en entre una elección constitucional en donde están en juego cargos públicos y las consultas populares que tienen como propósito recoger la opinión de la sociedad sobre asuntos de interés nacional.
El analista José Luis López Duarte precisó que las elecciones del 6 de junio “tuvieron una duración de tres meses (uno de precampaña y dos más de campaña); es decir 90 días, y entre todos movilizaron a un millón de activistas y promotores, el INE movilizó a otro millón de ciudadanos y entre todos emitieron 3 millones de mensajes electrónicos en radio y televisión, y una cifra muy superior en redes sociales.
Entre el INE, que gastó más de 9 mil millones de pesos, y los partidos políticos, que gastaron más de diez mil millones, sumaron 20 mil millones de pesos, con un resultado de 47 millones de votos.
Mientras que en la consulta ciudadana del pasado domingo el INE gastó (únicamente) 500 millones, instaló sólo el 30 por ciento de las casillas de la elección de junio (50 mil, contra las 165 mil de la elección de junio), tuvo una campaña de promoción de 15 días (del 15 de julio al 31 de julio), el INE reclutó a 250 mil ciudadanos, para presidir las casillas y el resultado fue de 6.6 millones de votos.
Comparando ambos procesos podemos encontrar las siguientes diferencias. Primero, que la elección de junio tuvo seis veces más días de promoción que la consulta (90 días contra 15 días). Segundo, hubo un gasto de 20 mil millones de pesos en las elecciones, mientras que en la consulta se gastaron 500 millones (40 veces más en la elección). Tercero, la elección tuvo una promoción infinitamente superior a la consulta, con más de un millón de activistas en las calles, y a la consulta fueron contados ciudadanos. Cuarto, la publicidad escandalosa de la elección contra prácticamente cero de la consulta. Quinto, hubo más de tres mil cargos públicos en disputa en la elección, en la consulta ninguno. Sexto, en la elección participaron múltiples órganos empresariales, religiosos y sociales de todo tipo, mientras que en la consulta no participó ninguno. Y, por último, cada voto de junio costó un promedio de 425 pesos, mientras en la consulta costó 75 pesos”.
Los “otros datos” de la Consulta Popular y sus resultados, el sabotaje del INE y la activa participación de los grupos de la derecha y la ultraderecha ligados al PRI-PAN-PRD eran del conocimiento de Andrés Manuel López Obrados, antes, mucho antes de que se celebrara la consulta de marras, por eso el presidente salió el lunes a considerar un éxito sin precedentes por el número de votantes que acudieron a las urnas con una lectura clave de la radiografía electoral rumbo al 2022 y el 2024. En las condiciones adversas en que se desarrolló el ejercicio democrático fue una verdadera proeza haber alcanzado una votación superior a los 7 millones de votos, de los cuales el 97 por ciento fueron por el SI.
La Consulta Popular sirvió a los estrategas de Palacio Nacional –a presidente López Obrador- y a los dirigentes de Morena para percibir y sopesar la operación de una “mafia enquistada” -el analista Carlos Ramírez le llama “establishment político-institucional”- que no ha podido ser desmontada y que está “vinculada a la sobrevivencia y extensión en tiempo político del actual régimen de gobierno inventado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para impedir instituciones político-electorales ajenas a esa corriente de funcionamiento sistémico priista que ha impedido la construcción de una verdadera república de leyes e instituciones”. El INE es el principal brazo operativo de esa “mafia” con ligas muy fuertes con los grupos que sobreviven en las catacumbas del PRI y el PAN.
Así, Andrés Manuel López Obrador tuvo “razones de carácter estratégico” para seguir adelante, avanzando, con una Consulta Popular que desde el principio perdió esencia y carecía de operación, consulta cuyos resultados se entiende ahora como fundamentales para acreditar la responsabilidad al INE y sus aliados, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cambió el sentido de la pregunta original del ejercicio ciudadano por una “vacía”, sin sentido.
Al final, pese a los regañadientes del INE que generó una última confusión con la confusa instalación-ubicación de las casillas, la consulta pudo montarse sobre el escenario “popular” de juicio a cinco expresidentes de la república por decisiones políticas, con una población no participativa en las urnas que le exige al presidente enjuiciar a estos personajes porque, argumentan que “la ley no se consulta, se aplica”, otorgándole el fíat ciudadano al Presidente para que actúe contra los corruptos del pasado y del presente.
El presidente Obrador ganó: los operadores de Salinas de Gortari y de los otros cuatro expresidentes corruptos fueron obligados a salir de sus guaridas…
