SINALOA, LUGAR DE CALAVERAS: EL INVENTARIO DEL HORROR DE LOS DESAPARECIDOS

Álvaro Aragón Ayala

En Sinaloa, la desaparición de personas es un sistema criminal de borrado humano amparado por el Estado que raya en la necropolítica de la indolencia, donde el expediente en blanco es una decisión burocrática y el olvido, un arma de control social. En el sentido más literal y desgarrador de la palabra, es un lugar de calaveras. Y cuando la Fiscalía General de Justicia archiva el dolor, ejecuta, pues, una segunda desaparición: la de la dignidad jurídica de las víctimas. Filosóficamente, Emmanuel Levinas sostenía que el rostro del otro nos impone un mandato ético irrenunciable de responsabilidad. La burocracia sinaloense logró deshumanizarlo, convertir la mirada desesperada de una madre en un folio y el cuerpo ausente en un frío indicador estadístico que estorba en los informes de gobierno. La no investigación destruye y atrapa a las familias en la tortura de la incertidumbre perpetua, infligida por un Estado que mira hacia otro lado mientras los colectivos de búsqueda escarban la tierra con las uñas, desenterrando los fragmentos de un territorio convertido en fosa común.

La metamorfosis de este lugar de calaveras comenzó a gestarse desde la opacidad de los años noventa. Durante las administraciones de Renato Vega Alvarado (1993–1998) y Juan S. Millán Lizárraga (1999–2004), imperó un subregistro absoluto. Con apenas 14 y 38 casos vigentes en los registros actuales, las desapariciones forzadas por motivos políticos o cacicazgos locales eran sistemáticamente ignoradas o diluidas bajo la etiqueta de simples “levantones”, normalizando desde entonces el lenguaje de la impunidad. El quiebre definitivo llegó con el sexenio de Jesús Aguilar Padilla (2005–2010), periodo en el que estalló la llamada Guerra contra el Narcotráfico y las rupturas de los bloques delictivos, dejando un saldo acumulado de 412 personas que aún permanecen ausentes, aunque Aguilar alegaba que le “esfumaron” nada más 179. Ante la escalada violenta, la autoridad ministerial optó por la parálisis y la criminalización de las víctimas bajo el dogma oficial de que “en algo andaban”, comenzando a llenar de cruces anónimas la geografía del estado.

La magnitud de la tragedia se profundizó durante el gobierno de Mario López Valdez (2011–2016), una etapa donde la delincuencia de alto impacto rebasó al Estado, acumulando 2 mil 342 personas desaparecidas, lo que impulsó la formación de más colectivos civiles de búsqueda ante el terror o la complicidad de una Procuraduría inservible. Esta inercia catastrófica se agudizó en el quinquenio de Quirino Ordaz Coppel (2017–2021), cuando la desaparición superó oficialmente al homicidio como la principal manifestación del horror en la entidad, acumulando 3 mil 14 reportes activos y exhibiendo el fracaso de fiscalías especializadas creadas solo de membrete, carentes de presupuesto y de personal forense calificado. Finalmente, el colapso histórico se consolidó bajo la gestión de Rubén Rocha Moya (2021–actualidad), registrando una cifra sin precedentes de 5 mil 584 personas desaparecidas. La guerra interna del crimen organizado desatada a finales de 2024 provocó un colapso absoluto en 2025, con un récord histórico de 2 mil 208 casos en un solo año, convirtiendo a este gobierno en el periodo con mayor número de desapariciones registradas en la historia reciente de Sinaloa y consolidando al estado como el mapa de la ausencia.

Este inventario del horror se sustenta en los datos históricos y actualizados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda; en las estadísticas delictivas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa respecto de desapariciones cometidas por particulares y desapariciones forzadas; así como en los diagnósticos ciudadanos e independientes sobre impunidad emitidos por la Red Lupa y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP). Es natural que, en funciones, cada gobernador intentara imponer la narrativa de tener menos desaparecidos que el anterior. El colmo llegó durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, una etapa en la que el tema de las desapariciones perdió presencia en la agenda pública y mediática, pese a que las cifras continuaban creciendo silenciosamente.

Para entender la dimensión precisa, exacta, del daño que provoca la omisión institucional frente a las desapariciones, es necesario acudir a los filósofos que han reflexionado sobre la memoria, la responsabilidad ética, el sufrimiento y la condición humana. La falta de investigación, entonces, no sólo constituye un problema de eficacia gubernamental; afecta los fundamentos mismos de la dignidad humana y de la convivencia social:

Emmanuel Levinas explicó que rostro del otro impone una obligación ética irrenunciable. El desaparecido es precisamente el rostro ausente que sigue interpelando a la sociedad y al Estado. Cuando la autoridad se niega a investigar, no solo incumple una obligación jurídica: también rompe el vínculo ético fundamental que sostiene la convivencia humana. La desaparición se convierte entonces en una negación de la responsabilidad hacia el otro y la omisión institucional en una segunda forma de violencia.

Friedrich Nietzsche reflexionó sobre la tensión entre memoria y olvido como fuerzas que modelan la vida humana. Sin embargo, cuando el olvido es impuesto por las instituciones y no surge de la voluntad individual, deja de ser una facultad vital para convertirse en una forma de violencia que prolonga el sufrimiento de quienes permanecen buscando a sus seres queridos. Para las madres buscadoras de Sinaloa, el silencio oficial no representa una simple falla administrativa, sino la prolongación cotidiana de la tragedia.

Paul Ricoeur advirtió que la destrucción de las huellas de la memoria favorece la impunidad y dificulta la construcción de la verdad. Bajo esta óptica, cada expediente abandonado, cada prueba perdida y cada cuerpo sin identificar representan una fractura deliberada entre la sociedad y su derecho a conocer lo ocurrido. La ausencia de investigación no solo impide castigar a los responsables; también destruye la posibilidad de reconstruir la verdad histórica de los hechos.

Theodor Adorno sostuvo que el sufrimiento humano tiene una exigencia moral: ser reconocido y expresado. Cuando una institución burocratiza el dolor y convierte a las víctimas en simples estadísticas, niega precisamente aquello que hace posible la verdad y la justicia. La reducción de miles de desaparecidos a números contenidos en informes oficiales constituye una forma de deshumanización que perpetúa la impunidad.

Hannah Arendt analizó cómo los aparatos burocráticos pueden normalizar conductas moralmente atroces cuando los individuos dejan de reflexionar sobre las consecuencias humanas de sus actos. La desaparición de personas y la indiferencia institucional frente a ella constituyen una expresión extrema de esa banalización del mal. En ese contexto, un ser humano con historia, familia y proyectos termina reducido a un expediente olvidado en un archivo, mientras la maquinaria administrativa continúa funcionando como si nada hubiera ocurrido.

¿EN QUÉ RESPONSABILIDADES INCURRE EL ESTADO CUANDO NO INVESTIGA?

La inacción de las autoridades encargadas de investigar desapariciones puede generar responsabilidades administrativas, civiles, constitucionales e incluso penales para los servidores públicos responsables. La omisión de actuar de manera pronta, expedita, científica y diligente frente a una denuncia de desaparición puede configurar conductas relacionadas con el incumplimiento de un deber legal, el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el retardo de la justicia o diversas infracciones previstas en la legislación mexicana y en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.

Asimismo, la parálisis institucional puede traducirse en formas de aquiescencia frente a la desaparición de personas. Cuando el Estado retrasa las primeras horas críticas de búsqueda, desaprovecha información estratégica o permite la pérdida de evidencia, contribuye objetivamente a la consolidación de la impunidad. A ello se suma el deterioro de los sistemas periciales y forenses, donde la saturación, la falta de recursos y los errores de identificación terminan prolongando el sufrimiento de las familias y obstaculizando el acceso a la verdad.

Todo ello contraviene el mandato contenido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atribuye al Ministerio Público la responsabilidad exclusiva de investigar los delitos. La omisión de esa obligación no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Este abandono sistemático trasciende las fronteras nacionales y constituye una grave violación a los derechos humanos. La falta de investigación efectiva vulnera los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en precedentes como el Caso Radilla Pacheco, la ausencia de una investigación seria, diligente y efectiva ante violaciones graves a los derechos humanos genera responsabilidad internacional para el Estado y perpetúa el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

La actuación de la Fiscalía de Sinaloa refleja una lógica institucional que, en los hechos, parece más orientada a administrar el impacto político y social de las desapariciones que a esclarecerlas. La presión pública suele canalizarse hacia reuniones, mesas de trabajo y compromisos que con frecuencia no se traducen en resultados verificables. Cada expediente abandonado, cada línea de investigación agotada sin resultados y cada cuerpo sin identificar representan una derrota para la justicia.

Los gobernantes pasan y abandonan el poder; sin embargo, el registro de su actuación permanece inscrito en los expedientes inconclusos y en la memoria de las familias que continúan buscando. La historia judicial de Sinaloa no se escribirá únicamente con obras públicas, estadísticas de gobierno o discursos oficiales. También se escribirá con los nombres de los miles de ausentes que permanecen sin respuesta y con la exigencia permanente de verdad y justicia que sigue recorriendo los caminos, los campos y las fosas de este eterno lugar de calaveras.