FGR: Cinco funcionarios sinaloenses ya comparecieron; ninguno tiene “ficha roja” de Interpol
Alvaro Aragón Ayala
La investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa comienza a revelar su verdadera naturaleza: se trata, por ahora, de una indagatoria ministerial en la que varios de los señalados ya han acudido voluntariamente a rendir declaración ante autoridades mexicanas.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que cinco de las diez personas mencionadas en el expediente abierto a partir de las acusaciones formuladas por una Corte Federal con sede en Nueva York ya comparecieron ante el Ministerio Público Federal.
Más claro aún: el funcionario federal precisó que ninguna de estas personas cuenta con “ficha roja” de Interpol, desmintiendo versiones que en días recientes apuntaban a supuestas órdenes de localización y captura internacional.
“Ninguna de estas personas cuenta con ‘ficha roja’ de Interpol”, afirmó Lara López al referirse a las investigaciones en curso.
La declaración adquiere relevancia porque durante semanas se construyó una narrativa pública en torno a presuntas detenciones inminentes, solicitudes de captura internacional y eventuales extradiciones. Sin embargo, la propia Fiscalía reconoce que los señalados están compareciendo ante autoridades mexicanas y que no existe, hasta este momento, una “alerta roja” internacional en su contra.
Entre quienes ya acudieron a declarar se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra; así como Marco Antonio Almanza Avilés, exmando policiaco estatal.
La comparecencia de estos funcionarios permite observar una ruta distinta a la planteada por diversos actores políticos que insistían en escenarios de captura inmediata o ejecución automática de órdenes extranjeras.
De hecho, la posición oficial de la FGR apunta a una investigación propia, independiente y desarrollada bajo jurisdicción mexicana.
Ulises Lara explicó que la información obtenida mediante estas comparecencias servirá para fortalecer las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía y que se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Las declaraciones del vocero también dejan ver que la autoridad mexicana se encuentra en una fase de recopilación de información y testimonios, muy distinta a la etapa procesal que implicaría la ejecución de órdenes de captura o procedimientos de extradición.
En términos prácticos, la comparecencia voluntaria de los señalados constituye un dato relevante dentro del expediente. Una persona que acude ante el Ministerio Público Federal para rendir declaración se encuentra localizable para las autoridades mexicanas y participa formalmente en la investigación.
El caso mantiene una enorme dimensión política debido a que entre los investigados figuran personajes centrales del grupo político que gobierna Sinaloa: Rubén Rocha Moya; Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, considerados hasta hace poco algunas de las principales figuras de Morena rumbo a la sucesión estatal de 2027.
