¡YA BASTA! EXIGEN RESCATE FINANCIERO INMEDIATO Y DIGNIDAD PRESUPUESTAL PARA LA UAS
Frente a la cerrazón de la SEP y la SHCP, la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa desentierra el hacha de guerra: anunció movilizaciones masivas hacia la Ciudad de México y la toma del edificio de la SEP en abierto rechazo al modelo de financiamiento caduco que arrastra a la educación pública a la quiebra técnica (Foto de Archivo
Alvaro Aragón Ayala
La paciencia se agotó en las aulas, los laboratorios y los pasillos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Académicos, administrativos, trabajadores de intendencia y una comunidad estudiantil en pleno despertar social gritó ¡ya basta! al sistemático maltrato financiero perpetrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Tras más de treinta años de soportar presupuestos anémicos, raquíticos e insuficientes, la comunidad universitaria delineó una estrategia de lucha frontal por la supervivencia de la institución: el bloqueo de vías citadinas estratégicas, el cierre de carreteras y un éxodo masivo hacia la Ciudad de México para tomar primero el edificio de la SEP.
La asfixia financiera es crónica. Desde principios de los años noventa, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se impuso el Modelo de Subsidios Ordinarios Concurrentes (conocido como esquema pari passu). Concebido originalmente de forma idílica como una corresponsabilidad equitativa (50 por ciento de aportación federal y 50 por ciento estatal), este sistema careció de un anclaje constitucional a nivel local. Al quedar supeditado a convenios anuales, el presupuesto universitario devino en rehén de las coyunturas políticas, las crisis económicas y la discrecionalidad del gobernante en turno.
Tras más de tres décadas de vigencia, este sistema que nunca sirvió, provoca la “muerte acelerada” de las universidades. Las transferencias condicionadas y los techos financieros inestables terminaron por ahogar el gasto operativo de las instituciones ante las crecientes demandas de la sociedad. Por ello, la exigencia de la UAS es clara: se requiere transitar hacia un nuevo paradigma constitucional en Sinaloa, donde el Gobierno Federal cumpla su obligación subsidiaria y el gobierno estatal asuma formalmente, y por mandato de ley, un porcentaje fijo, vinculante y obligatorio en la misma proporción que la Federación. Sólo la constitucionalización del esquema 50-50 blindará a la universidad de las mesas de negociación política y del capricho presupuestal de cada año.
LA TRAICIÓN DE LA SEP
La indignación actual de la comunidad de la UAS tiene un detonante explícito: la promesa rota. En mesas de trabajo previas, las autoridades de la SEP prometieron el otorgamiento de apoyos financieros extraordinarios y emergentes para paliar la crisis estructural del sector. Sin embargo, condicionaron dicho rescate a una severa y dolorosa Reingeniería Institucional: la ejecución de recortes en la nómina (despido de personal), la máxima compresión del gasto público y la obligatoria creación de un fideicomiso jubilatorio con descuentos obligatorios a personal activo y en retiro.
La Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió con su parte. Ajustó los cinturones, implementó medidas de contención e inició procesos de reingeniería interna. La SEP, en un acto de flagrante deslealtad institucional, no cumplió su palabra. El dinero prometido jamás llegó, dejando a la institución expuesta a las presiones de sus pasivos históricos. Lo peor es que las autoridades de la SEP no dan la cara por lo que el movimiento universitario planea acciones más agresivas apoyadas en la razón, la legalidad y el derecho a recibir apoyos emergentes y subsidios justos.
EL DETERIORO DEL PRESUPUESTO
Al cierre del primer semestre de 2026, las métricas de sostenibilidad de las Universidades Públicas Estatales (UPES) revelan una contradicción sistémica insostenible: el Estado Mexicano les exige cumplir con las obligaciones constitucionales de gratuidad, cobertura universal y expansión de matrícula, mientras les recorta los flujos financieros indispensables para lograrlo. Lo que antes se catalogaba como “crisis particulares y aisladas” maduró en una quiebra técnica estructural de alcance nacional.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 marca un preocupante hito histórico negativo: por primera vez en el siglo, la inversión pública en educación superior cayó al equivalente del 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Detrás del triunfalismo gubernamental que pregona “incrementos históricos”, la lectura técnica y deflactada (ajustada a la realidad inflacionaria) demuestra un preocupante deterioro del gasto real.
Para las Universidades Públicas Estatales el incremento nominal promedio de apenas el 1.79 por ciento configura un auténtico desfinanciamiento programado. La “inflación universitaria” -aquella que tasa el costo de la energía eléctrica, licencias de software especializado, conectividad digital, mantenimiento de laboratorios y equipamiento científico- corre a una velocidad muy superior al índice general de precios, erosionando de forma agresiva la calidad académica.
¿Cuáles son los Indicadores Críticos del colapso financiero universitario?:
A) El déficit acumulado del sector es impresionante y se elevó ya a 50 mil 400 millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) esta cifra no deriva de impericias administrativas del presente, sino de la carga de pasivos contingentes históricos no fondeados.
B) El subsidio por alumno va en picada. En tanto la matrícula se expande aceleradamente para responder a la demanda demográfica, el financiamiento per cápita disminuye en términos reales. Se obliga al sistema a crecer cuantitativamente, pero sin capitalización estructural.
C) El nudo gordiano de las pensiones: Universidades como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Autónoma de Nayarit (UAN) ejemplifican el colapso actuarial, donde el pago de jubilados absorbe casi todo el subsidio ordinario originalmente destinado a la docencia y la investigación.
EL CASO DE LA UAS
La presión financiera alcanzó niveles críticos en la Universidad Autónoma de Sinaloa que destinar aproximadamente el 90 por ciento de su presupuesto anual corriente para cubrir la nómina operativa, aportaciones al IMSS, INFONAVIT y demás prestaciones contractuales.
De ese universo, el pago a jubilados -muchos de los cuales ya se encuentran pensionados por el régimen del IMSS- representa una erogación de 2 mil 700 millones de pesos anuales. A pesar de los esfuerzos institucionales, como la creación del Fideicomiso ProJubilatorio, el pasivo acumulado devora sistemáticamente los recursos operativos.
La UAS requiere entonces, urgentemente, de un apoyo federal extraordinario y de que su Reingeniería Integral sea respaldada por la Federación mediante respaldos financieros que le permita limpiar los adeudos históricos. De lo contrario, la institución se verá confinada a un bucle infinito de rescates paliativos temporales y déficits recurrentes que terminarán por degradar de forma irreversible su infraestructura.
Tal parece que en la SEP ni en la SHyCP no entienden que la educación superior no es un gasto; que es un bien público, social y científico que requiere inversión continua para el beneficio del país. La evidencia internacional refleja que las naciones que logran el liderazgo científico e industrial robustecen el financiamiento de sus universidades como una inversión de Estado indispensable.
Frente a este escenario, el Estado mexicano debe asumir que la indolencia financiera hacia la educación superior pública es un de consecuencias dramáticas. Estrangular el presupuesto equivale a decretar la parálisis de la movilidad social, anular la innovación tecnológica y condenar a la nación a una absoluta subordinación científica frente al extranjero. El costo de no intervenir es, por definición, el estancamiento del país. Defender el patrimonio y el presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la salvaguarda de un derecho humano fundamental y un acto de elemental justicia para las futuras generaciones. La razón jurídica, social e histórica asiste de forma incuestionable a los universitarios. La dignidad de la UAS está de pie, y la lucha colectiva en marcha.
