Lanzan desplegado contra Ricardo Lomelí de la SEP y exigen cumplir compromisos federales
Richard Lizárraga Peiro
En un posicionamiento público dirigido a la comunidad universitaria, al pueblo de Sinaloa y a las autoridades federales, integrantes de la agrupación “Comunidad Participativa del Bien Hacer” de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Subsecretaría de Educación Superior de incumplir los compromisos financieros pactados con la institución, pese a que —afirman— la UAS aceptó y ejecutó una profunda reingeniería de su sistema de jubilaciones y pensiones como condición para acceder a apoyos extraordinarios.
En el desplegado, académicos y administrativos sostienen que la universidad cumplió con las reformas laborales solicitadas desde la Federación, incluyendo la creación de un fideicomiso para dar viabilidad financiera al sistema pensionario, pero denuncian que el respaldo extraordinario prometido por la SEP no ha llegado. Señalan que esta omisión coloca a la institución en una situación económica “insostenible”, al grado de poner en riesgo el pago de prestaciones laborales y la continuidad de las actividades universitarias.
El documento menciona directamente al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, a quien exigen la “materialización inmediata” de los apoyos federales comprometidos. Los firmantes advierten que la falta de recursos podría derivar en la suspensión de actividades sustantivas de la universidad, afectando a más de 170 mil estudiantes y alrededor de 20 mil trabajadores.
Asimismo, el desplegado sostiene que el Gobierno del Estado ha intervenido mediante préstamos solidarios para evitar el colapso financiero de la institución, aunque aclaran que dicha ayuda no puede sustituir la obligación constitucional que tiene la Federación con la educación superior pública.
Los universitarios también hicieron un llamado a cerrar filas en defensa del trabajo académico, científico, deportivo y cultural de la UAS, al tiempo que reprocharon que el esfuerzo institucional no sea tomado en cuenta en el presupuesto federal. Aseguraron que no están pidiendo privilegios ni concesiones fuera de la ley, sino el cumplimiento de acuerdos y un presupuesto “justo” para garantizar la operación de la máxima casa de estudios de Sinaloa.
El desplegado fue firmado por académicos y administrativos agrupados en la “Comunidad del Bien Hacer” y difundido desde Culiacán, en mayo de 2026
