EE. UU. teje expediente contra Quirino Ordaz: la DEA y el FBI investigan pacto con el narcotráfico
Marco Antonio Almanza Avilés no fue jefe de la Policía de Investigación de Rubén Rocha. Tuvo el mando de la corporación del 2017 hasta noviembre de 2022, fecha en la que fue removido tras la llegada de Sara Bruna Quiñónez a la Fiscalía General del Estado. El nombramiento de Almanza fue extendido por su lealtad a Quirino Ordaz Coppel
Alvaro Aragón Ayala
Con base en informes de inteligencia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -organismo del cual dependen el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA)- estructura un sólido expediente criminal en contra del actual embajador de México en España y exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Las pesquisas apuntan a que, durante su gestión constitucional como mandatario emanado de la coalición PRI-PVEM, se consolidó un sofisticado modelo de “gobernabilidad ficticia” que, lejos de combatir al crimen organizado, fortaleció las estructuras delictivas con las que cohabitó. Los analistas de seguridad describen este esquema como un sistema de estabilidad administrada. Si bien la opinión pública sitúa el repunte delictivo y la filtración en los andamiajes del Estado en el periodo 2021-2022 con la llegada de Rubén Rocha Moya, las agencias estadounidenses sostienen que fue bajo el mandato de Ordaz Coppel donde se robusteció la maquinaria que permitió la coexistencia institucional con el narcotráfico.
En las líneas de investigación prioritarias sobre el entorno cercano de Quirino Ordaz sobresalen ocho funcionarios de su gabinete. Entre los nombres de mayor peso destacan Marco Antonio Almanza Avilés, Ricardo Madrid Pérez y Jesús Alberto Camacho García, quienes fungieron, respectivamente, como titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, secretario particular y operador político, y coordinador de Comunicación Social. De acuerdo con los documentos de inteligencia, estos excolaboradores operaron como piezas clave en la construcción de un fenómeno que en la superficie se proyectó como paz social, pero que en el subsuelo del poder funcionó como un equilibrio criminal simbiótico entre el Estado y el narcotráfico.
El primer objetivo de alto perfil es Marco Antonio Almanza Avilés, quien capitaneó la Policía de Investigación desde el año 2017 hasta noviembre de 2022, fecha en la que fue removido tras la llegada de Sara Bruna Quiñónez a la Fiscalía General del Estado. La DEA y el FBI rectificaron: Almanza jamás formó parte del equipo policial ni fue designado como jefe de seguridad por Rubén Rocha Moya, sino que su nombramiento y lealtad operativa ajustó a los intereses de Quirino Ordaz. Sobre Almanza, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA han enderezado acusaciones formales por la presunta recepción de sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa, protección contra detenciones, filtración anticipada de operativos, facilitación logística para el traslado de precursores químicos destinados a la producción de fentanilo, así como conspiración por narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar, incluyendo ametralladoras y explosivos.
Por su parte, Ricardo Madrid Pérez, actual diputado federal y dirigente del PVEM en Sinaloa, se encuentra bajo el escrutinio directo de la DEA y el FBI, en una acción coordinada con el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Quien fuera el encargado de la agenda personal del exgobernador es investigado por poseer activos financieros y bienes inmuebles que superan exponencialmente sus ingresos legales como servidor público. Las autoridades estadounidenses bajo sospecha fundada señalan que Madrid Pérez pudo fungir como el enlace directo con objetivos prioritarios de la justicia norteamericana. Asimismo, los expedientes de las agencias precisan que operó como un “correo” estratégico para mantener informado a Quirino Ordaz sobre el despliegue del operativo electoral del año 2021.
El tercer pilar bajo monitoreo internacional es Jesús Alberto Camacho García, actualmente integrado a la Embajada de México en España dentro del área de Cooperación Internacional y Educación. La justicia estadounidense investiga su crecimiento patrimonial y sus inversiones en Culiacán y su papel “estratégico” en España- Desde la Coordinación de Comunicación Social en Sinaloa, Camacho García diseñó un andamiaje propagandístico que invisibilizó sistemáticamente la violencia territorial. Mediante este esquema, los episodios más sangrientos y las ejecuciones del Cártel fueron diluidos, fragmentados o desplazados de la agenda pública por narrativas artificiales de crecimiento económico, turismo e inversión extranjera. El gasto público fue condicionado para desviar la atención de la opinión pública local y nacional, ocultando la expansión del narcotráfico en las instituciones.
Los diagnósticos en poder de la DEA y el FBI puntualizan que la crisis de violencia y el poder acumulado por el Cártel de Sinaloa no germinaron de forma espontánea durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Por el contrario, la estructura criminal sinaloense comenzó su proceso de consolidación desde finales de la década de los setenta y se robusteció a lo largo de múltiples sexenios federales y estatales, atravesando administraciones del PRI y del PAN. El narcotráfico logró expandirse mediante la construcción de redes de dependencia económica, protección política, control territorial y relaciones funcionales arraigadas en distintas capas del Estado. Esta penetración vertical comenzó en los eslabones más bajos -mediante el soborno a policías locales e inspectores- hasta sofisticarse en formas complejas de cooptación política y control de territorios enteros.
Los directivos y agentes de inteligencia criminal norteamericanos asumen que, para desarticular este ecosistema, es indispensable judicializar a los funcionarios de las administraciones sinaloenses que precedieron al gobierno actual. Por ello, las indagatorias miran de forma retrospectiva hacia el sexenio de Quirino Ordaz Coppel, periodo en el que ocurrieron eventos de alto impacto político y profundas lecturas criminales, como el primer “Culiacanazo” en octubre de 2019 y el saludo público del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato. Estos hitos colocaron a Sinaloa bajo el microscopio internacional y proveyeron la evidencia empírica sobre el nivel de penetración criminal en las estructuras de seguridad y del poder político.
Esta connivencia alcanzó su punto más álgido en la jornada electoral de 2021. De acuerdo con registros periodísticos, carpetas de investigación e impugnaciones formales de los partidos de oposición, Sinaloa experimentó una “narcoelección” operada bajo la aquiescencia del entonces gobernador Quirino Ordaz. Los informes señalan que el mandatario instruyó deliberadamente a las corporaciones de seguridad pública bajo su mando -tanto a las policías municipales como a la estatal- a ignorar las llamadas de auxilio de las familias de ciudadanos y operadores políticos que estaban siendo “levantados” y privados de la libertad. Esta omisión institucional deliberada permitió que comandos armados se movilizaran con total impunidad por Culiacán y el resto de los municipios del estado para coaccionar el voto. Dicha operación mantuvo una férrea contención mediática interna debido al estricto control económico que el gobierno ejercía sobre las líneas editoriales de la prensa local.
Las investigaciones confirman que el gasto público en comunicación social durante la administración quirinista no tuvo como fin la rendición de cuentas, sino la construcción de una coraza mediática para ocultar la consolidación del crimen organizado. La Coordinación encabezada por Alberto Camacho desplegó una estrategia basada en la saturación publicitaria, el alineamiento editorial comprado y la minimización de la incidencia delictiva. Durante dicho sexenio, se ejercieron aproximadamente dos mil millones de pesos en publicidad oficial, presentando sobreejercicios presupuestales sistemáticos que convirtieron al erario en un mecanismo de protección política y criminal. Mientras los operativos contra el narcotráfico decrecían y el control territorial de las facciones criminales aumentaba, la narrativa oficial financiada por el gobierno estatal proyectaba una ilusión de orden y gobernabilidad, fracturando por completo la relación entre la realidad del territorio y la percepción de los ciudadanos.
