El presupuesto duplicado o “Modelo Guadalajara”, alternativa para el rescate financiero de la UAS
Sectores sindicales y directivos exploran un presupuesto constitucional para rescatar estructuralmente a la Universidad Autónoma de Sinaloa
Álvaro Aragón Ayala
En medio de la asfixia financiera de las universidades públicas estatales del país, en el seno de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cobra fuerza una propuesta que podría transformar de manera radical el futuro institucional de la casa rosalina: impulsar un esquema de financiamiento duplicado inspirado en el denominado “Modelo Guadalajara”. Este mecanismo financiero y legal blindó la viabilidad de largo plazo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sustrayéndola de los vaivenes políticos ordinarios.
La discusión comenzó a instalarse formalmente entre los sectores sindicales, integrantes del Consejo Universitario, académicos y directivos bajo una premisa central: el viejo modelo de financiamiento universitario nacional está agotado; ya no garantiza la estabilidad operativa, el crecimiento académico ni la sostenibilidad financiera básica.
Este esquema en decadencia, que ha regido a la educación superior pública por más de tres décadas, es el Modelo de Subsidios Ordinarios Concurrentes (conocido como esquema pari passu), un sistema creado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a principios de los años noventa. Si bien en su origen pretendía una corresponsabilidad equitativa mediante Convenios de Apoyo Financiero anuales entre la Federación y los estados, al carecer de un anclaje constitucional local (en los Estados) quedó sujeto a la discrecionalidad de las negociaciones políticas coyunturales, a las crisis económicas y a la voluntad del gobernante en turno.
Tras más de treinta años de vigencia, las transferencias condicionadas y los techos inestables terminaron por ahogar el gasto operativo de las instituciones de cara a las crecientes demandas de la sociedad. Frente a este colapso estructural, la alternativa que se plantea para la UAS consiste en edificar un nuevo paradigma constitucional en Sinaloa. El objetivo es que el gobierno de Sinaloa asuma formalmente y por mandato de ley un porcentaje fijo y obligatorio del financiamiento universitario en la misma proporción que el otorgado por el gobierno federal -un 50 por ciento o incluso un 52 por ciento-. De este modo, se consolidaría un verdadero sistema concurrente constitucionalizado y no meramente pactado en mesas de negociación política año con año.
El referente inmediato de esta vanguardia financiera es Jalisco. El “Modelo Guadalajara” cobró vida gracias a la tenaz defensa e ingeniería institucional encabezada por el entonces rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí. Durante su gestión al frente de la casa de estudios jalisciense, Villanueva Lomelí articuló y reconoció la urgencia de romper la dependencia de las partidas extraordinarias que precarizaban el quehacer universitario.
Bajo su liderazgo y visión, se consumó una reforma histórica en 2024 que elevó el presupuesto de la UdeG a rango constitucional estatal, fijando un piso mínimo equivalente al 5 por ciento del presupuesto constitucional total del estado de Jalisco, acompañado de un fondo fijo del 0.3 por ciento destinado de manera exclusiva a la infraestructura educativa. El propio Villanueva Lomelí -hoy subsecretario federal de Educación Superior- ha defendido firmemente que el modelo jalisciense representa el ideal técnico y ético del financiamiento universitario nacional, al balancear obligatoriamente la aportación subnacional con la federal de manera simétrica y blindada.
Esta transformación modificó sustancialmente la lógica financiera en Jalisco. Al desvincularse de los cabildeos presupuestales anuales, la universidad adquirió certidumbre al recibir un subsidio 48 por ciento de la Federación 52 por ciento del gobierno de Jalisco, consolidándose en su planeación multianual, y permitiéndole una expansión de matrícula sin precedentes, crecimiento de infraestructura en regiones vulnerables y un sólido fortalecimiento académico.
En la UAS se generaliza la convicción de que solo un viraje de esta envergadura permitirá solucionar de fondo las crisis estructurales que arrastran las universidades públicas estatales: déficits crónicos, insuficiencias presupuestales acumuladas, presiones por pasivos pensionarios y la imperativa expansión de la cobertura universal sin partidas presupuestales adicionales correlativas.
Durante décadas, las instituciones “crecieron” al amparo del viejo modelo de subsidios ordinarios salinista, mientras que de forma simultánea se incrementaban la matrícula, las exigencias tecnológicas, las plantillas docentes y las prestaciones laborales. Si bien la Ley General de Educación Superior amplió los derechos de los jóvenes al consagrar la gratuidad progresiva y la cobertura universal, el Estado mexicano omitió edificar un nuevo modelo nacional de financiamiento que sustituyera el exhausto esquema de subsidios inestables.
Ahí radica el verdadero trasfondo del nuevo debate en la UAS: si las exigencias hacia las universidades públicas de cara al futuro demandan excelencia académica y gratuidad absoluta, es imperativo que el Estado asuma con la misma fuerza legal la corresponsabilidad presupuestal de sus estructuras financieras.
Dentro de este complejo escenario emerge un elemento crítico y delicado: las jubilaciones dinámicas. En los últimos cuarenta años, múltiples universidades constituyeron sistemas pensionarios propios y complementarios al IMSS sin contar con un respaldo presupuestal etiquetado desde la Federación. Hoy en día, la crisis de estos fondos pensionarios es uno de los vectores que mayor presión ejerce sobre las finanzas de la educación superior.
Si bien la reciente reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos generó un respiro al salvaguardar y proteger las jubilaciones sustentadas en aportaciones sindicales o sistemas contributivos complementarios, de manera paralela aumentó de forma drástica la presión sobre aquellas prestaciones financiadas estrictamente a través de los subsidios públicos directos.
Es por ello que en la UAS se consolida una tesis inapelable: sin un nuevo modelo de financiamiento de rango constitucional, ninguna universidad pública estatal alcanzará la viabilidad de largo plazo, por más que implemente estrictos programas de reingeniería financiera, fideicomisos internos o medidas extremas de austeridad institucional.
El “Modelo Guadalajara” transformó la Universidad de Guadalajara. La hoja de ruta para Sinaloa implicaría, entonces, impulsar una reforma de ley local que mandate un porcentaje fijo e intocable del presupuesto estatal para la UAS, forzando la concurrencia equilibrada de la Federación. Solo mediante este esquema se garantizará la estabilidad de las aulas, el saneamiento actuarial de las pensiones, la excelencia en la investigación y una auténtica planeación del desarrollo educativo.
El debate formal apenas inicia, pero en la comunidad universitaria nacional crece una certeza colectiva: las instituciones públicas de educación superior no pueden continuar subsistiendo a base de convenios paliativos, rescates de emergencia y subsidios deficitarios. El éxito de Guadalajara demostró que el blindaje financiero mediante la ley es jurídica y políticamente viable. Para la UAS, recorrer una senda homóloga se perfila como la única vía firme para superar una crisis estructural que ya rebasó por completo al viejo sistema universitario mexicano
