Inhabilitan hasta por 10 años a servidores del SAT y Banco del Bienestar por faltas administrativas
En el SAT, los OIC determinaron que un servidor público realizaba “asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución”.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que multó e inhabilitó hasta por 10 años a cuatro exfuncionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien), tras detectar que cometieron faltas administrativas graves.
Las sanciones fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), como resultado de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en ambas instituciones, de acuerdo con el informe oficial, emitido el 13 de mayo.
En el SAT, los OIC determinaron que un servidor público realizaba “asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución”.
El sujeto fue identificado como Víctor “R”, exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, y se le sancionó con inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Para el caso de Banbien, las indagatorias acreditaron irregularidades cometidas por tres funcionarios públicos. Dos de ellos están relacionados con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto que supera los 275 mil pesos; el otro funcionario fue vinculado con la realización de conciliaciones con información no verídica.
Las tres personas involucradas fueron identificadas como Juan “D”, exsubjefe de área de Banbien; Orlando “P”, exauxiliar de sucursal de Banbien y Marco “M”, exasistente administrativo de Banbien. El TFJA impuso inhabilitaciones por 10 años a cada uno, y sanciones económicas que oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.
La SABG indicó que las personas castigadas tienen derecho a impugnar. Si lo hacen, la dependencia se comprometió a defender las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público.
“Violar la ley tiene consecuencias”, sentenció la SABG. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, añadió.
La dependencia hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: https://sidec.buengobierno.gob.mx/
“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”, concluyó el comunicado oficial.
