Sinaloa: la nueva cacería política
Operadores del conflicto convierten la crisis sinaloense en campo de guerra política y mediática contra la 4T
Wilfrido Ibarra Escobar (licenciado en Economía)
Sinaloa vive una crisis aparejada a una operación de demolición política. En los sótanos de las instituciones se gesta una maraña de tensiones donde la sensatez fue desterrada para dar paso al estruendo de los agitadores. Como bien advertía David Galula, la guerra moderna es un fenómeno 80 por ciento político, una batalla por la percepción antes que por el territorio; hoy, esa lucha se libra sobre los escombros de la paz social sinaloense.
El ascenso de Yeraldine Bonilla Valverde a la gubernatura interina no es tratado por sus críticos y la oposición como un proceso institucional, sino como el nuevo “objetivo de alto valor” en un campo de tiro partidista y mediático. Sin el beneficio de la duda, sin el rigor de los hechos, se ha activado contra ella una narrativa de condena anticipada.
Yeraldine es golpeada con una virulencia que trasciende lo político ofreciendo la lectura de que se montó una verdadera emboscada de misoginia y polarización, una cruzada de aniquilación moral que, al estilo del Minimanual de Carlos Marighella, busca desestabilizar el sistema mediante el sabotaje de la imagen pública de quien ostenta el mando.
El asedio es enfermizo y en la perversidad ignoran que Yeraldine recibió el timón en medio de una tormenta perfecta: una narcoguerra de dieciocho meses y una incertidumbre institucional sin precedentes. Lo que debería ser una transición administrativa es transmutada en un linchamiento público donde la capacidad y la prueba es sustituida por la consigna de destrucción.
En este teatro, sectores de la prensa que se hallaban en una situación de vulnerabilidad y que, en su rescate, fueron alimentados con el néctar de los contratos publicitarios oficiales, hoy muerden la mano que los nutrió. Con una actitud que recuerda las tácticas de desinformación de la Guerra Fría, clonan y repiten -casi por dictado- el libreto diseñada en Washington, alineándose con la narrativa yanqui sobre el “caso Sinaloa” mientras siguen drenando recursos del erario que ahora desprecian.
Los actores políticos de esta trama se mueven con un oportunismo que raya en lo macabro. Tenemos a un Francisco Labastida, arquitecto del Pemexgate, pretendiendo dar lecciones de pureza mientras los fantasmas de la narcofiltración en su propio sexenio aún recorren los pasillos del Palacio de Gobierno. Por la misma línea, Mario Zamora Gastélum recorre los foros convertidos en una suerte de Gran Inquisidor de la “narcopolítica”, erigiendo su candidatura para 2027 sobre la pira donde pretende quemar a sus adversarios.
El PAN de Roxana Rubio Valdez -hija del ex alcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, intenta vender un certificado de castidad política, olvidando convenientemente que su partido fue el vientre que gestó la carrera legislativa de la “Chapodiputada”. Del mismo modo, Movimiento Ciudadano practica un “deslinde selectivo” con la destreza de un cirujano de guerra, abandonando aliados por cálculo electoral mientras las causas profundas de la violencia permanecen intactas.
T.E. Lawrence escribió que la rebelión es más parecida al vapor que a un gas: se expande donde encuentra menos resistencia. En Sinaloa, la resistencia a la mentira es casi nula. El grito muta por ósmosis demostrando que a los instigadores no les interesa la solución, sino la cadaverización política de Yeraldine.
La lectura inmediata que se desprende de este escenario es aterradora: Sinaloa está siendo acechada por una estirpe de mesiánicos. Son personajes que, desde las trincheras de la descalificación y el odio, pretenden marcar la agenda y gobernar el estado criminalizando e insultando. No buscan la estabilidad ni la justicia, sino el poder absoluto mediante la demolición del otro. Son profetas del caos que están dispuestos a incendiar el Tercer Piso con tal de ser ellos quienes reinen sobre las cenizas.
