Caso Rocha: La duda como derecho ciudadano
Alvaro Aragón Ayala
La discusión sobre el caso Rubén Rocha Moya ya fue secuestrada por una lógica seductora y peligrosa: la de convertir una narrativa extranjera en una sentencia moral inapelable. Se nos exige un sometimiento intelectual inmediato frente a un expediente que, hasta el día de hoy, carece de un desahogo judicial pleno tanto en los tribunales de Estados Unidos como en los de México.
Claro. Sostengo esta tesis desde una posición de absoluta independencia, precisando que soy periodista y no soy rochista, nunca lo he sido ni lo seré. No congenio con el proyecto político de Rubén Rocha Moya ni con muchos rasgos de su estilo personal de ejercer el poder. He mantenido con él diferencias públicas, críticas y desacuerdos que no necesito esconder ni maquillar ahora que los vientos políticos le soplan en contra.
Precisamente por esa distancia, considero imperativo romper el silencio. El periodismo no puede ejercerse desde la víscera, el odio o la conveniencia coyuntural. La crítica pierde su brújula cuando se transforma en vendetta, y el análisis se degrada cuando el prejuicio sustituye a los hechos. Ser crítico del gobernador no me obliga a sumarme al linchamiento, ni a repetir consignas fabricadas desde intereses ajenos o externos. No me mueve la simpatía hacia la figura de Rocha; me motiva la obligación de conservar la lucidez en una atmósfera donde muchos ya decidieron condenar antes de probar.
La narrativa foránea plantada en México intenta imponer un dogma de fe: “Si Washington señala, el hecho está consumado”. Esta premisa no resiste el menor análisis. En cualquier sistema democrático, una acusación es apenas el preámbulo de un proceso adversarial donde deben ratificarse evidencias y garantizarse la presunción de inocencia. Si en el propio sistema estadounidense la palabra de un Fiscal no basta para sentenciar a un ciudadano, ¿por qué en México habríamos de aceptarla como una verdad absoluta y sagrada?
Lo más alarmante es la ejecución política instantánea desatada. Antes de la primera audiencia, antes de que el rigor de la prueba sea sometido al escrutinio de un Juez, la condena pública ya ha sido dictada. Este precedente debería inquietar incluso a los adversarios más feroces del gobernador, pues establece una regla brutal: bastaría una filtración externa para dinamitar todo el tablero político nacional, saltándose la soberanía de nuestras instituciones.
Que no se malentienda. No se busca construir un blindaje mediático para Rocha, sino de tratar de impedir que la política mexicana se subordine a la “verdad gringa por decreto”. Sí. Existe una omisión deliberada en el debate actual: la distinción técnica entre un indicio y una prueba plena. Lo que hoy circula como “verdad” descansa, en gran medida, en testimonios y conjeturas cuya solidez judicial son aún una incógnita. Esto no otorga una absolución, pero tampoco justifica una condena sumaria.
Bajo esta misma óptica, resulta intelectualmente pobre elevar a rango de dogma declaraciones de actores que reinterpretan el pasado según la utilidad política del presente. La historia nos enseña que, en contextos de fractura social y conflictos entre facciones del crimen organizado, la información se manufactura como un arma de guerra. Entre filtraciones y operaciones psicológicas, ¿quién puede asegurar que no estamos ante un montaje diseñado para reconfigurar el poder en Sinaloa?
Un país con dignidad no puede operar bajo la lógica de “creer primero para probar después”. México no debe renunciar a su jurisdicción ni a su capacidad de análisis cada vez que un expediente cruza la frontera. La soberanía no es sólo una bandera; es el derecho a que cualquier acusación sea investigada bajo procedimientos propios, con pruebas tangibles y rigor nacional.
¿Pregunto entonces si es delito dudar? ¿Si es ilegal reflexionar críticamente sobre la consistencia de una acusación? ¿Si está prohibido exigir pruebas materiales antes de destruir políticamente a una persona? La respuesta, en una sociedad democrática, tendría que ser no. Es un hecho que si la duda se criminaliza y la reflexión se convierte en sospecha, entonces desaparece el pensamiento crítico y nace el fanatismo judicial.
Resulta, por tanto, racionalmente equitativo, imparcial y éticamente correcto, reflexionar, dudar -profundizar en el análisis- más en el contexto de la guerra interna sangrienta entre facciones del crimen organizado, donde las filtraciones, operaciones psicológicas, expedientes cruzados y campañas de desinformación forman parte del conflicto ¿Es imposible que existan montajes, exageraciones o manipulaciones dentro de ese escenario? No. Para Estados Unidos cualquier y guerra criminal y su narrativa se convierte en arma injerencista.
Estados Unidos no es, pues, un observador aséptico; es una potencia que utiliza sus herramientas judiciales como mecanismos de presión estratégica. Lo vemos en su política interna, donde el derecho se transformó allá en un campo de batalla electoral. Sería de una ingenuidad pasmosa creer que, hacia el exterior, sus procesos operan en un vacío de intereses geopolíticos.
Un ejercicio periodístico profesional no encaja, pues, en la criminalización “en caliente” de Rubén Rocha, sino en pedir que se investigue a profundidad, que se exhiban las pruebas, que se desahoguen en los tribunales todos los testimonios y después de la sentencia del Juez, juzgar mediáticamente, pero hacerlo con rigor, no con histeria, con pruebas materiales, no analogías emocionales.
No me cabe la menor duda: el verdadero peligro para una sociedad empieza cuando deja de pensar y se acostumbra a repetir. Las naciones que renuncian a su capacidad crítica terminan por obedecer dogmas fabricados desde afuera. En este momento de “locura informativa”, la duda no es una muestra de complicidad ni de debilidad. Dudar es el último refugio de la inteligencia y el acto más contundente de soberanía intelectual.
