Universidades públicas: el ocaso del presupuesto
Alvaro Aragón Ayala
En el marco de un foro internacional auspiciado por los Colegios e Institutos de Canadá, Luis González Placencia, secretario general de la ANUIES, articuló una advertencia que en el panorama nacional debería resonar con la fuerza de una alarma de incendio, aunque parezca haber caído en el vacío: las universidades públicas de México enfrentan un abismo financiero que excede los 50 mil millones de pesos. La magnitud de la cifra es demoledora; sin embargo, resulta aún más lacerante la indolencia institucional con la que se ha pretendido normalizar este naufragio.
El fenómeno dista de ser una anomalía reciente. Se trata de una erosión persistente y, fundamentalmente, consentida. Ejercicio tras ejercicio, el Estado mexicano ha claudicado en su deber de resolver la raíz del problema para limitarse a una gestión burocrática de la carestía. Se alardea de la expansión de la cobertura, se enarbolan banderas de inclusión y se diserta sobre el porvenir, mientras el presupuesto permanece anclado en una rigidez anacrónica.
La ecuación resulta tan elemental como profundamente temeraria: se incrementa la matrícula, se agudiza la presión académica y se imponen exigencias tecnológicas de vanguardia, todo ello bajo el yugo de una retracción de recursos reales. No existe política pública capaz de sostener tal antinomia sin fracturarse. Hoy, las costuras de la autonomía universitaria ya están empezando a ceder.
La retórica oficial persiste en la premisa de que la educación superior es un derecho humano inalienable y un bien público superior. No obstante, la realidad del financiamiento narra una crónica diametralmente opuesta, una donde la academia se ve obligada a mendigar migajas presupuestarias, relegada frente a otras prioridades políticas no universitarias que en este tiempo se miden exclusivamente en términos de clientelismo electoral.
Sí, se les demanda a las instituciones eficiencia, transparencia absoluta y métricas de desempeño impecables. Simultáneamente, se les despoja de las condiciones mínimas indispensables para operar con una estabilidad elemental. Es una estrategia de transferencia de culpa sumamente sofisticada: se asfixia a la institución para luego responsabilizarla de su propia incapacidad de respirar.
El dilema de fondo no reside únicamente en la cuantía del erario recibido, sino en la anquilosada arquitectura de sus egresos. Entre el 70 y el 90 por ciento del presupuesto es absorbido por nóminas y prestaciones, muchas de ellas derivadas de esquemas laborales que el propio Estado solapó durante décadas. Actualmente, estas cargas se esgrimen como un pretexto para negar recursos adicionales, como si las universidades hubieran diseñado, en un vacío político, su propio estrangulamiento.
A este escenario se suman sistemas de pensiones en fase terminal, subsidios asimétricos entre regiones y una política científica cuya debilidad es alarmante. Instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa o la Universidad Veracruzana no se limitan al aula: son el motor de la investigación, el eje de la gobernabilidad y del desarrollo regional y el único vehículo de movilidad social para miles; sin embargo, operan bajo un régimen de austeridad forzada.
Mientras tanto, México persiste en su distanciamiento crónico de los estándares de inversión en educación superior propuestos por la OCDE. Esta comparativa no es un ejercicio de vanidad académica, sino la métrica exacta del rezago. Es un esfuerzo titánico competir en el tablero global cuando se trata a las universidades como si fueran un gasto prescindible en lugar de una inversión estratégica.
La paradoja roza el cinismo cuando se introduce en el debate nacional el concepto del nearshoring. Se discurre sobre la atracción de capitales, la integración de cadenas de valor y la necesidad de talento altamente calificado, omitiendo deliberadamente que no se está invirtiendo en el ecosistema que debe gestar dicho capital humano. Es, en esencia, un intento de erigir un desarrollo económico carente de cimientos intelectuales.
Lo que se debate no es, pues, sólo la viabilidad contable de los campus, sino su propia legitimidad ante la nación. La desconfianza social germina cuando las instituciones no logran satisfacer las expectativas de su tiempo, pero es imperativo señalar que dicha parálisis no emana de la ineficiencia administrativa, sino del abandono gubernamental deliberado.
La propuesta de la ANUIES de integrar la educación superior en la estrategia geopolítica de América del Norte resulta ambiciosa y necesaria. No obstante, colisiona frontalmente con una realidad doméstica mucho más amarga: no hay integración externa posible cuando el andamiaje interno está siendo minado por la negligencia financiera.
México se encuentra ante una encrucijada histórica que ha evadido por generaciones: o reconoce que la educación superior es la piedra angular de su soberanía y la financia con rigor de Estado, o continúa administrando su decadencia hasta reducirla a un sistema precario, elitista por omisión y funcionalmente atrofiado.
