El espejismo de la justicia: la urgencia de reformar las fiscalías en México

¿Qué le falta a la Fiscalía de la Ciudad de México para que haga un buen trabajo? ¿Será falta de compromiso, de capacidad, de presupuesto, de profesionalidad?

César Gutiérrez Priego

México es un país que duele profundamente en sus cifras, pero duele aún más en los pasillos de sus instituciones de justicia. Hace algunos años, el Estado mexicano nos vendió la idea de que un cambio de nomenclatura y una promesa de autonomía serían suficientes para curar el cáncer de la impunidad. Pasamos de las Procuradurías a las Fiscalías con la esperanza de que la procuración de justicia dejaría de ser el brazo armado del poder político para convertirse en el escudo de los ciudadanos. Hoy, frente a la cruda realidad, debemos admitir que ese cambio fue un mero maquillaje institucional. La crisis es insostenible y la urgencia por una reforma profunda y estructural a las fiscalías en México no es una opción, es una cuestión de supervivencia nacional.

No hay escenario donde el fracaso de estas instituciones sea más evidente y doloroso que en la tragedia que envuelve a las personas desaparecidas. Cuando una madre, un padre o un hermano acude a denunciar la desaparición de un ser querido, los primeros minutos son vitales entre la vida y la muerte. Sin embargo, lo que encuentran en las agencias del Ministerio Público es un muro de indolencia. Resulta inconcebible, e indignante hasta la médula, que a estas alturas el personal de las fiscalías desconozca los protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas, directrices que están claramente establecidas y mandatadas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. 

Este desconocimiento no es un simple error administrativo; es una negligencia criminal que cuesta vidas. Es el momento definitivo para acabar con la corrupción, la burocracia asfixiante, la inactividad pasmosa y el nulo compromiso del personal de las fiscalías para hacer su trabajo. La revictimización se ha convertido en el deporte no oficial de los ministerios públicos, donde a las familias se les sigue diciendo que “esperen 72 horas” o se criminaliza a la víctima sugiriendo que “seguro se fue con el novio” o “andaba en malos pasos”. Esta narrativa es el refugio de los mediocres y los corruptos.

Si centramos la mirada en la capital del país, que debería ser el referente de vanguardia institucional, el panorama es igualmente desolador. Cabe preguntarnos con total seriedad: ¿Qué le falta a la Fiscalía de la Ciudad de México para que haga un buen trabajo? ¿Será falta de compromiso, de capacidad, de presupuesto, de profesionalidad? 

La respuesta es una mezcla tóxica de todas las anteriores. Si bien el presupuesto siempre es perfectible, el problema de fondo no se soluciona únicamente inyectando dinero a un barril sin fondo. Falta un compromiso real con la verdad. Falta capacidad técnica de ministerios públicos, peritos y policías de investigación que, en muchas ocasiones, no saben integrar una carpeta de investigación sólida, permitiendo que los delincuentes salgan libres por fallas al debido proceso. Falta una profesionalidad que entienda que detrás de cada folio hay una vida humana destruida, no un simple trámite, que se debe acabar con el compadrazgo y amiguismo al momento de contratar al personal, ya que tenemos una fiscalía llena de recomendados, familiares y amigos de políticos y altos funcionarios, que no tienen escuela ministerial y quieren llegar a aprender lo que cuesta años en unas semanas.

Ante este escenario de desolación institucional, debemos cuestionarnos: ¿Qué es necesario para dar una atención digna a las víctimas, mayor capacidad técnica y mayor control interno? 

Primero, la atención digna requiere empatía, pero la empatía no se decreta, se forma y se exige. Se requiere de personal capacitado en derechos humanos, perspectiva de género y atención a víctimas de delitos de alto impacto. 

Segundo, la capacidad técnica exige el abandono de las prácticas arcaicas de investigación basadas en la confesión (muchas veces bajo tortura) y la transición hacia una verdadera investigación científica, forense y de análisis de contexto.

 Tercero, el control interno debe ser implacable. Los órganos de asuntos internos de las fiscalías suelen ser cómplices silenciosos de la corrupción de sus propios agentes. Se necesitan auditorías externas, mecanismos de rendición de cuentas ciudadanos y sanciones penales severas para los funcionarios que por omisión, colusión o negligencia obstruyan la justicia.

Queda claro que es urgente reformar las fiscalías y tener mejores perfiles que conozcan las necesidades de la ciudadanía, pero que también entiendan a los funcionarios honestos que trabajan en la fiscalía, quienes muchas veces laboran en condiciones precarias, con cargas de trabajo inhumanas y bajo la presión de sus superiores para llegar a las cifras planteadas así tengan que imputar a ciudadanos inocentes. El sistema actual está diseñado para la simulación procesal. Si las fiscalías solo tratan de cumplir números, de judicializar carpetas sin sustento para presumir estadísticas en conferencias de prensa, sin un trabajo serio, profesional y de conciencia social, seguirán fracasando estrepitosamente. La justicia no es una cuota mensual que se deba llenar para satisfacer al jefe en turno; es el cimiento de la paz social.

Todo este análisis nos empuja hacia una reflexión amarga pero necesaria: ¿Para qué queremos fiscalías si se siguen comportando como las viejas procuradurías, de forma corrupta, poco profesional y violando el debido proceso y los derechos humanos? 

El cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía fue un fraude a la nación si las prácticas siguen siendo exactamente las mismas. El influyentismo, el rezago, la venta de la justicia al mejor postor, la siembra de evidencias y el maltrato a las víctimas siguen siendo el pan de cada día. Hemos creado monstruos burocráticos que devoran la esperanza de los ciudadanos y escupen impunidad.

La solución no vendrá de la voluntad de un solo individuo, por más buenas intenciones que tenga. El diseño institucional está podrido desde sus cimientos. Las cuotas de poder, los sindicatos intocables, las inercias del pasado y la falta de verdaderos servicios profesionales de carrera han creado un ecosistema donde la rectitud es castigada y la trampa es premiada. Podemos poner a los juristas más brillantes o a los ciudadanos más honestos al frente de estas instituciones, pero el resultado será el mismo si no cambiamos las reglas del juego y la maquinaria interna.

La conclusión es tan dura como innegable: no importa si los titulares de las fiscalías son personas congruentes y decentes, la misma estructura de las fiscalías corrompe la procuración de justicia y por eso urge una reforma a las fiscalías en México.