El Fuerte: Gildardo Leyva y su negocio del alumbrado público
Alvaro Aragón Ayala
En El Fuerte, el alcalde Gildardo Leyva Ortega saquea las finanzas con la instalación de “lámparas chatarra”. Lo que en el discurso oficial presenta como un programa permanente de alumbrado público en sindicaturas, comunidades rurales y la cabecera municipal, en la práctica es un esquema fraudulento, opaco, fragmentado y lesivo para el presupuesto municipal. Su narrativa pregona progreso; la realidad cotidiana revela el rapiñaje de los dineros del pueblo.
Leyva Ortega opera bajo un patrón: realiza la instalación continua de luminarias LED sin que exista información pública verificable sobre los contratos, los proveedores o los criterios técnicos que justifican las adquisiciones. La obra, visible y políticamente rentable, avanza con rapidez; la transparencia, en cambio, permanece ausente. Y esa asimetría, entre lo que se ve y lo que no se explica, es la primera vertiente del saqueo.
Uno de los elementos que revela el tamaño de la transa es la fragmentación de compras de lámparas. Dividir adquisiciones es un mecanismo para evitar procesos de licitación pública, eludir controles, competencia y vigilancia institucional. Cuando un ayuntamiento adquiere luminarias en bloques pequeños, en lugar de consolidar una compra integral, reduce deliberadamente la obligación de licitar públicamente, transparentar precios unitarios y justificar técnicamente la necesidad del gasto. En términos simples: compra para robar y no rendir cuentas.
Esta práctica no solo vulnera principios básicos de administración pública, sino que abre la puerta a decisiones discrecionales donde el criterio técnico queda subordinado a intereses ajenos al interés público. Al interés económico personal de Gildardo Leyva. La fragmentación no es un error administrativo: es, en muchos casos, una estrategia para saquear el dinero del presupuesto municipal.
Más grave resulta la ausencia de una instancia o comisión que supervise la calidad de las luminarias. En cualquier programa serio de alumbrado público existen dictámenes técnicos, verificación de certificaciones, control de instalación y seguimiento de vida útil. Aquí, en El Fuerte, no hay nada de eso. Y donde no hay supervisión, lo que emerge es la corrupción, abuso, improvisación y la negligencia.
El dato más contundente son las denuncias directas de la población: luminarias LED que deberían durar entre 10 y 15 años se funden antes de cumplir un año. Este hecho, por sí mismo, desarma cualquier narrativa o pregón de honestidad. Técnicamente, una luminaria LED certificada está diseñada para operar entre 50 mil y 75 mil horas. Su falla prematura no es normal ni aceptable.
El alumbrado público, por su propia naturaleza, es un rubro especialmente vulnerable a prácticas irregulares. Es masivo, repetitivo y difícil de auditar por la ciudadanía. Miles de lámparas instaladas sin control visible permiten inflar precios unitarios, ocultar proveedores, justificar gasto constante por reposición y construir un circuito financiero que beneficia a unos cuantos mientras compromete recursos públicos.
Si una lámpara se funde en menos de un año describe un alto nivel, escandaloso, de corrupción, pues no solo se paga por instalarla, sino que se paga nuevamente por reemplazarla. Y así, lo que debería ser una inversión de largo plazo se transforma en un gasto recurrente que alimenta el negocio del alcalde Gildardo Leyva. Un negocio donde gana el presidente y el proveedor y el municipio pierde.
El hecho de que la población desconozca qué empresas venden las luminarias, cuánto cuestan y bajo qué condiciones contractuales se adquieren y porque se funden en un año, es una señal del rapiñaje y la falta de transparencia. Sin información pública se vuelve difícil, más no imposible, evaluar, comparar y exigir cuentas.
El alcalde Gildardo Leyva montó, pues, un modelo deliberado de extracción de recursos a través de compras fragmentadas de lámparas de pésima cálidad. El programa permanente de alumbrado público constituye un sistema de corrupción que revela el desvío y uso ineficiente de recursos municipales, simulaciones y alteración de adquisiciones y decisiones administrativas que ameritan revisiones de fondo
