Ramírez Cuéllar: Intervención en la sucesión Sinaloa 2027
Alvaro Aragón Ayala
Que conste: nada es casual. El zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar aterrizó en Sinaloa y convocó a la celebración de foros, mesas sectoriales y “programas de gobierno”, levantando una tolvanera en el escenario político-electoral del estado.
Lo que generó más suspicacias en Culiacán y sus alrededores es el hecho de que el diputado federal, vicecoordinador parlamentario de Morena, haya anunciado ese “programa de gobierno” para Sinaloa 2027-2033, en abierto desafío -según interpretan diversos actores políticos- a la lógica institucional que rige la planeación del desarrollo en México.
¿Quién es Alfonso Ramírez Cuéllar para venir a proponer, antes de la apertura formal del proceso electoral, un proyecto de esta naturaleza? Se trata de un planteamiento que no encaja ni en los tiempos de la legislación electoral ni en los mecanismos institucionales establecidos para la planeación gubernamental.
Los sinaloenses se encuentran así frente a una disyuntiva política: ¿están ante un ejercicio programático legítimo o frente a una intervención temprana en la sucesión política de Sinaloa?
La duda se acentúa si se observa un detalle significativo: Ramírez Cuéllar decidió realizar su actividad política en Culiacán el mismo día y a la misma hora en que, en la Ciudad de México, se desarrollaba la sesión del Consejo Nacional de Morena, reunión a la que acudió el gobernador Rubén Rocha Moya. Es decir, la operación política se desplegó en el estado precisamente cuando el titular del Ejecutivo se encontraba fuera del territorio.
Desde el punto de vista jurídico, la elaboración del “programa” no tiene sustento. En México existe un procedimiento perfectamente definido para la planeación del desarrollo. El marco lo establecen el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y las leyes estatales de planeación.
El principio que rige ese sistema es sencillo: el Plan Estatal de Desarrollo lo elabora el gobernador electo después de asumir el cargo. No antes. No desde fuera del gobierno. Y, desde luego, no por un diputado federal que carece de facultades para intervenir en esa fase del proceso institucional.
En consecuencia, el llamado “Programa de Gobierno 2027-2033” anunciado por Ramírez Cuéllar carece de sustento institucional y no posee carácter vinculante alguno. No forma parte del sistema nacional de planeación democrática ni del proceso legal que rige la elaboración de los planes estatales. En términos estrictos, se trata de un ejercicio político, no de un instrumento de gobierno.
Caray: ¿Quién envió a Ramírez Cuéllar a Sinaloa? Hoy por hoy el diputado federal no es dirigente nacional de Morena, no ocupa una secretaría dentro del Comité Ejecutivo Nacional del partido y tampoco ha sido designado delegado ni coordinador partidista en la entidad. Tampoco existe evidencia pública de que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya encomendado formalmente una tarea de esta naturaleza.
El elemento más revelador del episodio es la fecha elegida para el supuesto programa. No se trata de un documento genérico sobre desarrollo regional. Lleva un título preciso: “Programa de Gobierno 2027-2033”. Ese horizonte temporal coincide exactamente con el próximo periodo constitucional del gobierno estatal que surgirá de la elección de 2027.
La proyección del “programa” de Ramírez Cuellar es un insulto a la inteligencia de los sinaloenses. El calendario democrático establece una secuencia muy clara: primero ocurre la elección, después el triunfo electoral, luego la toma de posesión y, finalmente, la elaboración del plan estatal de desarrollo. El movimiento de Ramírez Cuéllar invierte ese orden.
Primero propone el “programa”. Luego -eventualmente- vendría la elección. Este simple cambio altera el significado del ejercicio. Lo que se presenta como planeación podría ser, en realidad, la construcción anticipada de una plataforma política.
Hay otro elemento que alimenta las suspicacias. Ramírez Cuéllar es originario de Zacatecas y no forma parte del sistema político sinaloense. Sin embargo, llega al estado a convocar sectores, organizar mesas de trabajo y delinear una agenda que, en condiciones normales, correspondería formular a una futura administración estatal.
Bajo esa lógica, los foros anunciados en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis podrían cumplir una función distinta a la que se anuncia públicamente. Más que elaborar propuestas de desarrollo, podrían estar contribuyendo a ordenar un mapa político y territorial con miras a la elección de 2027.
Si se colocan todas las piezas sobre la mesa -la ausencia de mandato institucional, el origen externo del operador, la anticipación del calendario político y la convocatoria de foros regionales- emerge una hipótesis difícil de ignorar: un diputado federal sin responsabilidad territorial en Sinaloa aparece articulando una agenda que coincide plenamente con el horizonte de la próxima sucesión gubernamental.
Entonces ¿los foros convocados por Ramírez Cuéllar buscan discutir el futuro de Sinaloa o comenzar desde ahora la operación política de la sucesión de 2027? El peor asunto sería que un zacatecano venga a imponer una agenda política a los morenistas de Sinaloa. En la lógica política Ramírez Cuéllar debería estar construyendo Zacatecas, no Sinaloa. Aquí no es su tierra.
