Cannabis en Los Mochis: Entre el derecho y el abismo

Fotos Luz Noticias/Rita Sánchez

Alvaro Aragón Ayala

En Los Mochis ya existe un espacio donde se consume marihuana con permisos sanitarios tramitados ante la autoridad federal. Se llama “Modo Avión” y forma parte de un colectivo que promueve el autoconsumo de cannabis. No, no es un rumor: es una realidad que ya comenzó a instalarse en una ciudad que hasta hace poco se asumía conservadora.

El nuevo negocio no sería extraordinario si ocurriera en Ámsterdam, Vancouver o California. Pero ocurre en Sinaloa. Y en una ciudad donde durante décadas el “tráfico hormiga” de mariguana y su consumo se combatía con detenciones e infracciones “policiacas” y a veces con consignaciones ante las autoridades federales.

Los promotores del hub aseguran que no venden droga, que sólo orientan a ciudadanos para ejercer su derecho al autoconsumo de la yerba mediante permisos otorgados por la autoridad sanitaria. Hablan de educación, de responsabilidad y de derechos individuales. El argumento parece impecable.

Pero detrás de ese alegato existe una “zona gris” que el Estado mexicano todavía no termina de resolver. México no tiene una legislación precisa sobre clubes de consumo de cannabis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho al consumo personal, pero el Congreso nunca construyó una ley integral que regule la “fumadera”.

Bajo ese vacío legal están creciendo estos espacios “de locura”. Lo que hoy se presenta como un ejercicio de libertades individuales podría convertirse, con el tiempo, en una red informal de consumo normalizado. Aquí viene, pues, el problema: cuando una droga comienza a normalizarse socialmente, su impacto deja de ser individual y se convierte en colectivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el cannabis puede provocar deterioro cognitivo, dependencia y trastornos mentales en consumidores frecuentes. Los psiquiatras han documentado vínculos entre el consumo intensivo y episodios de psicosis, ansiedad severa y depresión.

Los efectos se vuelven más preocupantes cuando el consumo comienza a edades tempranas. El cerebro humano sigue desarrollándose hasta los 25 años, y la exposición prolongada a sustancias psicoactivas puede alterar ese proceso.

La marihuana que circula hoy tampoco es la misma de hace cuarenta años. Las variedades actuales contienen niveles mucho más altos de THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta. Es más potente. Y también más impredecible.

Mientras la ciencia debate sus efectos, las iglesias mantienen una postura firme. La Católica sostiene que el consumo de drogas fuera del uso médico constituye una falta grave porque daña la salud y altera la conciencia. El Papa León XIV ha advertido que la droga es una nueva forma de esclavitud que destruye personas y comunidades.

Las iglesias evangélicas coinciden en lo esencial: la normalización del consumo envía un mensaje equivocado a los jóvenes y termina debilitando el tejido familiar. Sin embargo, el problema -ya estridente- no se resolverá en los púlpitos, sino ajustando el marco legal para proteger la salud mental de la población.

Los Mochis acaba entonces de abrir una puerta que hace algunos años habría parecido impensable: un lugar donde el consumo de cannabis se realiza abiertamente bajo el argumento de la legalidad. Si dentro de diez o quince años el consumo se multiplica entre jóvenes y estudiantes, ¿quién asumirá la responsabilidad social de esa decisión?

Y en ese momento ya no se discutirá el derecho a consumir mariguana, sino el costo social de haber normalizado la droga.

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