México paga más de 42 mdp por asesorías para un litigio contra minera canadiense
Atzayacatl Cabrera
La Secretaría de Economía adjudicó cinco contratos a consultoras mexicanas, estadounidenses y canadienses por un monto de 42 millones 165 mil 125 pesos para asesorarse en la disputa legal por el arbitraje internacional que inició la minera canadiense Almaden Minerals Ltd. y Almadex Minerals Ltd. contra nuestro país en 2024.
Almaden, y sus filiales en México, emprendieron un pleito legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el caso No. ARB/24/23, acusando que el Estado mexicano incumplió el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
Lo anterior, luego de que le revocaron dos concesiones mineras en la sierra norte de Puebla; hecho por el que reclaman una indemnización por no menos de 200 millones de dólares más intereses.
Para hacer frente a dicha disputa legal ante el tribunal internacional del CIADI, contrató asesorías para los siguientes dos años, en los que se desenvuelve el caso No. ARB/24/23, el cual inició en 2024.
Con el contrato DGRMA-DGCJCI-CONT-112-2025, la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard pagó un millón 328 mil 200 pesos a Fabian María Aguinaco Bravo, por el servicio de “Contratación de un experto independiente en derecho administrativo con especial énfasis en la revisión de concesiones por autoridad administrativa y tribunales constitucionales para el caso CIADI No. ARB/24/23”.
Mediante el contrato DGRMA-DGCJCI-CONT-106-2025, la Secretaría de Economía pagó un monto de un millón 830 mil dólares, unos 31.3 millones de pesos, a la consultora estadounidense Quadrant Economics por un periodo de dos años, 2026 y 2027, para evaluar los daños económicos que pudieran generar los casos CIADI ARB/24/23 y ARB/24/21, en el que México también es demandado por la minera Bacanora Lithium Limited, Sonora Lithium Ltd. y Ganfeng International Trading.
También, con el contrato DGRMA-DGCJCI-CONT-103-2025, pagó otros 386 mil 375 dólares, unos 6.6 millones de pesos, a la consultora canadiense Watts, Griffis and Mcouat Limited, para el servicio de un “experto independiente en industria minera con especial énfasis en oro y plata para el caso CIADI No. ARB/24/23”.
Además, al consultor mexicano Carlos Federico del Razo Ochoa, la Secretaría le adjudicó el contrato DGRMA-DGCJCI-CONT-103-2025 por un monto de un millón 852 mil 520 pesos por el servicio de un “experto independiente en impacto social con especial énfasis en comunidades rurales o indígenas para el caso CIADI No. ARB/24/23”; y a Gabriela Torres Mazuera, el contrato DGRMA-DGCJCI-CONT-105-2025, por 736 mil 600 pesos, para el servicio de un “un experto independiente en derecho ambiental y cuestiones técnicas regulatorias con especial énfasis en manifestaciones de impacto ambiental para el caso CIADI No. ARB/24/23”.
En todos los casos, la vigencia de la contracción es del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, que aplica tanto para el ejercicio fiscal de 2026, como el de 2027. De acuerdo con los anexos técnicos de los cinco contratos, las consultoras tienen encargos en comùn como elaborar informes para los escritos que presenta México ante el tribunal de arbitraje del CIADI.
Sin embargo, con cada especialista los requerimientos son distintos. Por ejemplo, Fabian Aguinaco —del despacho jurídico Abogados Aguinaco— tiene entre sus funciones analizar el marco jurídico del Proyecto Ixtaca, a partir del derecho minero en México, así como analizar el amparo promovido por la comunidad indígena de Tecoltemi ante la Suprema Corte y a partir del cual le anularon sus concesiones a Almaden.
Por su parte, la consultora estadounidense Quadrant Economics tiene que presentar opiniones, análisis, comentarios y sugerencias sobre los escritos que envía el Estado mexicano al tribunal, y “una evaluación de la suficiencia, adecuación, idoneidad y relevancia de los datos e información documental que respalden la evaluación realizada por el experto en valuación de daños económicos presentada por los demandantes, y una opinión sobre si las hipótesis, supuestos y condiciones están debidamente fundados en dichos datos e información documental”.
La consultora estadounidense Quadrant Economics debe elaborar, por su parte, informes en materia de industria minera para dar respuesta a los informes presentados por los demandantes ante el tribunal internacional.
El abogado e integrante de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, Carlos Federico del Razo Ochoa, se enfocará en el elaborar informes en materia de derecho ambiental para dar respuesta a la parte demandante; y la antropóloga Gabriela Torres Mazuera debe trabajar informes para asesorar a la Secretaría de Economía en materia de pueblos y comunidades indígenas.
