Anulación de elecciones y sanciones mayores a partidos, propuestas para evitar infiltración del crimen en política

Carina García

Evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas a cargos de elección no depende solo de fortalecer los protocolos de selección de los partidos, requiere también sanciones que alcancen a las fuerzas políticas que los postulan e incluso la anulación de procesos; se trata de aumentar el costo político de malas decisiones partidistas, coincidieron especialistas.

Durante los últimos años, el tema ha estado presente en los discursos oficiales y a través de propuestas de ley que buscan el blindaje de las candidaturas, pero los casos se repiten. Una muestra es la reciente detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera , acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien llegó postulado por Morena, aún cuando en su historial tenía acusaciones previas de presunta corrupción.

Establecer medidas de impacto como la llamada “muerte civil”, es decir inhabilitar a personas a las que se hallen vínculos criminales para que no puedan ocupar cargos públicos de por vida, o en casos graves retirar el registro a los partidos políticos que los postulan pese a las alertas, obligaría a éstos a ser más selectivos con sus perfiles, proponen especialistas en elecciones.

“Si realmente queremos evitar que haya representantes del crimen organizado siendo candidatos y después siendo gobernantes en cualquier nivel de gobierno, la sanción debería ir hasta allá, hasta quitarle el registro al partido que lo postuló”, advierte el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Sánchez.

De este modo, los partidos también pondrían mucha más atención en a quién postulan y el modo de hacer campaña, dice el también catedrático del Tecnológico de Monterrey.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, señala que lo que se ha observado en los casos de alcaldes o gobernantes que han resultado con vínculos criminales son dos fenómenos:

• Sin antecedentes: Se trata de personajes que antes de las eleccionesno habían sido detectados o que no eran sujetos a seguimientos o indagatorias por parte de los centros de inteligencia ni de las autoridades responsables de las investigaciones. Esta situación expone que no hay bases de datos ni coordinación entre autoridades.
• Responsabilidad partidista: En otros casos aún cuando existen alertas sobre posibles vínculos de los personajes con el crimen, ya sea a través de denuncias públicas o formales, los partidos políticos deciden postularlos y mantenerlos en el cargo.

La reforma electoral y el crimen

En este mes se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga lista la propuesta de reforma electoral para su envío al Congreso y, que ésta, pueda entrar en vigor para las elecciones federales de 2027. El objetivo prioritario es abaratar el costo de los partidos y las elecciones.

La verdadera urgencia, dice Espinosa Silis, está en delinear una política de Estado que comprometa a las instituciones de seguridad a investigar, dar seguimiento y llevar a prisión a políticos con vínculos criminales, pero también debe existir corresponsabilidad de los partidos, pues afirma que muchos de los casos en donde se han confirmado vínculos criminales eran previsibles.

Mapear el riesgo y encarecer la participación política

El estratega político Espinosa Silis propone detectar las zonas de mayor actividad criminal y hacer un mapeo que permita identificar tanto en el pasado como en el presente dónde hay más incidentes de violencia durante las elecciones. Para dicho registro es importante atender denuncias públicas y formales que puedan incorporarse a un protocolo específico.

Yair Mendoza, investigador de México Evalúa, pone el foco en los recursos y en hacer un seguimiento puntual de las amenazas e indicios de que algún grupo criminal tiene interés en meterse a una elección, ya que la violencia en determinadas zonas puede ser un indicador y poner lupa podría evitarlo.

Hacer este tipo de seguimientos, incluso permitiría a las autoridades contar con elementos que permitan su anulación y encarecer para los partidos el costo de esas decisiones.

“Lo que se tiene que hacer es volver muy costoso que el crimen se meta en una elección y eso sólo se logra a través de un mecanismo interinstitucional, a través del cual se puedan ir anulando elecciones” en ese tipo de casos, indica.

Esta estrategia requeriría de la articulación de diferentes instituciones: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Feadle).

Lo que ocurre en la actualidad, explica Mendoza, es que ante hechos de violencia política solo se asignan elementos de la Guardia Nacional a candidatos y eso no desincentiva a las organizaciones criminales de su intento de interferir en las elecciones y en los gobiernos.

Limitar el acceso al poder

Aunque actualmente hay sanciones económicas para los partidos cuando existen irregularidades en temas como el financiamiento, Espinosa Silis considera que eso no ha tenido un impacto real, por lo que propone medidas más consistentes y cuyas consecuencias sean mayores.

“Lo que sí les duele es que les limiten el acceso a los cargos de poder: la prohibición de que esa candidatura pueda volver a ser postulada, al menos en la siguiente elección o en las siguientes elecciones y sanciones para que los partidos políticos en esa elección no puedan volver a participar como tal”, detalla.

Además de establecer impedimentos a los partidos para participar en comicios, cuando incurran en faltas, otra alternativa que impacta directamente a partidos y candidaturas es la inhabilitación definitiva o permanente, también conocida como “muerte civil”.

“Yo creo que se les debe de inhabilitar del servicio público de por vida. Hay que ser mucho más firme en las consecuencias”. Arturo Espinosa Silis, Laboratorio Electoral.

Mayores facultades al árbitro

Para el consejero del INE, Jaime Rivera, otro de los temas es otorgar facultades al instituto para no otorgar el registro de candidaturas a personas con indicios comprobables de conductas delictivas, pero determinados por las autoridades competentes, no el Instituto. Recuerda que en la elección judicial pasada, se solicitaba al INE “bajar” a candidatos presuntamente ligados a estas conductas.

“Al INE se le debería facultar para que quien esté, según la autoridad competente, ligado a la delincuencia, no pueda ser registrado como candidato. Al INE no le corresponde suplantar ni a la policía ni a las Fiscalías. Y tampoco a la voluntad de los partidos”, advierte.

Para Rivera, dar esa facultad al INE debe partir de establecer qué autoridad judicial será la responsable de presentar las pruebas de la colusión delictiva ante el instituto.

Cancelar el registro al partido

La corresponsabilidad de los partidos políticos en la postulación de candidatos es otro aspecto que los especialistas consideran importante de revisar, sobre todo en los casos en que aún cuando hay indicios o denuncias de nexos criminales deciden postular a determinados candidatos o en los casos en los que hay financiamiento ilícito. En estos casos las consecuencias deben alcanzarlos, dicen los especialistas.

Para el exconsejero Arturo Sánchez la cancelación del registro es la medida más severa, pero debe considerarse dentro de un marco de normas y no de manera aislada.

“Se trata de un conjunto de normativas que permitan que se actúe, que los partidos tengan mayor cuidado en el nombramiento de sus candidatos y que el Estado pueda hacer las investigaciones correspondientes para encontrar este tipo de casos”, indica Sánchez.

Entre las acciones que plantea es una mayor transparencia en los procesos de selección de candidatos, así como conocer sus fuentes de financiamiento.

Un punto, que de acuerdo con Espinosa Silis, hasta ahora ha sido eludido por los partidos.

“Los partidos no quieren entrarle y aunque firman compromisos, se presenta la 8 de 8, para transparentar sus patrimonio o conflictos de interés, al final no pasa nada (…) a todos los partidos se les han ido candidatos y candidatas, la verdad es que de dudosa reputación o con antecedentes”, dice.

De cara a las elecciones de 2027, comenta el experto, los partidos ya deberían de tener proyectado quienes van a ser sus posibles candidatos y ya deberían empezar a investigarlos.