El incierto retorno del diputado Sergio Torres. El atentado también lesionó su proyecto político 

Álvaro Aragón Ayala

Hay hechos que rompen cualquier cálculo y proyecto político. El atentado del pasado 28 de enero en Culiacán contra el diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, pertenece a esa categoría. Un disparo en la cabeza lo mantiene aún hospitalizado, en estado crítico, luchando por la vida. En el mismo ataque, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda resultó gravemente lesionada y perdió un ojo, una secuela irreversible que cambia para siempre el curso de una vida.

Desde entonces, el tiempo corre de otra manera para ellos y para sus familias. La urgencia dejó de ser política. Se volvió vital. En los pasillos del hospital, lejos de los micrófonos y de las estrategias partidistas, se libra una batalla silenciosa: la de la sobrevivencia, la recuperación y la incertidumbre. Un disparo en la cabeza no es sólo una agresión física; es un parteaguas que redefine la vida antes y después del atentado.

La medicina es clara y, al mismo tiempo, implacable. Una herida de bala en el cráneo suele provocar lesiones cerebrales traumáticas de moderadas a severas. Incluso cuando la vida se logra preservar, las secuelas pueden ser profundas y permanentes: dificultades motoras, problemas del habla, pérdida de memoria, trastornos de atención, cambios en la personalidad, convulsiones, cefaleas crónicas y afectaciones emocionales severas como depresión o estrés postraumático.

Nada de esto es especulación. Es la realidad clínica que enfrentan miles de víctimas de violencia armada en el país. En el caso de Sergio Torres el impacto trasciende lo individual, pero no debe invisibilizar lo esencial: el cuerpo humano tiene límites, y la voluntad política no los cancela. Elizabeth Montoya ya enfrenta una pérdida irreversible. Su salida del hospital no significa el fin del proceso, sino el inicio de una adaptación compleja, física y emocional, que la acompañará toda la vida.

Sergio Torres, mientras tanto, permanece en una condición delicada, en coma inducido y con soporte de respiración artificial. Su estado de salud mantiene en suspenso no sólo su futuro político, sino su propio proyecto de vida.

POLÍTICA EN PAUSA Y SILENCIO CONTENIDO

En los días posteriores al atentado, la clase política sinaloense entró en una especie de silencio contenido. Hubo mensajes de solidaridad, comunicados institucionales y llamados genéricos a la justicia. Sin embargo, conforme avanzaron las horas y los días, el tema comenzó a desplazarse de la agenda pública, como si el país estuviera trágicamente habituado a que la violencia imponga su propia normalidad.

El periodista Alejandro Sicairos precisó en su columna del 4 de febrero publicada en Noroeste que, aun en medio de la conmoción, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano continuó operando para evitar un vacío de liderazgo en Sinaloa, en un momento clave de cara a los comicios del próximo año. La estrategia partidista siguió su curso, pausada brevemente por respeto a la situación médica de Sergio Torres, pero sin alterarse de fondo.

EL RETIRO NO PLANEADO

Si Sergio Torres logra superar el atentado, enfrentará un escenario que rara vez se dice en voz alta: la política puede dejar de ser una opción viable. No por falta de voluntad, sino por las exigencias físicas, cognitivas y emocionales que impone una lesión cerebral. La vida pública implica exposición constante, estrés, presión, recorridos, confrontaciones y riesgos. Para alguien que ha estado al borde de la muerte, el simple acto de preservar la estabilidad puede convertirse en una prioridad absoluta.

En esos casos, el retiro no es una renuncia ideológica ni una derrota personal. Es una consecuencia forzada de la violencia. Una salida obligada. Existe otro elemento que suele acompañar a este tipo de atentados, aunque pocas veces se nombra abiertamente: el miedo persistente. Cuando una persona es atacada de esta manera, aun sin conocerse los motivos, queda marcada. La percepción de riesgo se extiende a la familia, al entorno cercano, a la vida cotidiana.

En México, no son pocos los casos de políticos, empresarios, periodistas y activistas que, tras sobrevivir a un atentado, optan por abandonar su lugar de origen. No se trata de cobardía, sino de autoprotección. Cambiar de ciudad o incluso de país se convierte en una estrategia para seguir con vida. Si Sergio Torres sobrevive, la posibilidad de que decida vivir fuera de Sinaloa no sería una forma de reducir riesgos en un contexto donde la violencia rara vez ofrece segundas advertencias.

El SILENCIO QUE PESA

A más de una semana del ataque, los motivos siguen sin esclarecerse. No hay información pública contundente y las autoridades dicen haber detenido a uno de los implicados en el atentado. No se ha visto una exigencia sostenida y firme de justicia desde las cúpulas de Movimiento Ciudadano. Ese silencio genera inquietudes y sospechas.

Este atentado no sólo hiere a dos personas. Quebranta a la política misma que vuelve a mostrar su vulnerabilidad frente a la violencia criminal. Pero, sobre todo, recuerda algo que a menudo se pierde entre discursos y campañas: los políticos también son cuerpos, familias, historias personales.

Hoy, Sergio Torres Félix no es un dirigente, un operador ni un aspirante al gobierno de Sinaloa. Es un paciente. Elizabeth Montoya Ojeda no es una cifra ni un daño colateral: es una mujer que perdió un ojo por ejercer un cargo público. El desenlace aún está abierto. Pero cualquiera que sea, ya hay una certeza: después de las balas, nada vuelve a ser igual. Y esa es la tragedia más profunda que deja la violencia cuando irrumpe en la vida pública.

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