La reforma electoral y la desigualdad del voto

Farah Munayer Sandoval

En la antesala de una nueva reforma electoral, las prioridades parecen concentrarse en rediseñar instituciones, reducir estructuras y modificar reglas que, durante décadas, han garantizado elecciones competitivas y confiables. Sin embargo, poco se ha impulsado aquello que realmente fortalecería la igualdad del voto. Si el objetivo fuera hacer el sistema más democrático, el foco debería colocarse en un problema conocido, documentado y persistente: la sobrerrepresentación legislativa.

México construyó su sistema electoral a lo largo de casi cuarenta años. No fue un diseño improvisado ni ideológico, sino una respuesta gradual a fraudes, conflictos postelectorales y a las demandas de pluralismo y mayor competencia. El resultado fue un modelo complejo, sí; perfectible, también. Pero eficaz: tan solo entre 2014 y 2023 se realizaron, en paz y con certidumbre, más de 300 elecciones en las que se renovaron más de 43 mil cargos públicos. Dicho proceso permitió la alternancia en todos los niveles de gobierno cuando la ciudadanía así lo decidió.

Ese andamiaje no es intocable, pero tampoco es prescindible.

¿Qué es la sobrerrepresentación y por qué importa?

La sobrerrepresentación ocurre cuando un partido político obtiene en el Congreso un porcentaje de diputaciones mayor al porcentaje de votos que recibió en las urnas. En México, la Constitución establece un límite máximo de desviación entre votos y curules —de hasta 8 %— como parte del diseño del sistema de asignación previsto en el artículo 54 constitucional, con el objetivo de evitar distorsiones excesivas en la traducción del voto. Sin embargo, en la práctica, ese margen se ha estirado hasta convertirse en una distorsión sistemática del principio de igualdad del voto.

A través de las reglas de asignación de diputaciones de representación proporcional y de la integración de coaliciones electorales, esa desviación se ha profundizado. Hoy existen votos que “valen más” que otros. Esto no es una abstracción técnica, tiene consecuencias concretas: en la última elección federal, la coalición encabezada por Morena obtuvo aproximadamente 54 de cada 100 votos y terminó con 73 de cada 100 diputaciones en la Cámara. Es decir, una sobrerrepresentación cercana al 20%.

¿El resultado? Una sola fuerza política puede habilitar reformas profundas al diseño institucional del país —incluidos los contrapesos y los órganos autónomos— sin contar con un respaldo ciudadano equivalente.

Este fenómeno no es espontáneo ni reciente. Aunque el riesgo fue identificado desde la reforma de 1996, la distorsión actual entre votos y curules se observa de manera consistente desde 2015. No es exclusivo de una fuerza política ni de una coyuntura específica, aunque su magnitud en los procesos recientes sí resulta inédita.

La paradoja de la reforma electoral: tocar garantías, ignorar la distorsión del voto

Las iniciativas que se han puesto sobre la mesa en los últimos años, particularmente aquellas impulsadas desde el oficialismo, han apuntado en otra dirección.

En 2022, el Ejecutivo y su bancada presentaron una iniciativa constitucional para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Entre otras propuestas, el documento reducía de manera arbitraria la estructura del INE, eliminaba la lógica de un Servicio Profesional de Carrera autónomo, trasladaba el padrón electoral al gobierno y pretendía elegir a las consejerías —su órgano de dirección— mediante voto popular. No se trataba de robustecer el sistema, sino de debilitarlo bajo el pretexto del ahorro.

Aunque la propuesta no alcanzó la mayoría calificada requerida, dejó claro el rumbo político de quienes hoy impulsan una nueva reforma. No es casual, entonces, que las propuestas actualmente en discusión retomen buena parte de esa lógica. Ojalá que las audiencias públicas realizadas para escuchar a personas expertas en materia electoral en todo el país hayan logrado exponer los riesgos de desmantelar capacidades técnicas, romper la lógica de profesionalización o politizar órganos clave.

Sobrerrepresentación y democracia sustantiva

Eliminar o reducir la sobrerrepresentación no es una demanda radical ni antisistémica. Es, en realidad, una exigencia profundamente democrática. Implica asumir que cada voto debe tener el mismo peso y que la traducción de los votos en representantes populares debe ser lo más fiel posible.

Además, la sobrerrepresentación tiene efectos indirectos sobre otros principios democráticos: distorsiona la pluralidad, reduce los incentivos para la negociación política y debilita los mecanismos de control y contrapeso que dependen de una representación equilibrada.

Si el discurso oficial insiste en “fortalecer la democracia”, resulta difícil justificar que este tema permanezca ausente del debate. Más aún cuando existen alternativas viables: ajustes a las fórmulas de asignación, límites más estrictos a la desviación permitida o mecanismos que impidan que las coaliciones simulen mayorías que no existen en las urnas.

Una advertencia necesaria

La reforma electoral que hoy se discute no ocurre en el vacío. Se plantea en un contexto de alta polarización, desconfianza institucional y concentración de poder. En ese escenario, tocar las garantías del voto sin corregir sus distorsiones reales representa un riesgo que no deberíamos asumir.

La igualdad del voto no ha sido un regalo de las instituciones, sino una conquista social sostenida. A lo largo de la historia, el avance hacia un voto igualitario ha respondido a una misma exigencia democrática: que la voluntad ciudadana se traduzca en condiciones reales de igualdad. Por eso, cuando hoy se plantean distorsiones estructurales como la sobrerrepresentación, no se está mejorando el sistema; se está erosionando una conquista democrática.

* Farah Munayer Sandoval es cofundador de Aúna. Especialista en gobernanza democrática e integridad electoral.