“No tenemos seguro social, menos una silla”: la Ley Silla entra en vigor, pero no llega a los guardias de seguridad
Erik López
Enrique cambia discretamente el peso de un pie al otro. Levanta ligeramente los talones, flexiona las rodillas y balancea el cuerpo. Lleva más de 10 horas de pie, sin sentarse, custodiando la puerta de una tienda de autoservicio en el norte de la Ciudad de México. Esto, a pesar de que, desde el pasado 15 de diciembre, la llamada “Ley Silla” es plenamente exigible en todo el país.
Según la reforma a la Ley Federal del Trabajo, Enrique debería tener acceso a una silla con respaldo y a periodos de descanso regulados. Sin embargo, su realidad es otra. “Nos han dicho que no han modificado el reglamento y por eso no tenemos sillas. Así, tal cual”, explica el vigilante de 59 años a La Silla Rota.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estableció que, tras un periodo de transición de 180 días, todas las empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios deben haber adecuado sus instalaciones y reglamentos internos. La norma prohíbe obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada. Pero en el sector de la seguridad privada, la disposición legal ha chocado con la cultura organizacional y las exigencias de los clientes.
La brecha entre la ley y el puesto de trabajo
Enrique Gómez entró al rubro de la vigilancia hace dos años, tras jubilarse y no encontrar trabajo en el sector inmobiliario por su edad. Hoy trabaja 72 horas a la semana, doce horas diarias, de lunes a sábado, por un sueldo de 10 mil pesos mensuales.
“Es muy fatigante. Además, usamos botas que no son flexibles, entonces es más cansado todavía. Llego a la casa agotado”, afirma.
A pesar de que la ley busca prevenir lesiones circulatorias y musculares, en su centro de trabajo no se ha entregado una sola silla.
Del otro lado de la ciudad, la historia no es diferente. Roberto, un expolicía con diabetes que trabaja como vigilante en un centro comercial, cuenta los días con ansias.
Dice que renunciará el 20 de diciembre, después de que le den su aguinaldo. Esto debido a que sólo gana 4 mil 200 pesos mensuales, no tiene prestaciones ni Seguridad Social, y menos una silla donde descansar, a pesar de la nueva ley.
“Hay compañeros que tienen dos años aquí y no tienen seguro social. No dicen nada por miedo. Cuando hay juntas y alguien alza la mano para hablar de sus derechos, lo atacan”, afirma.
“Es una chinga, la verdad. Ya sé que esto de las sillas es formal y legal, pero aquí no se aplica. Uno está aquí por necesidad, pero a veces dan ganas de actuar legalmente para que paguen los derechos que deben pagar como cualquier empresa, porque la mayoría no lo hace”, reclama.
Vigilantes usan botes ante la falta de sillas
Durante un recorrido realizado por La Silla Rota se constató que pocos son los trabajadores de vigilancia que tienen un silla en centros comerciales y tiendas departamentales.
Ante ello, los trabajadores recurren a soluciones informales. Algunos utilizan botes de pintura invertidos o se apoyan en los bordes de estructuras cerradas cuando no hay supervisores presentes.
”Es difícil cumplir por las exigencias de los clientes”
Omar Romero Gutiérrez, empresario de seguridad privada y representante de la firma DAROMI, admite que el cumplimiento de la ley no depende exclusivamente de las agencias de seguridad, sino de las condiciones impuestas por los clientes externos.
“Hay servicios donde no es favorable a su aspecto que el guardia tenga una silla. Aunque la ley lo marca, no dan la pauta para realizarlo”, explica en entrevista.
“Muchas veces los gerentes de las tiendas dicen que sí pueden sentarse, pero que escondan el banco atrás del aparador o que lo lleven a la bodega. En lo que el guardia va por el asiento y regresa, se pierden minutos de vigilancia y el cliente reclama”, señala el empresario.
Incluso cuando la empresa proveedora intenta suministrar bancos tipo “periquera” o sillas plegables, los clientes suelen rechazarlos por considerar que rompen con la estética del establecimiento.
A esta resistencia se suma el desconocimiento técnico de la ley. A pesar de los comunicados de la STPS, Romero Gutiérrez afirma no tener claras las consecuencias legales. “El comunicado señalaba que a partir de la fecha se podían sentar, pero sanciones como tal no venían especificadas. Desconozco cuál sería la sanción económica”, admite.
Un sector de 866 mil trabajadores
El incumplimiento de la Ley Silla afecta a una de las fuerzas laborales más extensas del país. Según cifras de la Secretaría de Economía, en México hay 866 mil personas trabajando como vigilantes y guardias de seguridad en establecimientos.
El perfil promedio es el de un hombre de 44.8 años que labora 57.8 horas semanales, cifra que supera el límite legal de 48 horas.
El salario promedio mensual del sector se ubica en los 6 mil 650 pesos, aunque existe una marcada brecha de género: los hombres perciben en promedio 6 mil 880 pesos, mientras que las mujeres, que representan el 17.4% de la fuerza laboral, ganan sólo 5 mil 560 pesos.
Las entidades con mayor presencia de estos trabajadores son el Estado de México (137 mil personas), la Ciudad de México (75 mil 400) y Jalisco (58 mil 800).
Asimismo, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) indica que, para 2024, México registraba 6 mil 362 empresas de seguridad privada, un aumento del 2.01% respecto al año previo.
A pesar de este crecimiento corporativo, para trabajadores como Enrique y Roberto, la formalidad laboral sigue sin traducirse en el derecho básico de contar con una silla durante su jornada.
