Solo 65% de mexicanos con acceso al agua y no siempre de buena calidad
Alejandro Páez
Una vez que se aprobó la Ley de Aguas entre fuertes cuestionamientos, advertencias y movilizaciones de organizaciones campesinas, el reto ahora es garantizar el derecho humano del acceso a este vital líquido donde solo el 65 % de la población tiene acceso a ella y eso por periodos y no siempre de buena calidad.
Sumando a ello, México sufre una disminución alarmante del 7% de disposición de agua en las viviendas en los últimos 8 años, lo que afecta a millones de mexicanos.
Según el INEGI, el porcentaje de viviendas con disponibilidad diaria de agua ha ido disminuyendo, ya que mientras en 2016 el 72% de las viviendas tuvo disponibilidad diaria, para el 2024 este porcentaje disminuyó al 65.5%
Aunado a lo anterior, a nivel estatal también existen importantes variaciones, mientras en Nuevo León el 96.2% de las viviendas tienen disponibilidad diaria de agua, en Baja California Sur solo la tienen el 20.9%
De acuerdo a la Conagua, el mayor porcentaje de agua se destina al sector agrícola, que representa el 76%, seguido del abastecimiento público con el 15%, industrial con el 5% y termoeléctricas con el 4%.
El análisis “Consideraciones sobre el derecho humano al agua en México”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, advierte que la situación actual para garantizar el derecho humano del agua en México presenta retos importantes, ya que, aunque la mayoría de la población cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, el suministro diario ha venido disminuyendo.
El documento estableced que en México el derecho humano al agua está garantizado por el artículo 4º constitucional, pero esto solo es en teoría, pues no todos los mexicanos tienen acceso a este vital líquido.
En México el 80.7% de la población cuenta con agua entubada dentro de la vivienda. Sin embargo, solo el 65.5% tiene disponibilidad diaria.
Eso sin contar que casi el 50% de los cuerpos de agua en México tienen mala calidad, según la Conagua.
El documento estableced que el sector agrícola concentra la mayor parte de las extracciones de agua potable con el 72%, seguido de la industria con el 15% y el uso doméstico con el 13%.
No obstante estos porcentajes varían según el país, ya que las naciones de mayores ingresos utilizan más agua para la industria, mientras que los de menores ingresos la destinan al riego agrícola.
En el caso de México, el mayor porcentaje de agua se destina al sector agrícola, que representa el 76%, seguido del abastecimiento público con el 15%, industrial con el 5% y termoeléctricas con el 4% , según cifras de la CONAGUA.
Sin embargo, el porcentaje de población con agua entubada presenta variaciones en el país. Mientras en Aguascalientes el 97.2% tiene agua entubada en la vivienda, en las entidades federativas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca menos del 50% de la población tiene agua entubada dentro de la vivienda, según el INEGI.
Estos datos muestran la existencia de desigualdades en el derecho humano al acceso al agua.
El pasado 4 de diciembre, entre mantas, protestas de productores y campesinos, el Senado aprobó en “fast track” y sin cambiarle una sola coma, la nueva Ley General de Aguas que define las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos y elimina la transmisión de concesiones entre particulares.
Esta ley establece que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión y que cualquier movimiento de volúmenes deberá hacerse únicamente mediante reasignaciones autorizadas por la Autoridad del Agua mediante procedimientos expeditos.
“Expropiar el agua, es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo”, se leía en una de las mantas que el PAN colgó en el pleno del Senado.
Según el dictamen, con las modificaciones aprobadas el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
