Avances históricos en seguridad: México camina hacia la paz con resultados concretos
Ulises Lara López
En un país que ha vivido largos ciclos de violencia, los avances recientes en seguridad no deben observarse solo como un conjunto de cifras, sino como señales de un viraje estructural en la manera en que el Estado comprende, atiende y transforma las dinámicas delictivas. La reducción sostenida de los homicidios dolosos, confirmada por las últimas evaluaciones presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, expresa un fenómeno más complejo: el alineamiento de capacidades institucionales, decisiones políticas y trabajo territorial que empiezan a modificar inercias que por años parecían inamovibles.
La tendencia descendente, documentada por una disminución cercana al 37% en la incidencia diaria entre 2024 y 2025, cobra sentido cuando se inserta en el análisis más amplio de la política pública en curso. No se trata únicamente de una baja puntual; es la consolidación de un patrón continuo que comienza a observarse en territorios particularmente afectados, donde las intervenciones federales y locales se han articulado con mayor precisión. Zacatecas, Chiapas o Quintana Roo muestran, en ese sentido, que la coordinación entre instituciones, el uso de inteligencia y la intervención social simultánea permiten incidir en contextos históricamente complejos.
El impulso legislativo es otro elemento que explica este momento. La aprobación unánime de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fortalece la respuesta penal frente a un delito de alto impacto y consolida un consenso político inusual en torno a un problema que afecta la vida cotidiana de millones de personas. La persecución de oficio, el registro obligatorio de chips y los mecanismos de protección a víctimas muestran que el país está transitando hacia marcos regulatorios que acompañan la estrategia de seguridad, en lugar de rezagarla.
Paralelamente, la estrategia nacional contra la extorsión revela cómo la política pública combina herramientas preventivas y de control institucional. La ampliación de capacidades del número 089, el bloqueo de señales en centros penitenciarios y la eliminación de antenas que alimentaban esquemas delictivos, no deben verse como acciones aisladas. Son medidas que corrigen fallas estructurales del sistema de seguridad, especialmente la operación delictiva desde cárceles, uno de los problemas más persistentes en México.
En el ámbito operativo, las fuerzas federales han sostenido una presencia estratégica que ha permitido desarticular redes criminales, decomisar sustancias y asegurar armas y laboratorios. No es la estadística lo que importa, sino el patrón: el Estado ha recuperado facultades operativas que en años pasados se encontraban debilitadas, y lo ha hecho mediante intervenciones más selectivas, sustentadas en inteligencia y articulación con autoridades locales.
Sin embargo, quizá el cambio más profundo, y el que tendrá efectos más duraderos, se encuentra en la estrategia de atención a las causas de la violencia. En municipios con altos niveles de vulnerabilidad, la acción pública se ha concentrado en reconstruir entornos comunitarios, acercar servicios, recuperar espacios y atender a jóvenes y familias. Para comprender el impacto real, es necesario observar que estas intervenciones no sustituyen a las acciones de seguridad, sino que las complementan: mejoran las condiciones estructurales que sostienen los ciclos delictivos, fortalecen el tejido social y generan entornos menos propensos a la violencia.
Cómo verán, México está entrando en una etapa distinta de su política de seguridad. Los resultados recientes, más allá de interpetarse como un punto de llegada, debe considerarse como una señal de que el diseño estratégico comienza a rendir frutos: coordinación efectiva, reformas legales oportunas, inteligencia operativa y una base social que se reconstruye desde el territorio. En conjunto, estos elementos apuntan a una transición hacia un modelo de seguridad más equilibrado, que combina control institucional con justicia social.
Éste es, quizá, el mensaje más relevante: la paz se construye cuando el Estado logra integrar sus capacidades y orientar sus esfuerzos hacia un mismo objetivo. Los avances presentados por la presidenta Sheinbaum muestran que México se encuentra en ese camino. Y si la consistencia de las políticas se mantiene, el país podrá avanzar hacia una fase en la que los resultados no solo sean visibles en las cifras, sino tangibles en la vida cotidiana de las personas.
