Ernestina Godoy ‘hereda’ una FGR con retos presupuestales y en procuración de justicia
Carina García y Lidia Arista
La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) será el inicio de una nueva etapa para la procuración de justicia en un país marcado por la violencia y en el que la autonomía y la profesionalización del personal serán claves.
La nueva fiscal arranca su encomienda con una institución con menos presupuesto y escasez de policías ministeriales con formación científica y con el reto de reducir los altos niveles de impunidad.
De acuerdo con el INEGI, de los 33.5 millones de delitos cometidos en 2024, solo 0.8% tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público, es decir, la cifra fue impunidad fue de 99.2%.
Al comparecer ante el Senado, la hasta hace unos días consejera de la Presidencia prometió que no habría impunidad ni se fabricarán culpables. “No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, sostuvo.
Justicia con menos presupuesto
La FGR que dejó Alejandro Gertz Manero representará un riesgo para Ernestina Godoy, no solo por la carga de trabajo que hay, también por falta de recursos económicos y personal especializado.
“Persistirá la falta de recursos, la insuficiencia de elementos de la Policía Federal Ministerial y las políticas que, en lugar de aumentar este personal y profesionalizarlo, tienden hacia reducirlo y con ello a minar las capacidades de la Fiscalía”, expone el abogado penalista Gabriel Regino.
En la pasada discusión presupuestal, la FGR solicitó un presupuesto para 2026 de 21,059 millones de pesos, pero se le autorizaron 20,240 millones de pesos, es decir 819 millones de pesos menos, sin que los diputados o el dictamen sujeto a votación justificara los motivos.
De acuerdo a la planeación presupuestal de la FGR, uno de sus principales rubros de gasto es la Policía Federal Ministerial, que –de acuerdo al Censo Nacional de procuración de Justicia Federal y Estatal– suma 20,214 elementos.
Para Gabriel Regino, un verdadero cambio comenzaría con la convocatoria para formar más personal profesional, pues esta es una tarea exclusiva de la FGR y que no le compete ni a los jueces ni a la Corte.
“Quienes hacen la investigación pues son precisamente agentes policiales de la FGR que lamentablemente han sido reducidos paulatinamente por decisiones erróneas de muchas administraciones”, señala.
Ángel Briones, experto en Derecho y profesor de la Universidad Intercontinental, explica que ante la complejidad que representa la procuración de justicia y la carga laboral que tiene, se requiere que a los cargos clave lleguen personas preparadas y con experiencia.
“La Fiscalía General de la República tiene una estructura demasiado amplia y compleja. Se tienen que valorar muchos perfiles para que vengan a sumar, ese es el principal reto, revisar el perfil de posiciones que son estratégicas, relevantes, de mucho poder. Se requieren perfiles de gente capacitada, gente capaz de transformar la fiscalía”, indica.
Susana Camacho, abogada y coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, explica que lo que se busca en la procuración de justicia es que se base en pruebas y se profesionalice a todo el personal para que tuviera las capacidades suficientes para armar bien casos.
No obstante señala que Gertz presentó su propia Ley Orgánica de la FGR y una de las cosas que se modificaron fue el servicio profesional de carrera para que los fiscales tuvieran las condiciones laborales suficientes y para realizar su trabajo sin necesidad de estar dependiendo de las órdenes del fiscal en turno.
Por su parte, Cristina Reyes, investigadora de la organización México Unido Contra la Corrupción (MUCD), señala que para poder de verdad arreglar el sistema de justicia, lo primero que se tiene que arreglar son las fiscalías, que son las que se dedican a investigar delitos y que es donde está el cuello de botella para muchas personas que son víctimas del delito.
Tras la salida de Gertz Mandero, funcionarios cercanos a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron elegidos para controlar áreas clave en la Fiscalía General de la República.
Se trata de César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y Héctor Elizalde Mora quien quedó al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ambos funcionarios formaron parte también del equipo de trabajo de Godoy durante su tiempo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
¿Colaboración o subordinación?
Arropada por el partido en el gobierno, Morena, y por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien la calificó de una mujer “honesta”, Ernestina Godoy fue electa como la segunda titular de la Fiscalía General de la República, autónoma desde 2018.
Aunque su llegada se da entre críticas y bajas expectativas de autonomía respecto al Poder Ejecutivo, expertos sostienen que esa cercanía y antecedente de colaboración entre Godoy, Sheinbaum y Omar García Harfuch podrían usarse para que haya una coordinación en el combate a la violencia.
“Se requiere de una coordinación más eficiente con el órgano que persigue los delitos y que a su vez tiene la facultad de investigarlos, la FGR, pero no se requiere un enfoque centralista”, plantea Arturo Villarreal, integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara.
La presidenta Sheinbaum manifestó que como parte de su estrategia de seguridad, es necesario que haya coordinación entre el gabinete de seguridad y la Fiscalía, lo que aclaró, no está peleado con la autonomía que está constitucionalmente garantizada para la FGR.
“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República. Pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental; y disminuir la impunidad, como lo hemos platicado en varias ocasiones”, dijo la presidenta el pasado jueves en su conferencia matutina.
La investigadora de México Unido Contra la Corrupción (MUCD) señala que con Gertz no fue así y ejemplifica que parte de la falta de coordinación se dio en el tema de desapariciones.
“La Fiscalía General se negaba completamente a colaborar con otras instituciones. Aquí tenemos el ejemplo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que le pedía a la Fiscalía General que colaborara en la búsqueda de personas desaparecidas, y el fiscal general se negó rotundamente y nunca quiso cooperar en estos actos de investigación”, afirma.
Pero en esa coordinación, puede haber un desafío: evitar se trasgreda la autonomía, pues históricamente los gobiernos buscan tener el control de la institución que se encarga de la procuración de justicia porque suelen incurrir en una impartición selectiva.
“Las fiscalías históricamente han sido utilizadas como un instrumento de control político tanto para combatir a los adversarios políticos como para hacer que funcionen pactos de impunidad, esto varía de sexenio en sexenio, pero ningún partido quiere soltar el poder que significa controlar una fiscalía y saber a quién se acusa y a quién no”, explica Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia en la Fundación para la Justicia (FJEDD).
Es fundamental tener una fiscalía autónoma justamente para poder romper pactos de impunidad, pactos de corrupción y poder empezar a construir un país en paz, porque tenemos niveles de violencia altísimos. Marisol Méndez, coordinadora en FJEDD.
A Gertz Manero se le criticó la falta de sentencias en grandes casos o porque exfuncionarios fueron detenidos y salieron de prisión, entre ellos Rosario Robles, Emilio Lozoya Austin, Alonso Ancira y el abogado Juan Collado.
En ese sentido, fue uno de los aciertos de Godoy como fiscal de la Ciudad de México: fortaleció la investigación de delitos, lo cual es clave para la procuración de justicia.
“Durante su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy logró algo que muy pocos fiscales capitalinos pueden presumir: mantener una línea estratégica clara. Apostó por fortalecer la investigación de delitos de alto impacto, integró unidades especializadas contra feminicidios y trató —con resultados razonables— de profesionalizar procesos que históricamente habían dependido de “jefes de grupo” más que de criterios técnicos”, plantea el columnista de Expansión Caleb Ordoñez.
