Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Pedro Mellado Rodríguez

Hay asuntos a los que los políticos prefieren sacarles la vuelta. Y más cuando son incómodos y cuando pueden salpicar de inmundicias a personajes de singular relevancia y de diferentes orígenes políticos y partidistas. Sin pestañear siquiera, se ponen de acuerdo para no hacer olas y esperar que el tiempo y la amnesia social borren las huellas de su desidia, irresponsabilidad o complicidades, como sucede con el doloroso caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, identificado como un sitio de adiestramiento de reclutas para el crimen organizado y presunto sitio de exterminio, en el que las autoridades ya no han querido escarbar.

La noticia más reciente sobre el caso trascendió el 9 de julio del 2025, cuando se informó que los 10 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que presuntamente operaron el Rancho Izaguirre, fueron sentenciados a 141 años y tres meses de prisión. No tiene caso ni siquiera citar los nombres de los presuntos sentenciados, porque finalmente, la pregunta que toda la gente se plantea es: ¿ningún funcionario público, de los tres niveles de Gobierno, será investigado a fondo y sometido a proceso por sus posibles negligencias, omisiones o complicidades con el grupo delictivo dominante en Jalisco? ¿En verdad no hubo ninguna autoridad involucrada? ¿Ningún funcionario público sabía lo que sucedía en ese dantesco lugar?

Las 10 personas sentenciadas, detenidas el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, fueron declaradas culpables de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado, esto con respecto a las únicas tres víctimas localizadas en ese lugar de torturas y exterminio.

Después de que el Rancho Izaguirre fue asegurado por las autoridades en septiembre del 2024, ninguna dependencia del Gobierno estatal o federal se hizo responsable de resguardar adecuadamente las evidencias de los crímenes que pudieron haberse cometido en el lugar.

Fue hasta marzo del 2025 cuando miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron que encontraron en el lugar tres crematorios de cuerpos, restos de dientes, ropa y cientos de zapatos abandonados.

Una persona que participó en la exploración del Rancho Izaguirre relató al periódico Mural de Guadalajara, en una publicación del 6 de marzo del 2025, que localizaron enterradas estructuras de piedra y ladrillo que eran usadas como crematorios para calcinar cuerpos. “Al parecer hacían los pozos, quemaban los cuerpos y se tapaban de vuelta”, relató un miembro del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco.

En marzo del 2025, el Fiscal General de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores halló crematorios y restos óseos, no se alcanzó a revisar bien en septiembre del 2024 porque el predio era muy grande.

En esa temporalidad, el responsable de Fiscalía General de Jalisco, en la administración del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, era Luis Joaquín Méndez. Blanca Trujillo era la Fiscal en personas desaparecidas y actualmente se desempeña como titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

El 20 de marzo del 2025, al enumerar las fallas y omisiones en torno al caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo responsable al Gobierno del estado de serias omisiones.

El periódico Reforma las enumeró de esta manera:

Omisiones que señaló Gertz al trabajo de la Fiscalía de Jalisco, que desde que hace seis meses supo del “narcorrancho” de Teuchitlán:

• Hallaron restos óseos y no hicieron peritajes.
• No rastrearon huellas dactilares.
• No registraron calzado ni ropa hallada.
• No procesaron autos hallados y tres de esos automotores ya habían desaparecido.
• No notificaron a la Fiscalía General de la República por armas de alto calibre y delincuencia organizada.
• No se llamó a declarar al Alcalde de Teuchitlán ni al Comisario de Policía.
• No se investigó al dueño del rancho.
• Se dejó sin vigilancia el rancho que presumiblemente ya estaba asegurado.
• No se estableció algún vínculo de encubrimiento de autoridades con cárteles.
• No se reportó que una víctima declaró que la ropa encontrada en el rancho la dejaron personas reclutadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
• No se documentó que credenciales halladas en el rancho eran de sicarios detenidos en otros Estados.

Finalmente, el 24 de marzo del 2025, el Fiscal General de la República anunció que la dependencia a su cargo asumiría las investigaciones relacionadas con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Dijo Gertz Manero que la Fiscalía General de la República tomó posesión del Rancho Izaguirre, debido a que ya se había integrado una carpeta de investigación federal, tras la detención de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cargo de adiestrar a nuevos elementos del grupo criminal en ese predio.

“Está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí”, afirmó Gertz Manero en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el 24 de marzo del 2025.

El pasado 4 de mayo del 2025, el periódico español El País informó de la detención del Alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, por su vinculación con el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, al menos, como centro de operaciones y reclutamiento. Hasta la fecha es la única detención relevante de un funcionario relacionado con el caso.

Para nada la autoridad ha citado a comparecer sobre el asunto al exgobernador Enrique Alfaro Ramírez o al actual mandatario Pablo Lemus Navarro, que en diferentes momentos y circunstancias, pero con el mismo énfasis, presumieron su amistad con el Edil de Teuchitlán. Tampoco se tiene noticia de que hayan sido invitados a comparecer el exfiscal estatal de Jalisco Luis Joaquín Méndez o Blanca Trujillo, quien era la Fiscal en personas desaparecidas y actualmente se desempeña como titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

Si alguien imagina que el asunto del Rancho Izaguirre será profesionalmente investigado y sancionados los operadores, los cómplices y los encubridores, pierda todas esperanza, pues recuerden que en manos del actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nada avanza y todo se diluye, como cubos de hielo en un vaso de agua. Al caso del Rancho Izaguirre ya le echaron tierra, al estilo Jalisco, porque en esta región marcada por el dolor, la angustia y la desesperanza, nadie es culpable, porque todo desaparece en fosas clandestinas.