La multa del “insaciable” juez Cogan es superior al presupuesto del gobierno de Sinaloa y a la fortuna de varios sinaloenses

Álvaro Aragón Ayala

La multa reparatoria que dictó “el insaciable” juez estadounidense Brian Cogan a Ismael -El Mayo- Zambada de 15 mil millones de dólares (280 mil millones de pesos), supera el presupuesto anual de poco más de 70 mil cuatro millones de pesos del gobierno de Sinaloa, y si los cálculos de las autoridades de los Estados Unidos son reales la fortuna del sinaloense, a quien los “gringos” le atribuyen delitos graves, rebasa o compite con la riqueza de Agustín y Enrique Coppel Luken, del Grupo Coppel, de Jesús Vizcarra Calderón de Sukarne, de Fernando González Corona, presidente de Tafer Hotels & Resort, Villagroup y CPS Media, y de Juan Manuel Ley del Grupo Ley.

Según el “acuerdo de culpabilidad”, El Mayo aceptó que el gobierno de Estados Unidos pueda asegurar sus bienes a discreción en caso de que no cumpla con el pago de los 15 mil millones de dólares antes de su sentencia el próximo 13 de enero. También se comprometió a presentar una declaración completa de sus bienes como parte del consentimiento para que las autoridades las puedan asegurar hasta llegar a la cantidad establecida en la multa. Una lista de bienes podría desencadenar un “efecto dominó” y la apertura de una serie de investigaciones del gobierno estadounidense para identificar prestanombres, “lavadores de dinero” y socios potenciales de Ismael Zambada. 

Los investigadores “gringos” están sorprendidos de la capacidad operativa del sinaloense que supo montar todo un engranaje soterrado para ocultar su fortuna que se calcula en cerca de 30 mil millones de dólares (560 mil millones de pesos), quizá el doble de la multa reparatoria. Revelar una lista de propiedades y negocios colocaría en riesgo toda la estructura dedicada a administrar esas narcoempresas. Estados Unidos utiliza el decomiso civil y el decomiso penal para confiscar dinero y propiedades del narco. El decomiso civil implica la confiscación de bienes que se cree están relacionados con actividades ilegales, incluso si no hay una condena penal. El decomiso penal se realiza como parte de un proceso judicial en el que una persona es condenada por un delito, lo que permite confiscar los bienes obtenidos o utilizados en la actividad ilícita.

En 1984, durante la Administración Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral para el Control del Delito en la que se facultó al Departamento de Justicia para ejecutar un Fondo de Decomiso de Bienes (FDB) El artículo 28 del Código de Estados Unidos faculta al Fiscal General invertir los bienes decomisados en gastos de operación e investigación, o pago a víctimas y proveedores externos. Las multas se utilizan para el “pago de horas extras, viajes, combustible, capacitación, equipo y otros costos similares de los oficiales de las fuerzas del orden estatales o locales”.

Los opositores al injerencismo yanqui en los países narcotizados o criminalizados por el presidente Donald Trump, abanderan la tesis del abogado del Instituto Cato, Randal John Meyer, quien planteó que “el FBI tiene un enorme interés en confiscar la mayor cantidad de activos, ya que estos fondos se utilizan para financiar la agencia”. La financiación con utilidades del narco evidenciaría por qué el Departamento de Justicia y sus agencias relacionadas -FBI y la DEA- mantienen un interés especial en delincuentes millonarios.

Desde esa perspectiva, el apetito “recaudatorio” del Juez Brian Cogan -empujado por el FBI y la DEA- es insaciable. No tiene límites. Van también por los personajes que operan como prestanombres, lavadores de dinero y socios del andamiaje que armó Ismael -El Mayo- Zambada, quien, de acuerdo al monto de la fortuna calculada judicialmente, sería hipotéticamente el tercer hombre más rico de México tomando en cuenta el listado de la revista Forbes. El combate al narco queda, pues, en segundo plano: lo que les interesa a los “gringos” son las ganancias.

Únicamente Carlos Slim Helú (82 mil 500 millones de dólares) y Germán Larrea Mota Velasco (28 mil 600 millones) contarían con fortunas superiores, quedando el Mayo Zambada por encima de figuras como María Asunción Aramburuzabala (9 mil millones) o Alejandro Baillères Gual y familia (9 mil millones), y también arriba de las riquezas de los sinaloenses Agustín y Enrique Coppel, Jesús Vizcarra, Fernando González y Juan Manuel Ley.

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