La “purga” del clan de Adán Augusto
El gobierno de Sheinbaum y un importante segmento de la clase política ligada al obradorismo lucen determinados a extirpar de sus filas al clan familiar que encabeza Adán Augusto López, como parte de una recomposición del poder a nivel nacional, pero en particular en la región sur-sureste, tanto en materia política y de grupos empresariales afines como en la implantación del crimen organizado.
A la luz de esta determinación, puede ser sólo instrumental y cosmético el debate sobre la cercanía de López Hernández con su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, creador de “La Barredora” con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de un conocido jefe policiaco con fama de corrupto desde el gobierno estatal de Manuel Gurría (1992-1994), en el que Adán Augusto sirvió incluso desde la Secretaría de Gobierno. Pero sus “pecados” van mucho más allá.
López Hernández, líder senatorial de Morena, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco bajo el aliento de su amigo y paisano el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es el vértice de un grupo también presente en Chiapas, Campeche y regiones sureñas de Veracruz, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentó durante los últimos años desplazar a la mafia de Sinaloa, lo cual atrajo una guerra endémica entre sicarios de ambos grupos.
De acuerdo con testimonios de personajes cercanos a esta historia, que entrevera los intereses de políticos ambiciosos con grupos criminales, el senador morenista es sólo la pieza más visible de una facción de la 4T que durante el sexenio lopezobradorista tuvo como principal aunque discreto actor a su hermana, Rosalinda López, fallecida súbitamente a los 56 años en julio de 2024.
De la mano de López Obrador y en el lapso de 20 años, ella fue cinco veces legisladora federal y local, el poder real durante el gobierno chiapaneco de su esposo, Rutilio Escandón (2018-2024), además de directiva clave en el SAT. Al morir, estaba por ingresar por segunda vez al Senado; se le atribuía la propiedad de una cadena de empresas fantasma, negocios múltiples y, de acuerdo con múltiples evidencias, una fortuna usada en parte para apuntalar la carrera política de su hermano Adán Augusto -incluida su precandidatura presidencial de 2023. Para ello se habría apoyado en la hermana mayor de ambos, Silvia López Hernández, esposa del actual senador morenista Humberto Mayans Canabal, amigo de juventud del expresidente.
Rosalinda López, que formalmente sólo dirigía al DIF chiapaneco -si bien con un presupuesto estimado en 2,000 millones de pesos-, pobló al gobierno de su esposo con tabasqueños bajo sus órdenes en posiciones clave: obras públicas, finanzas, salud, seguridad pública…
Fue durante el gobierno Rutilio-Rosalinda que estalló la confrontación entre el CJNG y Sinaloa, con una galería de actores cuya trayectoria sangrienta aderezaría una narco-serie de televisión. La secuela incluiría un episodio en el que uno de los narcotraficantes regionales más afamados, presunto descendiente de un legendario capo sinaloense, logró colar a uno de sus pistoleros en una relación sentimental con una integrante de la familia de quien despachaba en el palacio de Tuxtla Gutiérrez.
El reordenamiento de las cosas comenzó en Tabasco y en Chiapas con el arribo de los nuevos gobiernos estatales, a cargo, respectivamente, de Javier May y de Eduardo Ramírez. Ambos han renegado de sus antecesores y correligionarios, Adán Augusto y su eterno suplente, Carlos Merino, así como Rutilio Escandón. La siguiente etapa debería incluir la defenestración de estos tres y quizá otros cercanos.
Por lo que toca al narcotráfico en la región, la violencia ha disminuido en ambas entidades. Reportes de inteligencia indican que “La Barredora” está en proceso de extinción. Sin embargo, tanto en Chiapas como en Tabasco y aun en Veracruz, el cártel de Sinaloa está de regreso, por conducto de la facción conocida como “Los Mayitos”. Pero eso es otra historia.
