“Acordeones” para la elección judicial: prueba de la simulación que se avecina
Centro Prodh
Diversos medios de comunicación, incluyendo a Animal Político, han documentado cómo, en preparación de la elección judicial –que tendrá lugar este domingo–, desde los gobiernos y partidos políticos se ha empezado a circular boletas simuladas, las cuales incluyen los números de identificación de las candidaturas que esas formaciones políticas impulsan.
En otras palabras, los actores políticos preparan, de cara a la elección judicial, una operación fraudulenta para influenciar indebidamente los resultados. La forma tan detallada en la que estas boletas identifican a las personas candidatas, por las que se busca que el electorado vote, es evidencia y confirmación de ello.
Que los operadores políticos lleguen al extremo de anotar en las boletas los números de identificación de las candidaturas afines, confirma que, ante lo abigarrado de la elección judicial, los partidos no están dispuestos a dejar cabos sueltos al electorado. Que las personas cuyos nombres aparecen en esos acordeones no se deslinden de la difusión de estas boletas fraudulentes ni condenen la práctica, denota su falta de empaque moral.
La difusión de los acordeones es el penúltimo eslabón de una larga cadena de desfiguros que culminará este domingo, en una jornada electoral donde se impondrán quienes cuenten con los mejores operadores en territorio.
¿Qué hacer frente el llamado a acudir a las urnas? Como señalamos en este espacio hace unas semanas, si las campañas han servido para algo ha sido para identificar los peores perfiles. Por ello, aún tiene sentido seguir alertando sobre los riesgos de que lleguen al nuevo Poder Judicial personajes de pasado y presente oscuro que representan intereses ajenos a la justicia. De ahí que hasta el último día haya que advertir, por ejemplo, sobre los perfiles cercanos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con antecedentes de reivindicar la violación flagrante de derechos humanos; sobre las abogadas y abogados que, se presume, tienen nexos con la criminalidad; sobre las personas candidatas cercanas al partido en el poder que no garantizan mínima independencia; sobre las y los aspirantes que provienen de fiscalías con enormes deudas en materia de justicia, y un largo etcétera.
Si se pretende sufragar, puede rastrearse información útil sobre las razones para no votar por estos perfiles, en diversos ejercicios de revisión de candidaturas que, desde la sociedad civil, el periodismo y la academia, se realizaron en estos meses previos a la elección.
Ahora bien, es insoslayable que desde diversas perspectivas se plantee la pertinencia de no acudir a las urnas o de anular el voto en expresión de protesta ante una jornada que se percibe confusa y peligrosa para la maltrecha democracia mexicana. Estas posiciones reflejan decisiones ciudadanas legítimas en democracia: articulan un descontento con la “electoralización” de la justicia, que más adelante podría detonar los cambios y la reconstrucción, los cuales ya desde ahora se vislumbran necesarios.
Una jornada electoral judicial donde la anulación de votos sea considerablemente alta o donde la participación sea marginal, tendría que ser entendida como expresión de que esta equívoca modalidad de elegir juezas y jueces no ha generado el entusiasmo democrático previsto por sus impulsores. Y esto, sumado a las múltiples irregularidades documentadas a lo largo de todo el proceso, puede incidir en que, eventualmente, se deje de lado este pésimo diseño. No tendríamos por qué estar condenadas y condenados a padecer a perpetuidad esta ocurrencia, producto de la retaliación, la precipitación, la demagogia y el engaño.
