Derechos humanos, seguridad pública y militarización
Carlos Alfonso Ontiveros Salas
El principio pro-persona adquiere una posición relevante ante el avance del constitucionalismo de nuestros días. Se construye un nuevo marco de protección ante la vulnerabilidad del individuo por el uso desmedido del gobierno de militarizar las instituciones de seguridad pública.
El muro de contención impuesto por las normas internacionales en contra de las determinaciones gubernamentales de utilizar en asuntos de la autoridad civil a la fuerza militar ocasiona incertidumbres y temores.
Sabido es que las condiciones de inseguridad que han invadido al País ocasionaron sacar a la fuerza armada militar de los cuarteles y mandarlas a combatir a las organizaciones criminales que son las causantes de esta inestabilidad política y social y que repercute en la inversión y en la generación de empleos y productividad, pero sobre todo crisis política y temor social.
La determinación gubernamental, de sacar al soldado y echárselos a los criminales, fue para encubrir los graves deterioros en las instituciones de policía por las complicidades que se han venido arrastrando por decenios y que han hecho de las policías un producto de corrupción y desconfianza, y cuya responsabilidad no puede endilgársele a nadie que no sea al gobiero.
La presencia militar en las calles de Sinaloa se ha vuelto una amenaza para la seguridad de todos. Las unidades que utilizan llevan montados fusiles que causan temor y desesperación en una población que todavía ve muy lejos el regreso de la paz por tanto tiempo buscada. El encuentro con los grupos criminales puede ocurrir en cualquier momento y en donde menos se espera causando víctimas ajenas por las balas de los bandoleros en las calles.
Los grupos criminales no han cesado en la búsqueda del control del cártel del que forman parte. Los intereses que buscan en mantener esta guerra, es altamente rentable, porque en ello va el gran comercio que les representa intoxicar a los jóvenes con esa basura de drogas sintéticas que distribuyen.
En un ambiente de hostilidades, arribaron sorpresivamente los titulares de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, pero su presencia para nada resuelve el problema de inseguridad que viven los sinaloenses, porque parece que solo vinieron a tomarse la fotografía por ese supuesto aseguramiento de drogas en una sindicatura de Culiacán. Muchas notas que difunden de grandes cantidades de droga asegurada, pero sigue el mal de siempre, no detienen a los causantes de producir esa basura que acaba con la salud de nuestros jóvenes.
Habrá opiniones que se manifiesten en contra con lo que aquí se dice, pero los tiempos pasan y los males se arraigan. Las policías siguen sufriendo con las descalificaciones que surgen desde el gobierno y que se multiplican en los grupos de la sociedad civil.
No es nada sano que no haya voluntad política para desarrollar un sistema capaz de recuperar la fuerza policial civil y dotarla de capacidades para enfrentar a cualquier amenaza criminal sin importar tamaño y peligrosidad.
Dejémonos de romanticismos tontos y le apostemos que el uso de la fuerza militar no es la solución a nuestros males de inseguridad. La corrupción es la causa y la falta de voluntad política para construir una verdadera organización policial sana y profesionalizada.
Es tiempo de reescribir una nueva etapa de la policía civil en México, y abandonar ese enfoque militarizado de la seguridad pública. Constrúyanse políticas públicas que concuerden con los principios internacionales en la defensa de los derechos humanos.
Reaccionen y acuerden fórmulas para el regreso de las fuerzas militares a los cuarteles donde deben formarse para enfrentar las amenazas a nuestra soberanía y la defensa de las institucionales nacionales.
Esta guerra entre facciones delincuenciales no es más que el detonante de un ciclo de excesiva corrupción que ha hecho crisis, por lo que es necesario levantar la voz diciendo ¿Quedarán sin castigo las numerosas víctimas que ha ocasionado este conflicto entre delincuentes?
