Diputados aprueban iniciativa del PAS para fortalecer los Centros de Justicia para Mujeres
Por unanimidad, l𝘢 65 L𝘦𝘨𝘪𝘴𝘭𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 aprobó 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘓𝘦𝘺 𝘥𝘦 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘔𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘝𝘪𝘥𝘢 𝘓𝘪𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘝𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘚𝘪𝘯𝘢𝘭𝘰𝘢, 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘦𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘰𝘴 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘔𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴 y su creación en los municipios 𝘥𝘦 𝘚𝘪𝘯𝘢𝘭𝘰𝘢, 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 conformada por una propuesta del Partido Sinaloense, que se presentó al inicio de la 64 Legislatura en el mes de octubre del 2021.
Esta iniciativa que presentó el PAS tiene por objeto que la violencia contra las mujeres debe considerarse como un serio problema de derechos humanos que impide el empoderamiento y la inclusión de las mismas en los procesos económicos, políticos, culturales, académicos y sociales, segregando y marginando a través de una diferenciación sexista a las mujeres de los hombres.
La violencia contra las mujeres ha sido una constante histórica en la organización y funcionamiento de distintas sociedades, el propio preámbulo de la Convención de Belem Do Pará indica que se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Las estadísticas permiten advertir cómo la violencia contra las mujeres está insertada en la estructura social y sus manifestaciones se han convertido en conductas cotidianas que incluso pasan inadvertidas para quienes las llevan a cabo, lo cual hace más difícil la detección y distinción entre un acto violento y/o discriminatorio, de aquel que no lo es.
En la última década la Comisión interamericana de Derechos Humanos, en su capítulo “ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS” ha manifestado reiteradamente que un acceso de jure y de tacto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos.
Sin embargo, las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos incidentes permanecen en la impunidad y en consecuencia sus derechos quedan desprotegidos.
