La desigualdad como injusticia persistente

Mario Luis Fuentes

Una de las grandes novedades que presentó Juan Luis Vives, en el renacimiento español, en su texto Del socorro de los pobres, fue la pregunta implícita respecto de quién o quiénes son responsables de la pobreza, la miseria y las desigualdades. La respuesta que sugiere fue también novedosa: es el Estado y “La Corona”, como síntesis de su máximo poder, debería llevar a cabo acciones que permitieran a todos sus habitantes servir al máximo propósito del Estado católico: garantizar la felicidad del pueblo y generar condiciones para una vida correcta y, con ella, tener acceso a la salvación.

La cuestión de Vives, a 500 años de haber sido planteada, debe formularse de manera reiterada: de la ingente pobreza y la impresentable desigualdad que existen en nuestra región, ¿quiénes son responsables? Porque, en efecto, América Latina, y particularmente México, son regiones que históricamente han estado atrapadas en la trampa de la desigualdad estructural, la pobreza persistente y la movilidad social limitada.

Sobre esos temas vuelve la CEPAL en su más reciente informe titulado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, en el que el organismo subraya una verdad ya conocida: la desigualdad no es únicamente un defecto del sistema económico, sino un mecanismo sistémico que perpetúa el control de unos pocos sobre los recursos y la mayoría de la población. Desde la perspectiva, debe insistirse en el hecho de que esta problemática no es un accidente histórico, sino un resultado deliberado de estructuras de poder que buscan su propia perpetuación.

El documento citado subraya que, en 2023, aunque la pobreza alcanzó su nivel más bajo desde 1990 (27.3% de la población), la desigualdad medida por el índice de Gini permanece estancada en niveles preocupantes (0.452, en una escala de 0 a 1). Esto ilustra que las leves mejorías en la pobreza no significan avances sustanciales en la construcción de una nueva lógica de igualdad en la región. Frente a ello cabe pensar entonces que puede tratarse de un efecto meramente coyuntural y que es tal la fragilidad de las estrategias de desarrollo de la región, que existe mayor probabilidad de que en los próximos años repunte la pobreza, a que se genere un círculo virtuoso de más igualdad acompañada de mayores condiciones de bienestar.

Por eso es importante que se tenga la capacidad de ver en este estancamiento, la expresión de una estructura económica que, en lugar de redistribuir riqueza, concentra beneficios en las élites económicas y políticas. Esto se hace mucho más evidente cuando se considera que en América Latina, la pobreza se entrelaza, por ejemplo, con características individuales, territoriales y étnicas, exacerbando en consecuencia las disparidades entre hombres y mujeres; entre la población adulta y las infancias niños; y entre las poblaciones no originarias y los pueblos y comunidades indígenas.

Esto no es casual: responde a una matriz productiva que marginaliza y explota históricamente a los sectores más vulnerables, perpetuando un modelo que requiere precisamente mantener estas estructuras de desigualdad para operar como lo ha hecho hasta ahora, porque si algo caracteriza a la región, es la prevalencia de mecanismos sistémicos de protección y beneficio fiscal a quienes más tienen.

Si bien el informe destaca los avances en las políticas de protección social no contributiva, como las transferencias monetarias y los sistemas de pensiones, desde una óptica crítica estas políticas resultan a todas luces insuficientes. Aunque un 27.1% de la población de la región se benefició de estas transferencias en 2022, los montos no responden a estándares de condiciones de vida dignas y que lleven a cerrar la brecha entre los ingresos de los hogares pobres y los grupos más favorecidos. Estas medidas, más que corregir las desigualdades, actúan como meros paliativos que refuerzan la dependencia de las clases populares hacia el Estado, sin alterar las condiciones estructurales que generan la pobreza.

La falta de sostenibilidad financiera y la débil institucionalidad de los sistemas de protección social reflejan también el desinterés político en transformar las estructuras de desigualdad. En el marco de la crisis de los cuidados y el envejecimiento, esta deficiencia se traduce en una reproducción de desigualdades de género y en el abandono de sectores vulnerables, como las personas con alguna discapacidad o amplios sectores como el ya mencionado de las niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, la CEPAL critica el limitado impacto de estas transferencias, que muchas veces no alcanzan a cubrir el déficit entre el ingreso de los hogares más pobres y las líneas de pobreza. Además, señala que los sistemas de pensiones no contributivos, aunque esenciales para las personas mayores en contextos de alta informalidad laboral, ofrecen prestaciones significativamente inferiores a las de los sistemas contributivos, perpetuando, aún de manera no deseada, las desigualdades.

Otro de los principales puntos críticos que señala la CEPAL es la segmentación del acceso a la protección social. Mientras que los hogares del quintil de menores ingresos acceden mayoritariamente a través de políticas no contributivas (50.2% en 2022), los hogares de mayores ingresos lo hacen a través de mecanismos contributivos. Esto evidencia una profunda inequidad: los hogares más vulnerables dependen de sistemas menos estables y de menor cobertura.

La segmentación también se refleja en la cobertura general de las prestaciones sociales. En 2023, apenas el 61.2% de la población estaba cubierta por al menos una prestación social, lo que deja a un porcentaje significativo de personas fuera de cualquier tipo de protección o de prestaciones esenciales para una vida en condiciones apropiadas de bienestar.

La CEPAL también pone de manifiesto la falta de sostenibilidad financiera de las políticas de protección social. A pesar de que el gasto social dejó de caer en 2023, este sigue siendo insuficiente para garantizar prestaciones adecuadas, particularmente en contextos de crisis económicas recurrentes, bajo crecimiento, prevalencia de sistemas de distribución justa y eficaz, así como una alta inflación.

Además, critica la débil institucionalidad de los sistemas de protección social en muchos países de la región. La falta de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) en las instituciones responsables limita su efectividad para implementar y monitorear políticas integrales y sostenibles. Esto se agrava por la falta de sistemas integrados de información estadística de calidad y de diagnósticos con pertinencia comprensiva sobre el mundo social que permitan identificar de manera efectiva a las poblaciones vulnerables y articular respuestas adecuadas.

Otra de las cuestiones que preocupan de manera relevantes es que todos estos fenómenos mencionados, y que, como se observa, están interconectados y se determinan mutuamente, no son “meros defectos del sistema”, sino, por el contrario, una de sus funciones; pues el modelo de capitalismo imperante en la región requiere una fuerza laboral barata y desprotegida para maximizar beneficios.

Aunado a lo anterior, la persistencia de sistemas fiscales regresivos, donde los sectores más ricos aportan menos proporcionalmente que los pobres, refuerza estas dinámicas de acumulación desigual. Así, las políticas redistributivas no solo son inadecuadas, sino que también están diseñadas para mantener ya, en los hechos, afianzar y fortalecer al status quo.

Para comenzar a revertir todo lo anterior, la CEPAL menciona la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Pero eso requiere no solo una ampliación de la cobertura, sino un cambio en la lógica subyacente del sistema económico.

Urge implementar un enfoque que no solo reconozca las desigualdades estructurales, sino que las ataque de raíz, lo cual implicaría, de inicio:

• Un Reforma Fiscal Profunda: Sistemas tributarios progresivos que redistribuyan la riqueza de manera efectiva.
• Desarrollo Económico Sostenible: Modelos productivos que prioricen el bienestar social sobre las ganancias privadas.
• Políticas de Empleo Decente: Regulaciones laborales que garanticen salarios dignos y acceso universal a la seguridad social.
• Empoderamiento de Comunidades Vulnerables: Políticas que permitan la autodeterminación de comunidades indígenas, mujeres y otros grupos marginados.

En resumen, la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina no puede limitarse a más ajustes superficiales; lo que es urgente es una ruptura radical con las estructuras que perpetúan la injusticia.

Las cifras presentadas por la CEPAL no solo son un diagnóstico, sino un llamado a la acción hacia una verdadera transformación social que desmonte los pilares de la desigualdad. Sin este cambio profundo, cualquier avance será solo aparente, perpetuando un sistema que vive de la explotación de la mayoría para beneficio de unos pocos.

Investigador del PUED-UNAM