Reforma energética tensará finanzas, al T-MEC e inversiones
Octavio Amador, Lilia González
A pesar de que la reforma constitucional en materia energética aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados permite la participación privada, los cambios no aportan certidumbre para las inversiones y sí son un riesgo para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y para las finanzas públicas, consideran analistas.
El dictamen aprobado por una amplia mayoría oficialista en el pleno de la Cámara de Diputados establece que, tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Petróleos Mexicanos (Pemex) serán empresas públicas y dejando la categoría de empresas productivas del Estado.
En el caso de la CFE, ello significa que su vocación ya no será la de generar valor, sino la de “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”, dice el artículo 27 constitucional reformado.
“Eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública”, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En materia eléctrica, la reforma también establece que los privados podrán invertir en las actividades que no sean transmisión y distribución, pero “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha explicado que la CFE detentará 54% de la generación eléctrica y se topará a 46% el aporte privado.
Sin embargo, la reforma al artículo 28 establece que la planeación y control del sistema eléctrico nacional se llevará a cabo “evitando el lucro” a través de “la empresa pública del Estado que se establezca”, lo cual podría generar una tensión con el interés privado, a decir de César Hernández, socio director del despacho Publius.
Desde su perspectiva, si se otorga el control del sistema eléctrico a la empresa pública, tendría la facultad de operar el mercado eléctrico mayorista, donde las empresas comercial energía con el fin de obtener un lucro.
“¿Qué impacto tendría el que empresas privadas que buscan tener utilidades legítimas, operen en un mercado eléctrico a cargo de una empresa pública del Estado obligada a “evitar el lucro”?” se cuestionó.
Además, si la empresa pública ejerce el control del sistema eléctrico, también definiría el orden de despacho eléctrico, con lo que puede dar preferencia al despacho de sus plantas.
“Va a haber un claro conflicto de interés que se va a potencializar si además la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es nuevamente sectorizada en la Secretaría de Energía”, dijo Ramsés Pech, analista del sector energético.
Desde su perspectiva, esto último “meterá ruido” en la revisión del T-MEC en el 2026 en porque el Estado mexicano no podría garantizar el trato no discriminatorio a los inversionistas extranjeros.
