La oposición lamenta que se “militarice la Constitución” con la reforma a la Guardia Nacional
Juan Carlos Cortés
Con la reforma a 12 artículos de la Carta Magna para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional, Morena y sus aliados van a “militarizar la Constitución”, denuncia la oposición en la Cámara de Diputados, donde hoy el oficialismo buscará la aprobación de la iniciativa presidencial que le da amplias facultades al cuerpo armado.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Laura Ballesteros advierte que los artículos que se están reformando, como el 129 constitucional, “le van a dar todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas para que puedan incidir en asuntos civiles en tiempos de paz”.
Para la legisladora, se está rompiendo la división entre el poder civil y el militar. “Claramente es un contrasentido al espíritu de la Constitución de nuestro país”.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, considera que con el pase de la Guardia Nacional se altera el sistema de seguridad nacional y el sistema de defensa nacional.
Para Morena, continúa el legislador, “el Ejército se ha convertido en una mano de obra, en un recurso gratuito, además de que se pone en riesgo la protección de los derechos humanos”.
“En el PRI le dimos al Ejército la posibilidad de estar cuatro años más. ¿Con qué propósito? Pues para que el gobierno federal contara con una guardia nacional civil, pero ahora ni una ni otra”, dice
El también exgobernador de Coahuila recuerda que la ONU se manifestó en contra de la iniciativa presidencial porque –dice– se pone en riesgo el sistema de protección de derechos humanos. “No vemos una ruta clara. Por eso insistimos que deberían dejar pasar todo esto hasta octubre, noviembre, no porque lo vayamos a votar en favor, sino para que se discuta con el nuevo gobierno en otros términos”.
Jaloneo por la Guardia Nacional
En septiembre de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó mediante un decreto que la Guardia Nacional sea adscrita a la Sedena.
Pero un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto por violar el artículo 21 constitucional, el cual establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil.
Ante ello, el 5 de febrero último el titular del Poder Ejecutivo mandó una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para que fuera aprobada por el Congreso de la Unión antes de que termine su mandato presidencial, lo cual fue posible con la mayoría calificada que Morena consiguió en la nueva legislatura.
La iniciativa de reforma, aprobada en agosto pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que la Guardia Nacional al depender de la Sedena, formará parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada) y tendrá la facultad de investigación de delitos en el ámbito de su competencia.
Establece la modificación de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, con el fin de que el Estado mexicano cuente con la Guardia Nacional.
Se establece que será una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública dentro de su competencia.
También se indica que la Guardia Nacional obedecerá a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción es policial.
Competencias y recursos
La propuesta de reforma incluye a la Guardia Nacional en las corporaciones policiales que apoyarán al Ministerio Público en la investigación de delitos, facultad que no tenía desde su creación.
Otro cambio que destaca el control que la Sedena tendrá sobre la GN es que la designación del titular de la comandancia de dicha corporación estará a cargo por el titular del Ejecutivo federal a propuesta del secretario de la Defensa.
Como lo establecía el decreto presidencial de septiembre de 2022, la reforma también prevé la transferencia a la Sedena de los recursos presupuestarios y financieros de la GN, que actualmente maneja la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para cubrir el pago por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como para cubrir los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará adscrito a la SSC.
Además, transfiere los elementos civiles que quedan de la Policía Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
