Sin mandato del pueblo
Sergio Sarmiento
Los voceros de Morena se han cansado de afirmar que la reforma judicial es un mandato del pueblo bueno que quiere limpiar de corrupción el poder judicial. No hay ninguna indicación de que ese sea el caso. Más bien, cada vez es más claro que el presidente López Obrador quiere cobrar una venganza a jueces, magistrados y ministros que han decidido en tantas ocasiones que las acciones y las leyes inconstitucionales de AMLO eran, claro, inconstitucionales.
Con solo el 54 por ciento del voto para la Cámara de Diputados y 55 para el Senado, los electores ciertamente no le dieron a la coalición gubernamental un mandato suficiente para cambiar la Constitución a discreción. De hecho, los partidos oficialistas han buscado la mayoría calificada de dos terceras partes, 66 por ciento, para cambiar la Constitución por medio de maniobras muy alejadas al voto.
Entre las medidas que han usado se cuenta el rechazo al nombramiento de los dos nuevos magistrados del Tribunal Electoral para dejar un pleno de solo cinco, de los cuales tres son cercanos a la Cuarta Transformación. Estos magistrados han aplicado interpretaciones de la ley que han permitido una sobrerrepresentación de la alianza gubernamental cercana al 20 por ciento, muy por arriba del 8 por ciento que permite la Constitución. Han utilizado legisladores chapulines que han saltado de un partido a otro dependiendo de la conveniencia para incrementar su representación. De esta manera lograron una amplia mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque se quedaron a tres escaños en el Senado.
No les importó. Abiertamente han buscado comprar o intimidar a senadores para que se unan a Morena. Reclutaron primero a los dos senadores del ahora extinto PRD, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino de Tabasco. De poco sirvió que los dos hubiesen criticado a Morena y al presidente López Obrador durante la campaña. Pero aun así faltaba uno, y desde hace varios días los líderes de la alianza, como Manuel Velasco del Partido Verde, afirmaron que ya habían logrado la mayoría calificada.
Si bien los 43 senadores de oposición afirmaron que votarían en contra de la reforma judicial, primero “desapareció” uno, Miguel Ángel Yunes Márquez de Veracruz, quien de hecho pidió licencia y fue reemplazado por su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares, y después otro, Daniel Barreda de Campeche. Versiones periodísticas afirmaron que a ambos el gobierno les ofreció retirar órdenes de aprehensión en contra de ellos y de familiares, que aparentemente solo fueron armas políticas desde un principio, a cambio de su voto a favor de la reforma judicial.
Hemos llegado a un punto en que los líderes de los partidos oficialistas no respetan ya ni siquiera las formas. La orden desde Palacio Nacional es aprobar la reforma judicial sin importar los costos para el país en lo económico o en lo político. Lo peor de todo es que la enorme mayoría de los especialistas nacionales e internacionales han advertido que esta reforma judicial no resuelve ningún problema, ni siquiera el de corrupción que el presidente dice querer eliminar, pero sí volverá disfuncional el sistema de justicia de México y, sobre todo, lo dejará en manos de un poder ejecutivo que tendrá todos los instrumentos para sofocar fallos que le resulten incómodos.
