Quirino Ordaz bloqueó apoyo federal a Sinaloa y “desfondó” las finanzas estatales
Álvaro Aragón Ayala
Quirino Ordaz Coppel bloqueó temporalmente el apoyo federal al gobierno de Sinaloa y “desfondó” las finanzas del gobierno del estado, ayudado por su hermano el arquitecto Juan Carlos Ordaz. El ex gobernador dilapidó en 10 meses el presupuesto del 2021, programado para ejercerse en 12 meses, y su carnal creó una red de constructoras a las que privilegió con contratos de obras a cambio del “moche” del 20 por ciento.
En el cierre de la administración priista-quirinista, Juan Carlos Ordaz Coppel gestionó el pago de 13 obras inconclusas para ganarse un porcentaje con el cobro. Juan Carlos operó a sus anchas en Obras Públicas, el Instituto de Infraestructura Física Educativa y en la empresa estatal Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa.
El ex gobernador gastó en 10 meses el presupuesto para 12 meses del 2021, el cual fue superior a los 56 mil millones de pesos y no dejó para el pago de las dos últimas quincenas de diciembre ni para cubrir los aguinaldos, y obligó así al gobierno de Rubén Rocha Moya a contratar varios créditos por la suma total de mil 600 millones de pesos por los que se pagarán intereses diarios de 236 mil pesos.
Además de dejar un déficit de 2 mil 600 millones de pesos, Quirino Ordaz “desapareció” mil 500 millones de pesos que el gobierno federal le depósito en la cuenta estatal en diciembre del 2020. El gobierno quirinista pidió ese dinero sin necesitarlo y no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalles ni documentos sobre la aplicación de esos recursos.
El gobierno federal bloqueó temporalmente el apoyo financiero al gobierno estatal porque Quirino Ordaz Coppel obtuvo también de manera ilícita, con documentación falsa respaldada por el despacho de los hermanos Juan José y Erick Arellano, entre el 2019 y el 2020, alrededor de 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Al descubrirse la transa, la SHyCP le canceló a Sinaloa el Convenio de Coordinación Fiscal.
Parte del retraso en la demora del apoyo federal al gobierno de Rocha Moya obedece a la suspensión en activo, por cuatro meses, del Convenio de Coordinación Fiscal y a la exigencia de la Federación para que el gobierno del estado regrese los 700 millones de pesos, cuyo destino no ha podido explicar ante la SHyCP Quirino Ordaz.
El déficit de 2 mil 600 millones de pesos y el bloqueo de la Federación se conjugaron, haciendo necesario usar varios créditos para pagar quincenas y aguinaldos.
En el “desfonde” de las finanzas estatales jugó un papel preponderante el hermano del ex gobernador, Juan Carlos Ordaz Coppel, quien negoció con Luis Alberto de la Vega Armenta, quien fuera el secretario de Administración y Finanzas del régimen quirinista, la violación de la calendarización de pagos a fin de que cubriera el costo total de 13 obras que no fueron terminadas y cuya supervisión corresponde directamente a la Secretaría de Obras Públicas.
Juan Carlos Ordaz exigió privilegiar el pago de obras inconclusas a su red de constructoras para cobrarles el “moche” del 20 por ciento a sus socios, lo cual no lograría si esas obras hubieran sido liquidadas en enero, febrero o marzo del 2022, tal y como marca el avance de las obras en construcción y la calendarización de pagos.
El hermano del ahora ex gobernador también asignó contratos de obras en el ISIFE, sobre las que hay dudas sobre su calidad y operó a sus anchas en la empresa estatal Preecasin. En una definía a quien darle los contratos y el porcentaje de cobros con los que se deberían de “mochar” los beneficiados y en la otra construía “directamente” a sobreprecios obras catalogadas como “chatarra”.
Los hermanos Quirino y Juan Carlos Ordaz Coppel saldaron todas sus deudas y se enriquecieron a sus anchas a la sombra del poder…
