Sinaloa: sin culpabilidad ni exoneración. La intriga que no ve Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
No hay sentencia de culpabilidad, pero tampoco de exoneración. Esta es la realidad: Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo, ex Rector de la UAS y fundador del Partido Sinaloense, fue asesinado el 25 de julio desatando la especulación y su criminalización post mortem e inyectando más sangre en la vena perversa de quienes en vida emprendieron en su contra una cacería informativa para deshonrarlo. La Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez Estrada, no investigó los móviles del magnicidio y tergiversó los hechos acomodando la hipótesis de un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba como copiloto.
Sara Bruna pretendió alejar el asesinato lo más remotamente posible de los sospechosos naturales, construyendo, con el apoyo de Adriana Margarita Ochoa del Toro, jefe de prensa del gobierno estatal, el escenario para que todos sospechen de todos menos de los sospechosos, narrativa que no funciona y coloca en una posición incómoda a personajes de la clase política con quienes Héctor Melesio Cuén Ojeda mantuvo diferencias políticas. Cuén dejó constancias públicas, en periódicos impresos y en plataformas digitales (principalmente en su podcast) de a quien o a quienes se debería culpar en caso de ser asesinado.
El trabajo de Adriana Margarita Ochoa es sembrar la confusión para pretender inocular en la mente del colectivo social de que no se trató de un crimen de Estado perpetrado por diferencias o venganzas políticas y para que la investigación no involucre a ningún político, e impedir que se les cite a declarar, alimentando el morbo del pueblo con versiones dantescas y canallescas, incluso, para colocar a nivel de sospechoso al testigo, a quien la Fiscal obligó a declarar cuando aún estaba en estado de shock por los sucesos y lo expuso a un atentado al dar a conocer públicamente su nombre de manera perversa.
La Fiscalía General de la República tiene en su poder la investigación del crimen y la primera persona que llamará a declarar será a la Fiscal Sara Bruna para que responda que interés tenía y porqué estableció maquiavélicamente la hipótesis del asalto, además de que se presume que adulteró el video en el que se observa el atentado contra el fundador del PAS en una gasolinera, y para que explique la poca calidad de los peritajes realizados a la camioneta Raptor e informe sobre la necropsia del cuerpo de Cuén y por qué dijo primero que le habían disparado cuatro balazos en las piernas y luego dijo que dos.
La declaración de Sara Bruna Quiñónez es importante para sentar a declarar a otros funcionarios de la Fiscalía y personajes de la vida pública o política de Sinaloa, incluyendo a Adriana Ochoa del Toro, artífice de la campaña gubernamental de la criminalización en vida de Héctor Melesio Cuén y del armado de su deshonra post mortem para saber qué la motiva, que la mueve a orientar la “contaminación informativa” que a juicio de los investigadores federales tiene el propósito de hacer creer a la sociedad que Cuén se suicidó o fue asesinado por sus amigos o por narcos.
En este escenario crítico provocado por la Fiscal Sara Bruna y Adriana Ochoa del Toro, el gobernador Rubén Rocha Moya vive momentos complicados. Sus verdaderos enemigos, anidados en Morena y en el gobierno federal – trama en la que asoma la cabeza el gobierno gringo- y que planean que no termine su sexenio, le atizan a la hoguera, buscando cortarle la cabeza. Las plataformas se han inundado de “fake news”, en donde se plasman historias inverosímiles, por encima de los éxitos de Stephen King o Alfred Hitchcock, especialistas en películas del terror y del suspenso.
La familia de Cuén Ojeda no emite conclusiones de ninguna índole ni se le ha ido a la yugular a Rocha Moya, quizá como lo esperaban los enemigos del gobernador plenamente identificados en la clase política nacional que se creen con derecho de pernada para detentar el poder en Sinaloa. La dirigencia del PAS tampoco ha criminalizado al mandatario estatal en espera de que la FGR realice una investigación científica, técnica y profesional del caso.
Incluso, hay quienes, acostumbrados a la intriga, ven la oportunidad de utilizar a la Universidad Autónoma de Sinaloa como “punta de lanza” en lo que ya se transformó en una verdadera e innegable guerra política y mediática contra Rubén Rocha, azuzando con el propósito de que la comunidad uaseña y sus directivos salgan a la calle gritándole asesino, exigiendo que encabecen lo que los insidiosos llaman un “gran movimiento social” en busca de la destitución del mandatario estatal.
Sin embargo, los directivos y la comunidad universitaria se han negado a ser utilizados como “tontos útiles” y rechazan criminalizar a priori o de facto al gobernador por carecer del sustento jurídico de una investigación, y concentran su lucha por la defensa de la autonomía y dignidad universitaria en el marco de la ley, actuando con mesura, confiando en que las pesquisas federales arrojarán luz en el caso de Cuén Ojeda. La lectura es que la UAS no se prestará a la desestabilización de Sinaloa, pues hay plena certeza y conciencia de que un discurso de odio podría provocar el estallamiento de la violencia.
Sí prevalece, por supuesto, en la familia Cuén Diaz, los líderes del PAS y los directivos de la UAS una exigencia de justicia y un reclamo por el esclarecimiento del crimen del maestro Cuén, pero por la vía legal, institucional, por el camino de la no agresión verbal contra el gobernador que pudiera, tal vez, ser el primer perjudicado con el asesinato, planteando, exacto, una demanda de justicia serena, reflexiva, sin arrodillarse, sin emitir juicios de valor, sin plantear conjeturas o hipótesis en el aire, sin hacer caso a las intrigas y tramas periodísticas artificiosas o novelescas, para evitar que paguen justos por pecadores.
No culpan ni criminalizan de facto a nadie, pero tampoco emiten cartas de exoneración, pero por lo pronto Sara Bruna y Adriana Ochoa tienen mucho que explicar…
