Inzunza y Vanessa; operación obscura en el TEES; Genaro y César. Rebelión contra la reforma al Poder Judicial
Álvaro Aragón Ayala
Quien pegó un salto de júbilo fue el secretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez. No es cosa menor para él que se haya impuesto como coordinadora de la bancada morenista y que se perfile como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la próxima Legislatura local, a su amiga, como él la llama, María Teresa Guerra Ochoa, diputada plurinominal en ciernes. La orden del empoderamiento vino del Tercer Piso.
La ubicación de Tere Guerra como responsable del grupo de futuros diputados morenistas es clave para el proyecto de Enrique Inzunza en pos de la candidatura al gobierno del Estado.También lo es mantener el control de la Secretaría de las Mujeres. Tere Guerra trabó amistad con Inzunza tras traicionar a la Jueza Ana Karina Aragón Cutiño. El siguiente paso de Inzunza es llevarse a la periodista Vanessa Félix a la Ciudad de México para que lo ayude con la información que genere en el Senado de la República.
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Contra la ley, violando amparos, obedeciendo el interés de un grupo que pretende tomar por asalto la Universidad Autónoma de Sinaloa, un Juez local a modo dictó autos de vinculación a proceso al Rector ilegítimamente destituido del cargo, Jesús Madueña Molina, y a Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría por abuso de autoridad, delito fabricado por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía de Justicia y ya sabe usted quien.
El argumento es que los directivos universitarios no se dejan auditar los recursos propios. Sin embargo, el delito no existe: Los jueces federales y la propia Auditoría Superior de la Federación han determinado que ni la ASE ni el gobierno del estado ni la Federación están facultados para fiscalizar los recursos propios o autogenerados de la Casa Rosalina. La señal que se manda a las autoridades de la Universidad con las vinculaciones a proceso es ominosa. La embestida no cesará.
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Las dirigencias estatales del PRI y del PAN no se recuperan del descontón que les asestó el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que le quitó al tricolor una diputación y dos al blanquiazul mediante una obscura maquinación que tiene como propósito atomizar las fuerzas políticas de oposición en la próxima Legislatura. En un intento por recuperar esos espacios, Paola Garate y Roxana Rubio anunciaron que litigarán el caso ante los tribunales federales electorales.
Fue la presidenta del TEES, Carolina Chávez Rangel, quien operó lo que los priistas y panistas llaman “jugada sucia” y leguleya. Chávez, es hermana del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, impuesto ahí por Enrique Inzunza Cazarez, secretario general de Gobierno, quien, además, mantiene a su hermana Aída Inzunza, magistrada electoral, como asesora de cabecera de Carolina.
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Aunque no pertenecen al establo rochista, los diputados en ciernes Genaro García Castro y César Guerrero, del norte, tratarán a toda costa de no ser invisibilizados en la próxima Legislatura Local por sus compañeros morenista, dado de que habrá quienes reclamen derecho de pernada con Tere Guerra Ochoa, que será la que baje la línea del Tercer Piso.
Una de las que se quiere apoderar de todos los reflectores es la diputada Minerva Vázquez, pegada al proyecto 2027 de Imelda Castro Castro, y que se llama, muy pípirisnice, amiga del alma de la Tere Guerra, quien en el 2027 querrá ser candidata a la alcaldía de Culiacán. Minerva quiere lo mismo, pero por Ahome, tierra en donde también querrán gobernar Genaro García y César Guerrero.
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Con muy poca atención de la prensa estatal, trabajadores del Poder Judicial Federal, abogados, colectivos feministas y miembros del Sector Salud protestaron en el Congreso del Estado en el marco de los diálogos nacionales para las reformas constitucionales al Poder Judicial.
Los manifestantes denunciaron que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenden politizar la justicia, y consideraron que la elección de jueces sin carrera significa una sentencia condenatoria al Poder Judicial que será colonizado por activistas de Morena.
Los inconformes con las modificaciones se congregaron frente al recinto legislativo y trataron de entrar, pero se les impidió el acceso. Los diputados locales de Morena los tildaron de agitadores y revoltosos. A los periodistas domados se les ordenó minimizar y darle poca cobertura informativa a la protesta.
