Caso Héctor Melesio Cuén: crimen de Estado. La perversidad de la Fiscal Sara Bruna

Álvaro Aragón Ayala

La Fiscal General de Justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, por su perversidad y colusión en actos deleznables atentatorios al debido proceso, la presunción de inocencia y a los derechos humanos, no goza de credibilidad ni respeto para investigar el asesinato, con las características de crimen de Estado, del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, virtual diputado federal, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador y líder del Partido Sinaloense. Sara Bruna mantiene relaciones de dependencia e interdependencia con personajes que abiertamente lo querían eliminar.

El homicidio de Cuén Ojeda no es producto de la casualidad, sino de la causalidad, pues se suscitó tras una serie de confrontaciones con el gobernador Rubén Rocha Moya y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, diputados locales de Morena y Sara Bruna Quiñónez, todos involucrados en una conspiración contra el dirigente del PAS y directivos de la UAS. La Fiscal es la encargada inventar o fabricar carpetas de “investigación” contra la familia Cuén-Díaz. Es parte del complot judicial para encarcelar Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del ex rector universitario.

Sara Bruna fue impuesta como Fiscal por Enrique Inzunza y Rubén Rocha que declararon a Cuén Ojeda y sus amigos universitarios “enemigos del Estado”. En la pasada campaña, Enrique Inzunza declaró, el 24 de abril, que uno de los objetivos de las elecciones del 2 de junio es que “queremos que desaparezca la lacra de la política que es el PAS”. El gobernador e Inzunza montaron, además, una furiosa campaña de criminalización contra Cuén y las autoridades de la UAS, a quienes por órdenes de Rubén Rocha la Fiscal les inventa delitos graves con el apoyo de la Auditoría Superior, el SATES, la UIPES, diputados y medios de comunicación rochistas.

Rubén Rocha quiere controlar a la UAS desplazando a sus actuales directivos. Consideraba a Cuén un obstáculo para consumar el asalto a la Casa Rosalina. La Fiscal Sara Bruna lo ayuda con el armado de carpetas de “investigación” confeccionadas con recortes de periódicos o fotos de plataformas digitales. El 9 de enero, el diputado Manuel Luque advirtió sobre la muerte de Héctor Melesio: “espero que se muera en estas elecciones”, dijo. La jubilada Ana Luz Ruelas Monjardín, en su columna Retorno del 20 de julio reveló que si prospera la “estrategia gubernamental” el Congreso sacará una reforma a la Ley Orgánica de la UAS- ¿es parte de esa estrategia el asesinato Héctor Melesio? -. Y precisó: “Ya se escuchan los primeros redobles de la campana funeral del cuenismo en Sinaloa”.

La Fiscal Sara Bruna debe aparecer en la carpeta de investigación en torno al asesinato de Cuén Ojeda como indiciada en vez de encabezar la indagatoria criminal ya que debido a su colusión, dependencia e interdependencia de Rubén Rocha e Inzunza Cázarez lo más probable es que no los integre en la carpeta y la cierre de inmediato inventando que el crimen ocurrió por un asalto cuando tiene todas las características de asesinato de Estado, de un homicidio para eliminar a quien calificaban de enemigo. Incluso, el discurso de odio y la campaña de linchamiento público contra Cuén, parece haber tenido el objetivo de justificar el homicidio.

Los crímenes de Estado son conspiraciones armadas por el gobierno. Se perpetran con la persecución y eliminación del enemigo a través de judicializaciones, estigmatizaciones y acciones de exterminio. Son asesinatos fríamente planeados, actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo que permite la realización de dichos actos violentos e inhumanos. Son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares por motivos políticos, económicos, sociales, religiosos raciales o culturales con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad.

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