Falta de apoyo federal para el pago de jubilaciones, agrava crisis en las Universidades
Álvaro Aragón Ayala
Como si se tratara de un “mal crónico”, el gobierno federal viene negando a las Universidades Públicas Estatales la entrega de recursos para el pago de jubilaciones dinámicas -figuras de retiro laboral que datan de hace 25, 30 o 35 años-, para la creación de nuevas plazas y para atender la creciente matrícula de las instituciones, pese a que los gobiernos pregonan que “la educación es la inversión más redituable que puede realizar el país”.
Las supuestas alzas a los presupuestos anuales de las Universidades son “devoradas” por la inflación, el crecimiento de la demanda educativa y el alza a la matrícula. A partir del 2019, fondos y programas de apoyo a la educación superior desaparecieron agudizando los problemas económicos en las Instituciones de Enseñanza Superior.
Las medidas de apoyo financiero para hacer crecer la matrícula de educación superior han fallado. El gobierno sigue sin cumplir con la generación de un fondo para respaldar la gratuidad en el registro-ingreso de alumnos. Las asignaciones de recursos extraordinarios fueron suspendidas y el uso de los Convenios de Apoyo Financiero (CAF) restringen la operatividad de las Universidades.
A la fecha al menos nueve universidades públicas estatales experimentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Para reducir su gasto y cumplir con las normas de la disciplina financiera, las Universidades emprendieron acciones, entre las que destacan:
a) Optimización de la planta académica o administrativa;
b) aseguramiento del cumplimiento de las cargas horarias;
c) suspensión de nuevas contrataciones;
d) congelamiento de plazas vacantes;
e) reducción del personal por honorarios.
A contrapartida, el gobierno federal canceló desde el 2019 uno de los programas federales extraordinarios más importantes para las Universidades, el PP U081, cuyos recursos eran destinados a la atención de los problemas estructurales. Este programa tuvo tres modalidades en sus lineamientos de operación: reconocimiento de plantilla, saneamiento financiero y apoyo a las reformas a los regímenes de pensiones.
En la mayoría de las nueve Universidades Públicas Estatales en crisis, el número de plazas de personal contratadas superan las reconocidas en los Convenios de Apoyo Financiero (CAF) que firman la SEP, el gobierno estatal y la universidad; el monto destinado al pago de prestaciones al personal académico y administrativo, que es superior a los montos asignados en los presupuestos federales.
El problema más grave lo enfrentan las universidades con un sistema propio o complementario de jubilaciones, seguidas por aquellas que otorgan, a la par o al margen de las instituciones de seguridad social, servicios médicos para trabajadores activos, jubilados y sus beneficiarios.
Siete de las universidades en situación financiera crítica cuentan con un sistema propio de pensiones, el cual fue pactado en los contratos colectivos de trabajo desde hace el 25, 30 o 35 años, cuando las plantillas de académicos y administrativos eran reducidas y la esperanza de vida era más corta. Hoy, el alto número de trabajadores jubilados colapsa las finanzas de esas Universidades.
Los sistemas de jubilación dinámica -que otorgan las mismas prestaciones a los jubilados y a los activos- impactan en las finanzas institucionales al no haberse previsto, desde su origen, las aportaciones de los trabajadores y de las instituciones para capitalizar fondos o fideicomisos de pensiones.
El problema de las jubilaciones afecta al conjunto de Universidades Públicas Estatales y a otras instituciones públicas de educación superior. Para cumplir con el pago de las pensiones y jubilaciones, las universidades utilizan los recursos del subsidio ordinario, agravando las finanzas institucionales. Junto con la nómina de personal activo, se cubre la nómina de jubilados. El gobierno no otorga apoyos o recursos para el pago de la prestación de retiro.
