Radiografía: para crecer, la UAS necesita mayor presupuesto
Álvaro Aragón Ayala
La Universidad Autónoma de Sinaloa cumple con su papel preponderante en el desarrollo de la sociedad democrática, en el progreso de la ciencia y de la tecnología, y en el avance de la cultura y como institución clave en el proceso de producción del conocimiento científico.
El rector de la UAS, Jesús Manuel Madueña, ofreció a los diputados de la Junta de Coordinación Política, de las Comisiones unidas de Hacienda y Administración y de Educación Pública y Cultura, un diagnóstico sobre la Universidad, su matrícula, los servicios que presta, su compromiso social, su avance y calidad académica.
El rector acudió al Congreso Local a describir la responsabilidad universitaria y a requerir un aumento adicional al presupuesto estatal que anualmente se otorga a la máxima casa de estudios de Sinaloa.
Dato adicional: la UAS derrama anualmente más de mil 500 millones de pesos, en el pago de las jubilaciones dinámicas. El gobierno federal no incluye en los presupuestos universitarios apoyos o recursos para cubrir la prestación de retiro de los trabajadores.
Presupuesto federal con “alza cero”
De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios la insuficiencia de presupuesto ordinario y la “drástica” reducción de los recursos extraordinarios para las instituciones de educación superior aumentó la probabilidad de que más universidades tengan problemas financieros críticos durante el ejercicio fiscal-educativo 2022.
El Presupuesto de Egresos Federal para el 2022 aumentó, en términos reales, apenas un 1.1 por ciento para la UNAM y de un 0.05 por ciento para las Universidades Públicas Estatales, en un escenario económico en que la inflación supera los 5.5 por ciento.
El diagnóstico más reciente de la Subsecretaría de Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C., sobre la crisis económica de las Universidades Públicas Estatales (UPES) proyecta graves tendencias económicas a futuro, que repercutirá en el cumplimiento de su responsabilidad social de docencia, investigación y difusión de la cultura.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022) destinó “cero pesos” para garantizar el Derecho a la Educación Superior Gratuita que se estipuló en Ley General de Educación; no incluye recursos “extraordinarios” para ayudar las Universidades a solventar de fondo sus problemas económicos ni a resolver sus problemas estructurales.
La universidad pública y su compromiso
El carácter público de la universidad no se deriva exclusivamente de su dependencia financiera del Estado; es pública por el sentido de su actividad que tiene relación con el tipo de conocimiento que la universidad produce y transmite, por el tipo de población a la que atiende a través de las actividades de investigación, enseñanza y de la extensión y transferencia, y por las misiones y metas que tiene frente a la sociedad.
La universidad es pública por cuanto a que sus fines y acciones sirven a los propósitos de la sociedad en la cual está inserta. Así, es como, en la medida en que los términos que expresan los objetivos institucionales de la universidad y de que sus funciones, reglas y acciones respondan a las necesidades de la sociedad en su conjunto, se construye una universidad pública.
La necesidad de mayor presupuesto
El rector Jesús Madueña Molina solicitó un incremento de 114 millones de pesos en el presupuesto estatal de 2022 para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), monto adicional a los 121 millones de pesos que plantea el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya en su propuesta de Presupuesto para la Casa Rosalina.
Detalló que la UAS en este ciclo escolar recibió a 56 mil 955 jóvenes, para dar una matrícula estimada de 169 mil estudiantes y con esta ampliación se aumentó la necesidad de maestros y aulas.
Señaló que la UAS atiende a los alumnos de más bajos recursos ya que el 45 por ciento provienen de familias con ingresos inferiores a los 6 mil pesos mensuales; cuenta con 43 escuelas preparatorias y 60 extensiones ubicadas en 18 municipios del estado en 982 localidades, además tiene 17 Casas del Estudiante que hospedan y alimentan a mil 855 jóvenes de los cuales 282 provienen de 17 estados del país y brinda atención a mil 317 alumnos con necesidades especiales.
Madueña Molina precisó que la UAS requiere de 551 millones 661 mil pesos para el cierre de año.
Desaparecieron los fondos
A partir de 2015 el monto de los recursos de los fondos extraordinarios fueron disminuyendo hasta desaparecer en el 2019. Uno de los programas federales extraordinarios más importantes para las universidades era el PP U081, cuyos recursos eran destinados a la atención de los problemas estructurales.
Este programa tuvo tres modalidades en sus lineamientos de operación: reconocimiento de plantilla, saneamiento financiero y apoyo a las reformas a los regímenes de pensiones.
La cancelación de apoyos para saneamiento financiero, cuyos recursos estuvieron etiquetados cada año en el decreto de PEF para siete de las nueve universidades en crisis (UNACH, UAEMEX, UMSNH, UABJO, UAS, UJAT y UAZ), incidieron en la agudización del problema, ya que estos recursos se utilizaban para cubrir pasivos y reducir el déficit de operación.
Crecimiento y negación de recursos
A las Universidades Públicas se les exige no dejar a ningún joven-alumno sin matricular o fuera de las aulas y en la Ley General de Educación Superior se establece como obligatorio la gratuidad de la educación superior; en contrapartida, no aumentan los presupuestos universitarios y la Secretaría de Educación Pública no reconoce la creación de nuevas plazas.
En ese contrasentido de crecimiento-negación de recursos, la Subsecretaría de Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C., identificaron que la mayoría de las Universidades cuentan con un número de plazas de personal contratadas que superan las reconocidas en los CAF que firman la SEP, el gobierno estatal y la universidad.
Para siete de las nueve universidades en crisis, el costo de la educación media superior no reconocido en los CAF de la SEP constituye otro factor del déficit económico. Es decir: el gobierno federal no destina recursos para el sostenimiento de las preparatorias de las Universidades.
En conjunto se estima que las nueve universidades que atraviesan por problemas financieros, tienen contratadas 2 mil 500 plazas académicas equivalentes de tiempo completo, 8 mil 500 plazas administrativas y más de 300 mil horas de profesores de asignatura, que exceden lo establecido en los CAF y no son reconocidas por la SEP.
