Empresarios y personas físicas que no entregaron utilidades pueden enfrentar multas desde los 27 mil hasta los 500 mil pesos, señala experto
La participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas es un derecho constitucional que está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo y las empresas y personas físicas que no cumplieron con esta prestación pueden enfrentar multas que va de los 27 mil a los 500 mil pesos o desde 50 hasta 5 mil salarios mínimos, advirtió Ernesto Sánchez Sánchez.
El especialista en precarización laboral y movimientos sindicales de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que el plazo para la entrega de esta prestación venció el pasado 30 de mayo para las empresas y el 29 de junio para las personas físicas y que a partir de esa fecha los trabajadores que no recibieron utilidades pueden demandar a los empleadores ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador.
“En caso de que esto no haya sido posible el empleador, las empresas se enfrentan a multas que pueden ir desde los 27 mil hasta los 500 mil pesos o desde los 50 hasta 5 mil salarios mínimos”, explicó.
Sánchez Sánchez detalló que, con base en la Ley Federal del Trabajo, se establece que el trabajador que no recibe esta prestación o tenga problemas ya sea por un pago incompleto o un injustificado tiene hasta un año a partir del 30 de mayo o del 29 de junio para reclamar esta prestación.
“El trabajador tiene un año para reclamar el reparto a partir del día posterior a la fecha límite posterior al 30 de mayo o 29 de junio y puede recurrir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en la cual se lleva a cabo una asesoría para que se cumpla con este derecho”, comentó.
Indicó que todas las multas e inconvenientes se las pueden evitar los empresarios o personas físicas si cumplen en tiempo y forma con esta prestación que está reglamentada en la Ley Federal del Trabajo.
Enfatizó que se espera que cada día sean menos los problemas laborales y que por parte de los empleadores se cumpla siempre en tiempo y forma con la repartición de las utilidades a los trabajadores.