Examen Sinaloense: los trinquetes en la obra pública estatal y el no deseado Enrique Inzunza
- Tres en la lista de la sucesión 2027
- Se tendrá que ir Gerardo Mérida
- Rosa Icela Rodríguez y el caso UAS
- José Luis Zavala, “chivo expiatorio”
Álvaro Aragón Ayala
Es tema la sucesión 2027. El tablero político registra movimientos: el periodista Osvaldo Villaseñor precisó que “la sucesión ya se le salió de las manos al gobernador Rubén Rocha Moya y la designación del candidato será facultad de la presidenta. Primero estará Julio Berdegué y en segundo Imelda Castro. Gerardo Vargas se cuela al tercer lugar”. Punto.
¿Y Enrique Inzunza Cázarez? Osvaldo no lo enlistó. En efecto, no se le ubica ya como el sucesor del gobernador ni como uno de los aspirantes. Que se va al Senado de la República, sí, sin embargo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo no lo desea, lo repele, y lo obligará a atender las cuatro demandas que le enderezó la Jueza de Control Ana Karina Aragón Kutiño.
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El arribo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch manda a Sinaloa la lectura de cambios drásticos en la secretaria de seguridad estatal. Se irá Gerardo Mérida Sánchez y otros funcionarios de esta institución que falsean la información y que no tienen programas para la prevención del combate a los delitos.
Omar García es hijo del fallecido Javier García Paniagua, quien llegó a ser presidente nacional Partido Revolucionario Institucional, subsecretario de Gobernación, comandante de la Dirección Federal de Seguridad y director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es nieto del general de División Marcelino García Barragán.
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Sin lugar a dudas, a Rosa Icela Rodríguez que será la nueva titular de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Claudia Sheinbaum, le tocará atender el diferendo que libran los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Moya, preso de la obsesión por tomar por asalto la Casa Rosalina.
Rubén Rocha ya no atiende los llamados a la reconciliación y al reencuentro con las autoridades de la UAS lanzados por el presidente Andrés Manuel López Obrador; no le hace caso al mandatario nacional y no toma en cuenta a la todavía titular de la Segob Luisa María Alcalde. El invento de delitos y la utilización de las instituciones en las campañas de persecución política y judicial encuadran a la 4T del gobernador en un régimen dictatorial.
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Rubén Rocha Moya ya tiene su “chivo expiatorio” en la figura de José Luis Zavala Cabanillas. Resulta que el exsecretario de Obras Públicas tendrá que responder -junto con el tesorero estatal que se va, Enrique Alfonso Díaz Vega- por la sustracción de 99 millones 581 mil 112 pesos para pagar cantidades por encima de lo acordado en los contratos de 89 obras.
José Luis Zavala, quien fue removido de Obras Públicas y transferido a la Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica de la Secretaría de Economía, recibió indicaciones y las atendió e “infló” el costo de las obras para beneficiar a las constructoras a las que se le adjudicaron contratos por licitaciones y adjudicaciones directas poque plantearon las propuestas más baratas.
Zavala se prestó al juego, porque los dineros ni siguiera fueron a parar ni a sus bolsillos ni a los de contratistas. Entonces ¿Quién se quedó con los “pagos extras”? Todos los caminos conducen a Roma: en manos de quienes amañaron la autorización de los contratos. De hecho, a José Luis Zavala no se ha corrido del gabinete, porque sabe demasiado del trafique en materia de obra pública del gobierno rochista.
