La pacificación de Rocha Moya y las policías municipales
Álvaro Aragón Ayala
En menos de un mes de ejercicio de gobierno en los que ya sepultó parte de los andamiajes podridos del modelo de gobierno priista, el gobernador Rubén Rocha Moya busca aterrizar su programa estatal de seguridad pública para iniciar la pacificación de Sinaloa el cual topa con la estructura corroída de los órganos de prevención e investigación de delitos.
El gobernador Rubén Rocha Moya trasladó sus reuniones de seguridad a los municipios, en donde los alcaldes permanecen cruzados de brazos ante el embate de la violencia manejando cifras o estadísticas falsas sobre la incidencia delictiva en los territorios que les toca gobernar.
Al gobierno de la Cuarta Transformación le interesa implementar un programa de alto calado de prevención de delitos, que la Fiscalía General de Justicia cumpla con sus funciones, que en los Juzgados Penales se erradique la corrupción y que en las cárceles se implemente un modelo de readaptación social que privilegie los derechos humanos.
Las reuniones de seguridad en los municipios tienen como objetivo levantar radiografías o mapas municipales de la delincuencia para, en conjunto con todos los ayuntamientos, elaborar una estrategia integral estatal en la prevención del delito, pero el proyecto de Rocha Moya choca con los “intereses creados” entre bandas delictivas y los “poderes jurisdiccionales” de los jefes policiacos y de algunos alcaldes a quienes no les interesa combatir el crimen.
En los 18 municipios aún está vigente el “modelo de seguridad” heredado por Quirino Ordaz Coppel, quien en su gobierno cedió el control de la seguridad a los grupos delictivos que deciden que delitos “tolerar” y a quien matar y desaparecer en sus territorios. Son los cárteles de la violencia quienes vigilan o patrullan ciudades y pueblos manteniendo el control de la “seguridad” en sus plazas.
El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que la agenda en materia de seguridad tendrá como eje atacar las “causas sociales” del delito por lo que su programa estará también orientado hacia los orígenes estructurales-sociales –pobreza, desempleo, desplazamientos humanos, etc.- generadores de violencia y criminalidad.
Rocha Moya abraza la tesis de que para reducir la inseguridad y lograr la pacificación de Sinaloa se debe garantizar el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar programas para fortalecer a la juventud, ayudar a los desplazados y marginados y reestablecer el tejido social en los sectores más afectados.
Violencia y actividad económica
A pesar de que los gobiernos anteriores han minimizado los efectos negativos de la violencia en la inversión y el desarrollo económico para destacar los “logros” de sus administraciones, es obvio que mientras no se atienda el problema, el repunte de la actividad económica será frenado por las condiciones graves de inseguridad y violencia.
El diagnóstico más realista es que Sinaloa vive un ambiente de inseguridad y criminalidad que amenaza con crecer. Los asesinatos, los levantones y los desaparecidos, los robos de vehículos y hurtos a comercios y empresas, son delitos que desacreditan la eficiencia y colocan en “estado de crisis” a los cuerpos policiacos y a la Fiscalía General de Justicia.
El clima de violencia impacta en el entorno social: las personas ya no transitan por las calles con confianza, los empresarios temen invertir y la población en general vive en la incertidumbre de lo que le puede suceder ante los actos de violencia que a diario se registran.
Para Rocha Moya es un imperativo pacificar Sinaloa con el propósito de lograr el crecimiento social y económico sostenido; las actividades productivas se ven frenadas por la inseguridad, homicidios, secuestros y robos. Es un hecho que los incrementos en la delincuencia se asocian a las disminuciones en la dinámica económica.
