Opacidad y contradicciones envuelven el incendio del 6 de abril en la Sonda de Campeche
Verónica Espinosa
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha mantenido ocultos los impactos de la explosión ocurrida el 6 de abril último en la plataforma marina Akal-B, en el que, según la paraestatal, falleció un trabajador y hubo varios lesionados. Sin embargo, medios locales de la región identificaron al menos a dos trabajadores muertos y otro desaparecido en el percance.
La paraestatal dedicó dos escuetos comunicados a reportar el incidente: primero, como un conato de incendio, y después, como una explosión, pero organizaciones civiles ambientalistas han denunciado que en el contexto del siniestro se produjo un derrame, del cual Pemex tampoco ha dicho algo.
Imágenes obtenidas por medio de satélites registraron un derrame de petróleo producido después de la explosión en la plataforma del complejo Cantarell. Las imágenes muestran una mancha en la zona de la plataforma, misma que se comenzó a notar desde del 22 de marzo y que se extendió por casi 400 kilómetros cuadrados.
La mancha era perceptible por lo menos hasta el monitoreo efectuado con imágenes satelitales al 9 de abril, tres días después de la explosión, indicaron las organizaciones no gubernamentales en un comunicado conjunto.
De acuerdo con los datos presentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Programa de Movilidad Humana Sustentable del ITESO, entre otras ONG, en los últimos dos años han aumentado en 152% la frecuencia de siniestros de Pemex.
Sólo en 2022, de acuerdo con datos de la propia empresa estatal, ocurrieron 167 incidentes. Un informe de evaluación de los Programas Anuales de 2022 indica que aumentó el índice de frecuencia de accidentabilidad y se superó en 122% la meta fijada por la paraestatal.
El índice de frecuencia de accidentes pasó de 0.25 a 0.58 de 2018 al primer trimestre de 2023, indica Pemex.
En contraste, el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones se redujo en casi 50%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2024 de Pemex.
Lo anterior, advierten las ONG, evidencia que en Pemex “se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente”, lo que ha dejado consecuencias como la pérdida de vidas de trabajadores y afectaciones a la salud de comunidades y ecosistemas impactados por los desastres.
Pemex dio a conocer que en el accidente del 6 de abril hubo varios trabajadores lesionados, tanto obreros adscritos a la paraestatal como personal de dos empresas privadas que prestan sus servicios en la Sonda de Campeche.
Pero mientras en su comunicado del 7 de abril dio cuenta de un obrero fallecido, medios locales en Campeche y Tabasco reportaron por lo menos dos muertos y uno desaparecido.
En su primer reporte (ambos publicados en su página de internet) Pemex dice que “se reportaron dos trabajadores de Pemex y siete trabajadores de compañía (tres de DIAVAZ, cuatro de COTER) con lesiones no graves”, los cuales fueron enviados a Ciudad del Carmen para su valoración.
Pero al día siguiente la situación se complicó, pues ya señalaba el fallecimiento de un trabajador de la compañía COTER y otros cinco heridos de la misma empresa, de los cuales uno había sido dado de alta, tres presentaban quemaduras de primero y segundo grado, y otro más seguía hospitalizado en estado grave.
Además, otros cinco obreros de Pemex presentaron lesiones: dos de ellos sufrieron quemaduras de primero y segundo grado, otros dos tuvieron contusiones y fueron reportados en condición estable y uno más que fue trasladado a la Ciudad de México y se encontraba grave.
Tres trabajadores de la compañía DIAVAZ habían sido dados de alta, agregó el reporte.
En el mismo documento se señala que continuaba realizándose una inspección y evaluación del área para establecer las causas del incendio y acciones para el restablecimiento de la operación del centro de proceso, pero de ello ya no hubo información.
Al respecto, las organizaciones sostienen que la versión de Pemex no coincide con la realidad, pues fallecieron por lo menos dos obreros y otro más fue reportado por la misma empresa COTER como desaparecido desde el día del percance, sin que se conozca su localización.
“Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009”, mencionaron las ONG.
El diario Tabasco Hoy publicó el 9 de abril último que la explosión en la plataforma ubicada en el complejo Cantarell puso de manifiesto que Pemex manejó un número incorrecto de trabajadores presentes en dichas instalaciones.
Mientras que el portal Tribuna de Campeche reprodujo el comunicado de COTER, en el que dicha empresa, dedicada a la fabricación de aislamiento térmico, menciona que se encontraban siete operarios laborando en el área de plataforma el día del siniestro.
De ellos, uno murió, otro se encontraba desaparecido, otro fue dado de alta el mismo día del accidente, uno más resultó ileso y tres sufrieron quemaduras de primer y segundo grado.
El operario fallecido fue identificado como Emmanuel Arévalo Xiu, originario de Comalcalco, Tabasco, quien murió en un hospital del IMSS en Ciudad del Carmen por quemaduras en la mayor parte del cuerpo, de acuerdo con la publicación.
Pero Pemex había reconocido el fallecimiento de otro trabajador, de nombre Julio César Rojas. Es decir, son dos los trabajadores fallecidos.
El derrame
Debido a la evidencia y contradicciones de la empresa productiva del Estado las organizaciones exigen al gobierno federal que se informe sobre éste y otros siniestros en instalaciones de Pemex, así como atención a una contingencia; destacan la necesidad de que las autoridades tomen medidas de remediación.
Las ONG consideran urgente que se coloque en el diálogo público la situación real de la paraestatal y se transparente tanto su operación como su situación financiera, así como el momento crítico en materia ambiental y el fin del modelo de los combustibles fósiles.
Como parte de su exigencia, las organizaciones lanzaron la página www.tenemosquehablardepemex.org en la cual exponen lo que consideran problemas urgentes de la paraestatal que se tienen que dialogar y conocer, como el déficit en su contribución a las finanzas públicas y sus pasivos, el declive irreversible en la producción de petróleo de 20 años a la fecha, la producción de combustibles prohibidos en otros países, como el combustóleo, y la crisis climática.
En los comunicados difundidos por Pemex los días 6 y 7 de abril al respecto, en el primero se refirió al accidente como un “conato de incendio” y ya en el segundo boletín de prensa habló de “un incendio”, pero sin reconocer un derrame.
“Petróleos Mexicanos informa que hoy, a las 16:48 horas, se presentó un conato de incendio en una de las plataformas del Centro de Proceso Akal-B (Akal-B1), en el área donde están las tuberías que manejan gas combustible para la turbomaquinaria. De inmediato se activó el Plan de respuesta de emergencia (PRD) en la instalación, controlando el fuego a las 17:04 horas”, dice el comunicado del 6 de abril.
Pero las organizaciones sostienen que las imágenes obtenidas por vía satelital evidencian que se produjo un derrame no reportado por las autoridades.
“La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en nuestro país.
“El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles”, señalaron en un comunicado.
Advierten sobre la responsabilidad de la Agencia Ambiental de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), como la encargada de regular y supervisar las instalaciones y las actividades de toda la industria de hidrocarburos, tanto en los rubros de seguridad industrial y operativa como en materia de medio ambiente.
“A pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex” la ASEA demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres, aseguran.
Alejandra Jiménez Martínez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dijo a Proceso que las organizaciones han hecho un monitoreo de medios, han entrevistado a personas de las comunidades de la región donde hacen presencia, ante la cerrazón de Pemex de transparentar tanto los incidentes como las consecuencias.
“Hemos estado dando seguimiento a la información pública de Pemex, la última nota de comunicación que sacaron fue el pasado 7 de abril, un día después de la explosión en Akal, que informaron sobre el incendio; también en los comunicados oficiales nos dicen que había sido sólo un conato de incendio cuando fue un incendio, una explosión, y que había iniciado aproximadamente desde el 22 de marzo, al menos desde ese día era visible la mancha y continuaba visible hasta el 9 de abril”, señaló la activista.
Asegura que no hay una base de datos de Pemex que permita conocer con claridad cuántos incidentes han ocurrido al menos en los últimos cinco años, lo que “debería de ser información pública y de fácil acceso para cualquier ciudadano”.
En cuanto a las consecuencias de incidentes como el ocurrido en Cantarell, señala Alejandra Jiménez, “hay un impacto local inmediato, pero todos estos derrames y fugas contribuyen al incremento de la crisis climática”, y no se ve que el gobierno se esté responsabilizando de responder a los acuerdos internacionales suscritos en materia de cambio climático.
“Hay una violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al trabajo de todas estas personas que viven en estos territorios. Hay una preocupación fuerte en este sentido”, dijo.
Para las organizaciones, el silencio de Pemex sobre la situación de los trabajadores y la falta de información sobre lo ocurrido y el derrame detectado son favorecidos por la protección que el gobierno de la 4T le ha otorgado. “Pemex está blindado diferentes formas para evitar que sea juzgado -dijo Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking-. Esto es histórico, pero en la actual administración se ha fortalecido por esa idea de su recuperación y la reforma energética. Y se tiene que abrir la discusión pública”.
