Gobierno federal omitió registrar 8 asesinatos de aspirantes durante el proceso electoral
Frasua Esquerra
Los asesinatos de dos activistas trans, tres exalcaldes, dos exregidores y un exdirigente priista fueron omitidos del registro de homicidios a candidatos, precandidatos y aspirantes a un cargo durante el actual proceso electoral que presentó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con su conteo únicamente se tenía el registro de 15 personas asesinadas. Sin embargo, el informe Votar entre Balas, elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa muestra que desde el inicio formal del proceso electoral —en septiembre del año pasado— 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido asesinados.
El equipo de prensa de Rosa Icela Rodríguez dijo a Animal Político que revisará los ocho nombres que se omiten en su informe.
in embargo, el registro de los datos presentados en Palacio Nacional comienza a partir del 21 de diciembre de 2023, con el asesinato de Ricardo Taja Ramírez, quien aspiraba a una diputación federal por Morena.
Antes de esa fecha ya habían sido asesinados cuatro aspirantes a cargos de elección popular.
El gobierno federal también considera al asesinato de la candidata por morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán; cinco precandidatos y nueve homicidios de aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial pero que “habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir”.
Asesinatos no registrados por la SSPC
Las cifras oficiales no incluyen el homicidio de ocho aspirantes, candidatos y precandidatos:
–Wilman Monje Morales: Exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, por Movimiento Ciudadano (MC). Monje Morales buscaba la reelección al cargo, pero fue asesinado a balazos el 11 de octubre de 2023 en las inmediaciones del Palacio Municipal.
–Alejandro Lanuza Hernández: Exregidor del Partido de Acción Nacional (PAN) en Salvatierra, en Guanajuato y quien aspiraba a la presidencia municipal de su municipio. Fue asesinado a balazos el 12 de octubre del año pasado.
–Miguel Ángel Cruz Robles: Fue asesinado a balazos el 28 de octubre del 2023 cuando circulaba en su vehículo. Buscaba la candidatura a la presidencia municipal de Villa del Carbón, Estado de México, por Morena.
–Jaime Dámaso Solis: El exmilitante del PAN y exregidor en Zitlala, Guerrero del 2018 al 2021 fue asesinado a balazos afuera de su casa. Aspiraba a la presidencia municipal de Zitlala.
–Miriam Nohemí Ríos: Mujer trans, activista, coordinadora del colectivo “Respeto e Igualdad de Género A.C.” y comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Poco antes de su asesinato anunció su intención de participar en la planilla para regidora en Jacona.
–Samantha Carolina Gomes Fonseca: Activista trans y aspirante al Senado por Morena en la Ciudad de México. Fue asesinada el domingo 14 de enero al salir de una visita en el Reclusorio Sur.
–Marcelino Ruiz Esteban: El dos veces alcalde de Atlixtac fue asesinado junto con su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, en un ataque armado el miércoles 24 de enero en Chilapa, Guerrero. Aspiraba a la presidencia municipal de Atlixtac por el PRD.
–Julián Bautista: El exalcalde y candidato a presidente municipal de Amatenango del Valle, Chiapas fue asesinado a balazos el martes 9 de abril en el crucero Amatenango del Valle – Las Rosas, mientras estaba en un vehículo.
Al presentar los resultados del Esquema de Protección —que brinda un apoyo federal con seguridad a candidatos— en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez mencionó: “Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata”.
Esta expresión también fue referida por el presidente un día antes, cuando respondió que estaban “actuando de inmediato” a la pregunta de un periodista sobre el esquema de protección.
Sin embargo, Animal Político dio cuenta de la demora en este esquema a raíz del homicidio de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.
Gaytán solicitó 24 días antes de su asesinato su integración al Esquema de Protección a Candidatos, pero la normativa para otorgar ese tipo de respaldo retrasó la ayuda.
