Sinaloa, entre desapariciones y fallas para prevenir inseguridad desde 2020, según CEDH
Luis Herrera
Desde el año 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa advirtió que las autoridades de ese estado incurrieron en múltiples omisiones con las que se favorecen las desapariciones en la entidad, particularmente en Culiacán. En el gobierno actual de Rubén Rocha Moya, esta situación persiste.
Lo anterior se hizo manifiesto el 22 de marzo pasado con la desaparición masiva de 66 personas en la capital sinaloense, incluidos 23 menores de edad, de acuerdo con lo confirmado por el gobernador el 8 de abril, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Mazatlán.
La operación delictiva de gran envergadura está relacionada con el crimen organizado y se realizó sin que las autoridades locales pudieran hacer nada al respecto para evitarlo.
Aunque con el transcurso de las horas la mayoría de las víctimas comenzaron a ser liberadas por los captores, estos hechos evidenciaron las fallas de las autoridades para prevenir y atender estos casos, tal y como lo había diagnosticado la CEDH.
¿Qué dice la CEDH sobre la seguridad en Sinaloa?
En su “Recomendación General 1/2020. Desaparición de Personas en el Estado de Sinaloa”, la comisión señala que, tras haber analizado cientos de expedientes sobre personas desaparecidas en la entidad, halló fallas sistemáticas por parte de las autoridades para la atención de esta problemática.
“A través del análisis de 338 expedientes integrados en esta CEDH, desde el año 2008 hasta junio de 2019, ha detectado serias omisiones por parte de las autoridades competentes del Estado sinaloense en la prevención, la atención de las familias y la investigación del delito o delitos cometidos, lo que amerita emitir la presente resolución”, señala el documento.
Para ejemplificar las presuntas omisiones, el organismo expone que el sistema de videovigilancia de la ciudad de Culiacán suele fallar ante este tipo de incidentes, o simplemente se reporta que no se cuenta con registros de los delitos indagados.
“Del análisis de los expedientes que sustentan esta Recomendación General, se advirtió en repetidas ocasiones que las cámaras de video instaladas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, no funcionan o que no existe respaldo de las grabaciones.
“Lo que impide que dichos instrumentos presten el servicio preventivo para el cual están consideradas, más aún, impiden que las imágenes puedan ser de gran valía en la investigación de los delitos, inclusive, llegar a plantearse como medio de prueba ante los tribunales”, expone.
Esto quedó probado con la reciente desaparición masiva, ya que, a pesar de que se cometió en el entorno citadino de Culiacán, la carencia de registros visuales y de información fidedigna sobre estos hechos sumió al Gobierno del estado en desconcierto durante las primeras horas del suceso, como se muestra en el primer mensaje emitido por el gobernador Rocha Moya.
“Respecto a los hechos difundidos en medios de comunicación, presuntamente ocurridos esta mañana en diversas comunidades de Culiacán, donde se refiere que integrantes de varias familias fueron privados de la libertad, se trata de versiones aún no confirmadas.
“Desde temprano, las autoridades de los tres niveles de gobierno estamos desarrollando, de manera coordinada, un operativo conjunto para esclarecer los hechos, y rescatar a toda persona privada de la libertad, si ese fuera el caso”, informó.
La entrega de fotografías de las víctimas tarda años
Otra omisión relevante que expone la comisión estatal en la atención de las desapariciones en Sinaloa, y que también pudo observarse en los hechos del 22 de marzo, es la respuesta lenta que suele darse por parte de las autoridades ante estos casos, lo que dificulta el hallazgo de las víctimas.
“Esta CEDH pudo advertir con absoluta preocupación que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación que forman parte de los expedientes de queja señalados y que, a su vez, se han generado de los casos denunciados por desaparición de personas ante la Fiscalía General del Estado (…), se evidencia la poca intención de investigar a fondo”, detalla la recomendación.
El documento destaca que fue una constante verificar que los agentes del Ministerio Público enviaban los oficios de investigación una y otra vez a la policía encargada de la indagatoria y esta no daba respuesta inmediata, lo que dejaba detenido el expediente durante meses o años.
Esta demora puede presentarse hasta en la obtención de elementos primordiales para la investigación, como la fotografía de la víctima.
“Es preocupante también que se detectaron casos en los que el requerimiento de una fotografía de la o las personas desaparecidas no se realizó o se realizó meses y hasta años después de interpuesta la denuncia.
“Datos básicos para la identificación y búsqueda de una persona que debe ser recabada de inmediato, no se realiza. Ello nos lleva a la presunción de una completa apatía por la investigación y hasta se pudiera configurar la existencia de dolo para obstruir la justicia”, acusa la CEDH.
