Sísifo y la corrupción

Jorge Alberto Alatorre Flores

Sísifo habría sido condenado por Zeus a subir una piedra pesadísima en las inclinadas laderas del Hades, tan solo para que, al llegar a la cima, este gran pedrusco rodara cuesta abajo y le obligara a empezar de nuevo una y otra y otra vez por toda la eternidad. Nuestra herencia Helénica nos lega ese ilustrativo ejemplo sobre la futilidad. En México hay un gran pedrusco por cada uno de nuestros problemas nacionales y esa ladera son los sexenios. Condenar a la sociedad civil mexicana a reiniciar sus esfuerzos solo por la inauguración de una nueva “ladera” no solo es caprichoso sino cruel. Esto ha pasado en múltiples materias y puede volver a pasar en materia de corrupción.

Siempre hay oportunidad de mejorar, de eso mismo se trata la experiencia humana. El potencial de toda mejora se basa en un adecuado diagnóstico y el aprovechamiento de los recursos con los que ya se cuenta, construir desde el vacío –se sabe— no ofrece un piso sólido a cualquier propósito, no importa las bondades o aspiraciones que lo motiven; en el caso del combate a la corrupción opera el mismo principio. Dicho de otra forma ¿por qué no ir más arriba en las laderas de nuestro Hades en lugar de volver al inicio? Eventualmente esa sería la salida del infierno.

La administración a punto de concluir llegó prometiendo acabar con la corrupción, incluso su titular reitera a la menor provocación que la corrupción se ha terminado ya, y pues nada, la siempre terca realidad parece no estar de acuerdo. Un avance esencial de la propuesta presentada por el equipo de Sheinbaum es que reconoce que la voluntad presidencial por sí sola no bastó en este combate, aun si esta se hubiera verificado fehacientemente. Paradójicamente, al centralizar aún más las posibilidades de la causa anticorrupción, mediante una Agencia central alojada en la Presidencia, hace que dicha voluntad no solo sea necesaria sino imprescindible y avasalladora de cualquier opinión divergente.

No es mala noticia que el problema de la corrupción despierte un interés relevante en él o la titular del Ejecutivo, por el contrario. Lo que sí presenta un riesgo inminente es que el criterio y la voluntad de una sola persona pueda volverse determinante en el avance o deliberado freno a los indicios de corrupción. La peor faceta de un combate fallido a la corrupción se verifica cuando un noble propósito es empleado como excusa para combatir a adversarios políticos (lawfare) o cuando el manejo político de las investigaciones garantiza la impunidad a los aliados de partido (o movimiento). En entornos de corrupción sistémica como el mexicano, la centralización a ultranza no solo es ineficaz sino contraproducente.

Aunque el esquema actual del Sistema Nacional Anticorrupción admite múltiples mejoras, cuenta con dos contribuciones de gran potencial: la coordinación de los tres poderes de la República y sus tres órdenes de gobierno en igualdad de circunstancias, así como la participación ciudadana adentro y al centro del Sistema mediante una designación indirecta del Senado. Mover la órbita de estos esfuerzos al poder tradicionalmente más influyente cancela este esquema paritario y excluye la posibilidad de participación sustantiva de la sociedad civil; la participación ciudadana terminaría siendo inoperante, testimonial y por tanto legitimadora de decisiones tomadas.

Actualmente la representación ciudadana preside la mesa donde se toman las decisiones (Comité Coordinador) y conforma la mesa donde se diseñan las políticas (Comisión Ejecutiva); por su parte, la citada propuesta sugiere dejarla a nivel de mera observadora para monitorear los resultados del nuevo esquema. No menciona qué perfiles lo integrarían, cómo se nombrarían, ni qué atribuciones tendrían, pero obviamente no implicaría presidir un Sistema cuya omisión sistemática en la presentación de la propuesta dice mucho. Mucho costó a la sociedad civil vencer la resistencia de los partidos para lograr tal relevancia, renunciar a ella sería por lo menos desleal.

Hay que reconocer la intención de habilitar por fin el Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo potencial ha sido soslayado. Resulta además conveniente poner mayor atención sobre la responsabilidad de las notarías en la constitución de empresas fantasma, muchas beneficiarias de gordos contratos públicos en este sexenio y los pasados; por lo demás, no estaría nada mal adjudicar la responsabilidad debida a quienes por instrucción, omisión o complicidad les otorgaron dichos contratos. Solo como dato, la detección de empresas fantasma cayó 98% por el SAT en 2023 a comparación de 2018. Por otra parte, las adjudicaciones directas, tradicionalmente excesivas, lograron un nuevo récord bajo esta administración; quisiera creer que ahora sí cumplirán su palabra de limitarlas.

El uso de la tecnología para documentar anomalías o riesgos indicativos de corrupción es otra propuesta valiosa que en los hechos ya tiene años en curso a través de la Plataforma Digital Nacional, otro de los múltiples productos del Sistema que omiten mencionar y específicamente de la SESNA que quieren engullir. Debe entenderse que el combate a la corrupción debe incluir a todos los órdenes de gobierno y poderes del Estado en las condiciones más igualitarias posibles, para impedir que nadie, ni oposición ni gobierno secuestren políticamente este esfuerzo. De igual manera, volver a colocar a la sociedad civil como mero espectador –aun en primera fila— implica soslayar un fabuloso potencial de propuesta, corresponsabilidad y legitimidad.

PD. Tienen razón cuando mencionaron en la presentación (no en las diapositivas) que el INAI no es importante, porque es ESENCIAL.