¿Son cosas que lamentablemente ocurren?
Yoelí Ramírez
Antes de buscar desaparecidos, levantados o secuestrados, las autoridades señalan a civiles de tener vínculos con grupos delincuenciales, minimizan los hechos o guardan silencio. Ya lo vimos en Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Sinaloa con niños y adolescentes incluídos, pero no porque se haya vuelto recurrente quiere decir que sea normal.
Para empezar, ¿el Estado ya no previene? O ¿Por qué han dejado que los criminales ganen terreno frente al Estado?
Es muy fácil argumentar que son territorios en disputa por grupos del crimen organizado, que se trata de ajustes de cuentas entre criminales o de la reorganización generacional de las familias fundadoras de cárteles del narcotráfico en México. Sin embargo, ni alcaldes, ni gobernadores pueden renunciar a su labor de garantizar la seguridad y mucho menos debería de hacerlo el Ejecutivo Nacional.
Bienvenidos los esfuerzos, sin embargo, ni la Iglesia ni las madres buscadoras, deberían mediar ni pedir treguas a criminales. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley.
Por cierto, ¿y los resultados de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad?
El mismo patrón errático por parte de las autoridades en el manejo de asesinatos y masacres: no importa si son jóvenes, mujeres o niños que estuvieron en la fiesta o en la carretera incorrecta, o en la sala de su casa, pero en el momento equivocado.
En Michoacán hemos visto a los propios criminales señalar a los presuntos responsables de actos atroces y después de jornadas violentas, los señalados como responsables aparecen acribillados o quemados frente al silencio impune. Nadie denuncia, nadie investiga. A pesar de todo, ningún civil debe tomar la justicia por propia mano.
¡Es un error normalizar la barbarie!
O de plano ¿Ya dejaron las labores de inteligencia y procuración de justicia para castigar a los responsables?
Sin duda, las autoridades están rebasadas y ejercer la ley puede costarles la vida en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato o Zacatecas. En realidad, en cualquier rincón del país, pero no queremos héroes, para eso está el aparato de gobierno al que se le debe exigir efectividad.
Deberían comenzar por reconocer la gravedad y la dimensión de la situación y hacer que los diferentes niveles gubernamentales hagan la parte que les corresponde para fortalecer al Estado y sus instituciones. Al mismo tiempo, esas mismas instituciones deberían velar por los intereses de la población, sin importar el partido gobernante. Las labores de inteligencia coordinadas son indispensables para combatir la complicidad entre autoridades y criminales y sobre todo, para hacer prevalecer el Estado de derecho y la Democracia.
A nadie le sirve acusar a los medios de comunicación por informar o lavarse las manos y culpar a gobiernos del pasado, porque en todo el país ha habido alternancia y los resultados han sido los mismos. Hay zonas que se catalogan como campos de exterminio. ¿O es que de plano no dan el ancho?
Insisto, estamos normalizando la inseguridad y la violencia y lo peor, es que estamos normalizando que las autoridades sean omisas en sus obligaciones, que se vinculen a criminales y que no pase nada.
Ya no se trata de bandidos aislados. A la vista de todos, los delincuentes determinan qué se siembra, qué se vende, a quién se compra y le han puesto precio al pollo, frijol, maíz, aguacate, limón y ¡nadie hace nada!
Frente a las elecciones y la falta de resultados en materia de seguridad, en todos los niveles de gobierno, es momento de actuar. De lo contrario, llegaremos al punto de no retorno.
No es normal la creciente violencia electoral o que los políticos prefieran retirarse de la contienda precisamente porque está de por medio su vida o su integridad como gobernantes. ¡Son gritos de auxilio de la democracia! ¿Quién los escucha?
Ya tuvimos un culiacanazo o en verdad hay quien cree que simplemente ¿”son cosas que lamentablemente ocurren”?
