Dilemas universitarios, Rubén Rocha y su estrategia “informativa” contra la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Repitiendo miles de veces sus mentiras para hacer creer que son “verdades absolutas”, técnica usada por Paul Joseph Goebbels para consolidar la dictadura del carnicero alemán Adolfo Hitler, el gobernador Rubén Rocha Moya intenta plantar una percepción negativa de los directivos y del sistema autónomo de la Universidad Autónoma de Sinaloa despotricando desde “La Semanera” y pagando para mantener en algunos medios el acoso y el linchamiento periodístico pretendiendo crear coyunturas para penetrar a la institución y normar su vida interna. La resistencia de los universitarios lo empujó a disponer de toda la estructura del gobierno del estado en la invención de demandas penales para procesar la destitución y encarcelamiento de los directivos universitarios.
Repudiado por la comunidad uaseña, de manera unilateral, con el pago de amanuenses y bocas de ganso que replican sus narrativas, Rubén Rocha orienta la idea de la necesidad de una nueva Ley Orgánica en la Universidad, escondiendo sus reales intenciones, pues su verdadero proyecto es acabar con el Consejo Universitario, sepultar la autonomía universitaria y crear un modelo de educación superior en lo que todo gire en torno a él, un esquema controlado desde el exterior del campus, en donde los pagos de los salarios y aguinaldos de los trabajadores los realice la Secretaría de Educación Pública y Cultura para reventar el Contrato Colectivo de Trabajo y desaparecer la jubilación dinámica.
El gobernador Rubén Rocha tergiversa y publicista un falso estado contable-administrativo-financiero de la UAS para inyectar en la mente colectiva que priva el caos y el despilfarro en la institución, lo cual es falso, en tanto él coloniza la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma Indígena de México, la Universidad Pedagógica y otras universidades estatales, y el COBAES, el CONALEP, las Normales y el ICATSIN, cuyos presupuestos se destinan a pagar personal directivo, jefes de unidad, coordinadores, personal académico y administrativo morenizado y alineado al proyecto transexenal rochista. El gobernador controla con la amenaza del despido éstas universidades estatales y les exige trabajo electoral a favor de los candidatos de Morena.
El mandatario estatal rechaza participar en la mesa de diálogo y negociación convocado por las Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública para evaluar y terminar con el conflicto que generó con su plan de ataque a la UAS ya que quedaría exhibido como un perverso que construyó la Ley Estatal de Educación Superior violando la Constitución y “adulterando” el contenido de la Ley General de Educación Superior y un enanizado Fouché que inventa delitos a los universitarios y que destina millones de pesos en “convenios de publicidad” para mantener en los medios su narrativa anti-UAS con la adicional fabricación de novelescas “investigaciones” periodísticas para deshonrar a los directivos universitarios.
Sobresalen tres asuntos básicos que se tratarían en la mesa de diálogo: Uno, que se desmonte las demandas inventadas contra las autoridades universitarias o bien que el gobernador saque las manos de los procesos judiciales armados por él mismo para poder que se desarrollen con imparcialidad, apegados a la presunción de inocencia y el debido proceso; dos, que Rubén Rocha se deje de entrometer en los asuntos que competen sólo al Consejo Universitario y a la Ley Orgánica de la institución en la designación de sus autoridades; tres, que el gobernador no se inmiscuya en materia de la “reforma” universitaria y acate lo que indica la Ley General de Educación Superior.
La autonomía universitaria que molesta al gobernador Rubén Rocha es condición necesaria para el desarrollo del estado y el país. Una universidad autónoma es capaz de garantizar eficiencia y eficacia organizativa que denota un mayor impacto social. La autonomía no se limita sólo a la administración de los salarios y del gasto corriente, sino también a asegurar su capacidad de investigación y extensión al servicio social en la comunidad donde se ubica, condición necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. La demanda por una legítima autonomía se centra en dos condiciones: primera, la instauración de un presupuesto integral que no esté sujeto a los vaivenes políticos y de los gobiernos en turno; segunda, que los gobiernos estatales saquen sus manos de las universidades.
